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lunes, 27 de abril de 2015

SME NCT Mitin en SEGOB de apoyo a los jornaleros de San Quitin

Programa Frecuencia Laboral del sábado 25 abril 2015

1 de mayo, luto de la clase trabajadora: reforma laboral y empleos precarios

De las 11 reformas de gran calado, la laboral fue presentada por los apologistas oficiales como la mágica fórmula que pondría al “rígido” mercado laboral en sintonía con las exigencias de productividad dictadas por la globalización. De acuerdo con los teóricos neoliberales, al reducirse los costos laborales llegarían en cascada millonarias inversiones extranjeras, crecería la economía y se generarían miles y miles de empleos estables y bien remunerados, haciendo palidecer a economías emergentes, como la de China y la India.
En los albores de la recién desempacada administración, en diciembre de 2012, las autoridades afirmaban que los cambios aprobados en el Congreso de la Unión para modificar sustancialmente la Ley Federal del Trabajo (LFT) que nunca se aplicó a cabalidad, permitirían a México dar un enorme salto de 30 lugares en el Índice de Competitividad Mundial. Dos años después, los parámetros internacionales confirmaron que luego de la reforma laboral nuestro país experimentó un salto, pero en reversa: de acuerdo con el ranking establecido en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), para 2014 el mercado laboral mexicano había caído 11 lugares en el rubro de la competitividad.
El espejismo se esfumó dando la razón a las estimaciones hechas por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en su momento alertó que la creación de empleos depende del fortalecimiento de la economía interna de los países, de tal forma que si el crecimiento económico se encuentra paralizado, como viene ocurriendo en México con el precario 1.9 por ciento anual del producto interno bruto (PIB), al igual que su mercado de consumo por la falta de poder adquisitivo de su población, todas las reformas son obsoletas, sobre todo si anulan el incremento real a los salarios y reducen las prestaciones y los derechos de los trabajadores, como sucede en el país.
Es por estas razones que el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, representará para la clase trabajadora de México no un día de festejo, sino de luto nacional. Sinónimo de empleos inestables y salarios de hambre, como resultado de una reforma laboral contraproducente en todos los sentidos a las expectativas oficiales, pues en los hechos ha permitido la desatada subcontratación, la precarización de la fuerza laboral, afectando la justa remuneración de los trabajadores y arrojando a millones de desempleados, sobre todo jóvenes, a la informalidad o a los tentáculos del crimen organizado.
A 3 años de su puesta en marcha, la que debería ser la panacea para la fuerza laboral del país se ha mutado en una caja de Pandora, de la que han brotado su ineficiencia y complicidad al permitir la explotación, a nivel de esclavitud, de los 2 millones de jornaleros agrícolas, el vergonzoso y encubierto trabajo infantil y la apatía por cumplir convenios firmados, en 2011, con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el 189, que garantizan los derechos laborales y humanos de las miles de trabajadoras domésticas.
Lejos de combatirse los contratos de protección por parte de los sindicatos blancos y alentarse la libre sindicalización, las autoridades laborales apoyan la intención patronal por desmembrar a gremios como el del Sindicato Nacional de Mineros. Por todo el país se otorgan registros a sindicatos de empresa que no cuentan con adherentes y que en la mayoría de las ocasiones se encuentran en la esfera de figuras corporativas decadentes, como la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos: el charrismo sindical que por décadas ha permitido la insultante expoliación de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, y que ahora busca hacer las funciones de esquirolaje y división en el gremio de los mineros.
Ahora que han iniciado las campañas electorales donde participan los partidos que desde el Congreso alentaron reformas como la laboral, es momento de que los millones de trabajadores del país aprovechen la actual coyuntura para cuestionarles sobre las consecuencias que ha tenido su irresponsable actuación legislativa. El país se encuentra postrado y medios internacionales como The Financial Times y The Economist, a la par de la propia Cepal, coinciden en que la promesa anunciada a inicios del sexenio, de llegar a un crecimiento anual del 5 por ciento del PIB, no será alcanzada ni con las 11 reformas puestas en marcha (sin el consentimiento de todo la nación).
Muchos diputados y senadores que traicionaron a los trabajadores, cercenando de un plumazo sus derechos y conquistas laborales, son parte del selecto club de chapulines que brincarán de una Cámara a otra, acudiendo nuevamente a pedirle su voto en el marco de una tramposa reforma electoral que les permitirá reelegirse hasta por 12 años.
La brutal realidad que enfrentan millones de trabajadores en sus hogares debe ser motivo de reflexión y rechazo electoral a estos redomados políticos cínicos que en sus spots ocultan que el 37 por ciento de los 49 millones de personas empleadas en el país, poco más de 18 millones, subsisten apenas con dos salarios mínimos, insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus familias, pues el poder adquisitivo, de 1978 a la fecha, se ha deteriorado en un 78 por ciento.
Los partidos y sus candidatos ocultan además, como en su momento lo hicieron ante el Congreso, que paradójicamente México es el país de América Latina donde se pagan los peores salarios: mientras en el resto del Continente casi se han duplicado en la última década, en el nuestro, desde la adopción del modelo neoliberal en el gobierno de Miguel de la Madrid, se ha mantenido una política restrictiva en materia salarial, de tal forma que mientras en Argentina el salario mínimo mensual es en promedio de 474 dólares; en Costa Rica de 516; Uruguay de 300; Guatemala de 273 y hasta El Salvador de 224, en México apenas alcanza los 147 dólares. Estos salarios, que colocan a la clase trabajadora en los márgenes de la miseria, han paralizado también al mercado interno a diferencia de lo que ocurre en otras naciones latinoamericanas, que mediante el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población alientan el consumo interno reactivando sus economías.
Ahora que los partidos insisten en hablar, como la parte oficial, de las bondades de sus reformas mágicas, es momento de hacerlos volver a la realidad, porque este 1 de mayo son millones los trabajadores que no tendrán nada que festejar y sí mucho que exigir a una clase política cínica e irresponsable que ahora nuevamente solicita su voto. El pueblo demanda respuestas y resultados, no más promesas.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

martes, 21 de abril de 2015

Entrevista Humberto Montes de Oca en apoyo Venezuela Bolivariana

¿Habrá algo que celebrar en el centenario de la Constitución?

Con Más de 650 Reformas 

*Ya fue Despojada de su Contenido de Justicia, Desarrollo Social, Político y Económico.
*ONGs Convocan a una Nueva Asamblea Constituyente para Restituir a la Constitución.

Participación de Martín Esparza Flores
Conductor de Frecuencia Laboral y Secretario General del SME
Transcripción de Andrea Luna Hernández, Programa 18 /abril /2015

La constitución mexicana fue motivo de un foro en la Cámara de Senadorescon miras a la conmemoración del centenario de su promulgación...pero ¿quedará algo en pie de la constitución de 1917 luego de que a propuesta del poder ejecutivo los diputados y senadores le han hecho más de 650 modificaciones en los últimos 35 años de gobiernos neoliberales en los que ya privatizaron el sector financiero, aprobaron la venta del ejido, privatizaron la petroquímica básica, entregaron a la banca el sistema de pensiones, esta en venta la industria eléctrica y petrolera del país?
El discurso de quienes participaron en el foro que organizó la Cámara de Senadores el cual culminó en el palacio nacional el miércoles 15 de abril del 2015, se centró fundamentalmente en que la constitución ha cambiado, pero se han preservado sus principios, en eso coincidieron legisladores priistas y perredistas. Eso es lo grave, que los legisladores que dicen pertenecer a un partido de izquierda avalen las reformas privatizadoras que han despojado a la constitución mexicana de sus principios de equidad y justicia social.
Se han aliado con los gobiernos neoliberales para impulsan e imponer políticas en nuestro país que despojan a los los trabajadores de sus derechos conquistados en los últimos cien años.
Es importante señalar que a partir del diagnóstico que hacen muchísimos sectores de la población, organizaciones sindicales, sociales, académicos, intelectuales, prácticamente, se observa que han derogado de manera institucional los preceptos sociales de la constitución.
Uno de estos preceptos es el artículo tercero constitucional que otorga el derecho a la educación. Con la última reforma, prácticamente, se pierde ese derecho porque en su proceso está la privatización de la educación.
La constitución que casi va a cumplir un siglo fue despojada del control que otorgaba al estado sobre los recursos de la nación. Hoy se impone nuevamente el tema de la recuperación de los bienes energéticos, de los recursos naturales, de la redistribución del ejido a sus verdaderos dueños que son los campesinos y los indígenas.
Hoy con la última reforma energética, prácticamente, todas las tierras las han declarado de utilidad pública para las inversiones de las multinacionales.
En el caso de los trabajadores se reformó el artículo 123 constitucional para despojarlos del derecho a la pensión obligatoria.
Con esta ola de reformas estructurales Los pilares de la constitución ya no existen: fueron eliminados, como se observa con la soberanía nacional, que se borra con la autorización que otorgaron senadores de la República a agentes extranjeros armados a ingresas a México -aunque está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados prácticamente es un hecho.
La división de los poderes -ejecutivo,legislativo y judicial-, hace mucho tiempo que no existe y literalmente los diputados y senadores se someten al poder ejecutivio, igual que lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el poder judicial y los gobernadores de los estados, por lo que tampoco hay federalismo.
Por tanto hay muchísimas organizaciones que plantean la instalación de una nueva asamblea constituyente -al margen de los partidos políticos, porque estos partidos políticos han sido los cómplices de toda la derogación de la Constitución de 1917- para regresarle a la constitución el contenido del que fue despojada y con el que le quitaron a los mexicanos el derecho al progreso, a la equidad y a la justicia social.
Nos corresponde a nosotros dar esa pelea. Es un proceso que inició ya y que va a continuar. En los próximos días habrá un congreso también de la nueva constituyente, están pidiendo que lo realicemos en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicadas en la zona de Villa Coapa, al sur de la ciudad de México. Pero en todo el país ya se están dando a conocer los documentos básicos de esa nueva constituyente y es un proceso de organización y de participación. Pero hay que dejarlo muy claro es al marguen de los partidos políticos. 

miércoles, 15 de abril de 2015

#QueSeVaya Peña Nieto…


Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Octavio GómezJenaro Villamil - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado lunes 13 se dio a conocer la iniciativa de un grupo de activistas sociales, legisladores y artistas, conocida como “Ciudadanos por la Revocación de Mandato”, para demandar que en los comicios federales del próximo 7 de junio los electores también puedan pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.

La iniciativa, apenas el germen de un movimiento social que puede llegar a captar simpatías, representa otro duro golpe para la imagen de Peña Nieto. De las demandas de “Fuera Peña” que se escucharon en las marchas de octubre y noviembre de 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al hashtag #QueSeVaya, divulgado desde ayer, lo que existe es el hartazgo, enojo y decepción de un sector social por el retorno del PRI a Los Pinos.
La revocación de mandato de Peña Nieto no es posible, hasta ahora, por la vía legal. Fue una de las figuras de la democracia directa que no fue incorporada ni discutida ampliamente durante la reforma política reciente. De hecho, sólo se aceptó la consulta popular con candados y condicionantes tan grandes que la hacen prácticamente imposible, tal como se vio en el caso de la reforma energética.
Sin embargo, revive una demanda que va más allá de la personalización de Peña Nieto y se inscribe en la severa crisis del sistema de partidos y de la inacabada (o traicionada) transición a la democracia en México.
La revocación de mandato es una figura satanizada por muchos políticos y politólogos y, al mismo tiempo, defendida por activistas ciudadanos que perciben el agotamiento de las clásicas figuras de la democracia representativa.
En esencia, la revocación de mandato es el procedimiento a través del cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire su periodo. Puede ser lo mismo un presidente de la República que un gobernador, un alcalde o un legislador o un juez. Es decir, la revocación de mandato puede abarcar los tres niveles de gobierno (municipal, estatal o federal) y los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
No es lo mismo que el juicio político o el impeachment, porque la revocación de mandato se decide en las urnas y no requiere un proceso judicial previo o un desafuero legislativo, según sea el caso.
El verdadero diablo de la revocación de mandato está en los detalles. Hay legislaciones muy permisivas o muy cerradas que hacen prácticamente imposible el ejercicio de esta figura. En Venezuela, por ejemplo, para que la revocación sea válida debe registrarse un número de electores igual o mayor al número que eligió al funcionario y debe existir un mínimo de 25% de participación de los electores. En Colombia, el número de votos por la revocación de un servidor público debe ser mínimo de 60% de quienes participen.
Sus defensores señalan que la mera existencia de la revocación de mandato es un elemento de vigilancia e interés ciudadano frente a los políticos. Si se combina con la consulta popular, el referéndum y otras figuras de democracia directa, ayudan a reforzar las instituciones democráticas.
Los detractores (en México son muchos y muy poderosos) consideran que la revocación de mandato es un proceso disruptivo, polarizador y altamente divisible de la sociedad. Además, se le considera costoso y con un alto riesgo de ser manipulado por liderazgos personalizados o caudillistas.
A pesar del temor de la clase política frente a este tema, existen varias iniciativas de reforma constitucional presentadas ante el Congreso que no han sido dictaminadas.
Una de esas iniciativas fue presentada el 25 de septiembre de 2014 por más de 166 mil ciudadanos ante el Senado de la República, encabezada por Héctor Cuen Ojeda, María del Rosario Sánchez y Robespierre Lizárraga, dirigentes del Partido Sinaloense, una iniciativa surgida al margen del clásico bipartidismo de Sinaloa.
La propuesta incluye incorporar la segunda vuelta electoral constitucional y propone reformar el artículo 41 constitucional para que en un apartado B se establezca la figura de la revocación de mandato para el presidente de la República, los senadores, diputados federales y funcionarios designados por los poderes Ejecutivo y Judicial. Para los estados se propone modificar el artículo 116, a fin de que cada entidad federativa defina los alcances y procedimientos de la figura de revocación de mandato para gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, jefe de Gobierno y delegados capitalinos.
En la iniciativa del Partido Sinaloense se define así la revocación de mandato:
“Es una forma de consulta popular mediante la cual la mayoría absoluta de los ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos, pueden recusar el nombramiento de autoridades elegidas en los procesos electorales, federales, o bien la designación hecha por los poderes Ejecutivo y Judicial, conforme a las siguientes bases:
“1. Tratándose de funcionarios elegidos constitucionalmente que pretendan reelegirse en su puesto, se someterán a este escrutinio popular.
“2. Los servidores públicos, elegidos popularmente, podrán ser recusados en cualquier tiempo de su mandato, siempre que tengan más de una tercera parte de asumido el cargo”.
Esta es tan sólo una primera definición. El movimiento Ciudadanos por la Revocación de Mandato tendrá dos tareas muy importantes frente a su propuesta: lograr un número significativo de firmas y encauzar un debate necesario y urgente en estos momentos sobre la conveniencia o no de la permanencia de Peña en el poder presidencial.

Ordena juez a MVS negociar con Aristegui para reanudar noticiero

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México, DF. El juez federal Fernando Silva, hijo del ministro Juan N. Silva Meza, ordenó a Grupo MVS a sentarse a negociar con la periodista Carmen Aristegui, con la intervención de un conciliador imparcial, a efecto de que busquen un acuerdo que permita reanudar la transmisión del noticiero radiofónico que conducía la comunicadora.
La suspensión provisional, dictada en el juicio de amparo 672/2015 promovido por la propia Aristegui, ordena que se dejen de aplicar en un plazo de 24 horas los lineamientos que la empresa MVS impuso recientemente a sus conductores. “Se advierte preliminarmente que se pone en riesgo lo estipulado en el contrato y además sus efectos pueden generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión", expuso el juez.
El titular del juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, advirtió en su suspensión que si MVS no llega a un acuerdo con Aristegui antes de la audiencia incidental del juicio (que se efectuará el próximo 27 de abril), resolverá directamente si procede ordenar que se reanude la transmisión” del noticiero de la conductora.

FUENTE: LA JORNADA 

martes, 14 de abril de 2015

100 años desde las Divisiones - Juandhó

CFE colocará medidor extra en hogares con autos eléctricos| Corto Circuito en la Col. Cuauhtémoc



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgará facilidades para que los propietarios de automóviles híbridos y eléctricos puedan contar en su domicilio con un medidor adicional y de esta manera no impacte su tarifa doméstica.

El director de la CFE, Enrique Ochoa Reza indicó que la propia empresa eléctrica contribuirá en promover los beneficios de estos vehículos y analiza la posibilidad de utilizar vehículos eléctricos o híbridos en sus operaciones ya sea mediante un esquema de adquisición o arrendamiento.

Al signar un Convenio de colaboración entre la CFE la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el uso de vehículos eléctricos híbridos y las electrolineras, el funcionario destacó que el compromiso es promover de manera conjunta el desarrollo de un plan de crecimiento de puntos de recarga para que el consumidor tenga certeza de que encontrará una electrolinera.

Ante los representantes de nueve empresas automotrices, que ya producen vehículos híbridos y eléctricos, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de la CFE, afirmó que los vehículos eléctricos son la transición del consumo de combustibles fósiles a combustibles más limpios con el beneficio del mejoramiento de la salud de la población por la disminución de la contaminación, de acuerdo con el compromiso de combate al cambio climático.

El secretario de la Economía, Ildefonso Guajardo, acudió a la firma del convenio entre la CFE y la AMIA como testigo de honor.

Fernando Solís Sánchez, presidente de la AMIA informó que la industria automotriz invierte alrededor de 100 mil millones de dólares anuales en investigación y desarrollo. Actualmente hay unos 200 vehículos híbridos o eléctricos circulando en el país pero se espera que cada año se vaya acrecentando el numero de este tipo de automóviles.

Corto Circuito en la Col. Cuauhtémoc

Fuente: La Jornada| Israel Rodríguez

lunes, 13 de abril de 2015

Programa Frecuencia Laboral del sábado 11 abril 2015


Frecuencia Laboral: "El espacio donde los trabajadores son la noticia"

Clamor nacional, otra Carta Magna


Sección:Articulistas Fecha:11 abril, 2015
MArtin-Esparza

México en pos de una nueva Constitución/IV y última

Martín Esparza Flores
A casi un siglo de su promulgación, nuestra fracturada Carta Magna ha permitido a los gobiernos neoliberales blindarse con una coraza de impunidad que les confiere el poder para desoír lo mismo el clamor de justicia del pueblo de México como las observaciones de los organismos internacionales, en la violación sistemática a los derechos humanos.
Luego de más de 530 modificaciones a su articulado original, nuestra Constitución Política ha terminado por anteponer los intereses de las grandes empresas, nacionales y extranjeras, a los derechos de decenas de miles de ciudadanos, trabajadores y pueblos indígenas que reclaman un nuevo orden jurídico donde se recobre la esencia misma del derecho público, hoy pulverizado por el avasallante derecho corporativo al que vienen sirviendo los gobiernos en turno.
La también aniquilada división de poderes, que derivó en una incondicional postración del Legislativo y Judicial al Ejecutivo, permitió en las últimas tres décadas un uso y abuso del artículo 135 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a adicionar o reformar el contenido de nuestra Ley Fundamental, a la par de sus apéndices en las legislaturas locales. Diputados y senadores han aprobado e impulsado leyes secundarias que terminaron por inundar los códigos de disposiciones contrarias al contenido original de la Constitución de 1917, sobre todo en materia social.
Los distractores políticos como las consultas e iniciativas populares han demostrado su inoperancia en el terreno de los hechos pues a pesar de que en algunos casos se ha cumplido, y hasta rebasado, con el millón 300 mil firmas que se establecen como requisito para obligar al Congreso a atender los requerimientos ciudadanos, e incluso contemplar enmiendas constitucionales, la exigencia popular se ha enfrentado al impenetrable muro levantado en la Corte por sus ministros, quienes han pisoteado el fundamento del artículo 39 de la Constitución donde se establece que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo así como todo poder público que dimana de éste.
Hoy que diversas organizaciones sociales —como el Sindicato Mexicano de Electricistas—, intelectuales, juristas y académicos hemos dado los primeros pasos para instaurar una Asamblea Constituyente Ciudadana-Popular que refunde nuestra Carta Magna, debe resaltarse que los principios esenciales de la Constitución de 1917, como las garantías individuales, el principio de la soberanía popular, el verdadero federalismo y la división de poderes, así como el derecho de millones de mexicanos a la tierra y a un trabajo justo y bien remunerado, no pueden ser materia de reformas, cambios o negociaciones de las cúpulas partidistas, ni de imprudentes decisiones de minorías parlamentarias. 

San Quintín: el sistema autoritario entra en crisis

El movimiento de los jornaleros del Valle de San Quintín, estallado en la madrugada del pasado 17 de marzo, es el despertar de uno de los sectores más pobres y explotados del país, cuya situación infrahumana nos conduce a revivir las condiciones en que subsistían hace más de un siglo los hombres del campo, quienes cansados de dejar su vida en los surcos a cambio de mendrugos decidieron tomar el camino de las armas para dar un giro contra el tiránico régimen de Porfirio Díaz, que otorgaba todas las garantías y privilegios a los hacendados extranjeros y del país para enriquecerse a costa del hambre y la miseria de miles de mexicanos, para quienes las leyes no existían. Hoy, en pleno siglo XXI, y de manera indignante, estamos en el mismo punto de partida.
¿Qué produjo esta inadmisible regresión social en México? ¿Cómo es posible que los gobiernos, legisladores y autoridades de todos los partidos hayan permitido la acumulación de injusticias de tales dimensiones, al grado de consentir una autorizada esclavitud, no únicamente en los campos agrícolas de Baja California, sino otras entidades como Jalisco, Colima y Baja California Sur, donde en esta última, en municipio de Comondú, el propio secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aceptó la inhumana explotación de indígenas tarahumaras?
Hace más de 1 año que tanto el gobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, como las propias autoridades de la Secretaría del Trabajo, tenían conocimiento de los extralimitados abusos de los dueños de los ranchos agrícolas en San Quintín y en otras regiones del país, pero nada hicieron por verificar la situaciones infrahumanas a las que eran sometidos los jornaleros, en su mayoría indígenas de estados como Guerrero y Oaxaca que han sido desplazados de sus comunidades por la delincuencia organizada o por el despojo de sus tierras a favor de proyectos de empresas trasnacionales.
Conforme han trascurrido las semanas, la lucha de los trabajadores agrícolas del Sur de Ensenada ha sacado a la luz pública toda la podredumbre que por décadas se encargaron de ocultar tanto las autoridades cómplices, los políticos locales que son dueños o copropietarios de los ranchos, los sindicatos blancos y los corporativos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores de México, cuyos líderes venales expoliaban a los jornaleros con el cobro de cuotas sindicales sin defenderlos en lo absoluto.
Versiones de los medios locales y de las corresponsalías de medios nacionales informaron que en la lista de los más férreos opositores a negociar mejores condiciones laborales con los representantes de una naciente organización de los trabajadores del campo, ajena a los sindicatos charros antes mencionados, está nada menos que Felipe Ruiz Esparza, a quien se ubica como hermano del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
El familiar directo del alto funcionario, indican las exégesis periodísticas, se ha dedicado a amenazar a los contados agricultores que pagan sueldos de 200 pesos diarios a sus trabajadores y los tienen dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumpliendo con sus obligaciones patronales. Parece que los influyentes y voraces explotadores, entre los que se encuentran además funcionarios del gobernador Francisco Vega, se niegan a reconocer las prestaciones a las que por ley tienen derecho los casi 80 mil jornaleros del Valle de San Quintín, 20 mil de los cuales únicamente están registrados en el IMSS; el resto, son, de hecho, trabajadores que sobreviven en medio de la miseria, condiciones insalubres y la falta de atención médica.
La marcada injusticia cometida en Baja California y en otros estados no es por generación espontánea, y cabe citar el ruin encubrimiento que el entonces presidente Vicente Fox hizo durante su gobierno a favor de su entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, quien explotaba a menores de edad, de sol a sol, en su rancho de Los Aguilares, en el estado de Guanajuato. En vez de acudir a la escuela, los niños eran obligados a laborar a la par que sus padres por unos cuantos pesos. No obstante el cúmulo de pruebas presentadas por los medios, el Rey del Ajo, nunca fue molestado y mucho menos sancionado.
Ante todo este contexto de generalizadas injusticias en que está por iniciarse un nuevo proceso electoral –donde se elegirán, en junio próximo, diputados federales, y en algunos estados, diputados locales y autoridades municipales–, habrá que preguntarnos si lo que vivimos en México es una verdadera democracia, y qué entiende la clase política por éste tan llevado y traído pero devaluado término; pues nuevamente los electores serán bombardeados con la acostumbrada avalancha de onerosos anuncios, carentes de propuestas de solución a los grandes problemas nacionales, donde los partidos incitan a votar por sus siglas, pero nunca a reflexionar.
Si nos remitimos a su origen etimológico, democracia es: demos, pueblo; kratos, poder, es decir, el poder del pueblo, o que debe ejercer el pueblo. Así, en el sentido literal, hace tiempo que la democracia no existe en México, pues nuestra clase política ha mutado su sentido original haciendo creer al país de que las elecciones son la democracia, cuando en realidad se han convertido en el torcido método mediante el cual una reducida clase política accede al poder y lo ejerce en su beneficio personal y de los grupos empresariales, pero no a favor de los intereses de las mayorías. Lo que ocurre en el Valle de San Quintín es la prueba irrefutable de que la democracia en el país es letra muerta. La ley, y menos el poder, se ejerce a favor de los que menos tienen.
Antes de emitir su voto, los ciudadanos deben preguntarse si en aras de mantener un trastocado sentido democrático es válido consentir la imposición de este tipo de condiciones laborales injustas, tanto para los jornaleros de San Quintín, como en la violación sistemática de los derechos de clase trabajadora en su conjunto.
¿Se puede hablar de democracia en un país donde se permite el despojo de sus riquezas naturales, de sus recursos energéticos como el petróleo, el gas y la electricidad, y ahora, como se pretende, hasta el agua? ¿Acaso democracia es la desaparición forzada de estudiantes, como los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Estamos, de forma ineludible, ante el resurgimiento de un sistema político autoritario, fortalecido por los vicios de un viejo sistema que los mexicanos creíamos superado, pues a inicios del siglo pasado estuvo a las completas órdenes de los empresarios rapaces, tanto nacionales como extranjeros, y que empobreció a una inmensa población que tomó la ruta de las armas antes de morir de hambre. Los libros de historia lo ubican como el Porfiriato…
Hoy todo indica que esta absurda involución a la que nos ha conducido la actual clase política obligará a los obreros, campesinos, estudiantes, académicos e intelectuales, a buscar los caminos que sean necesarios para restablecer la legalidad y el estado de derecho en México, asumiendo su responsabilidad histórica, antes de que las condiciones infrahumanas del Valle de San Quintín terminen manifestándose en todo el territorio nacional.
FUENTE: CONTRALINEA
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

jueves, 9 de abril de 2015

Reunión Informativa de Jubilados 2015-04-09

   

Los escándalos de la familia presidencial


La familia presidencial en el Grito de la Independencia. Foto: Benjamin FloresJosé Gil Olmos - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Según datos oficiales, el año pasado la presidencia de Enrique Peña Nieto gastó 3 mil 476 millones de pesos, lo que representa el desembolso más alto de las últimas seis administraciones.
Muchos de esos exorbitantes gastos seguramente los ha hecho su familia, que no deja de mostrarse como una “realeza política” en las páginas de sociales y en sus viajes al extranjero acompañada de sus amigos, usando las aeronaves oficiales y protegida por el Estado Mayor Presidencial.
A lo largo de la historia de las familias presidenciales ha habido pasajes vergonzosos que muestran la concepción que se tiene del ejercicio del poder público.
Cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente mandó construir una pista de pequeños autos de carreras en los jardines de Los Pinos que hoy es el llamado “paseo de los presidentes”. José López Portillo hizo que se edificara una casa especial para su perro, a un lado de las escalinatas de la Casa Alemán que aún se mantiene. Vicente Fox, por deseos de su esposa Marta Sahagún, mando a remodelar las cabañas que había en el terreno de la casa presidencial para hacerlas su hogar y centro de operaciones. Felipe Calderón hizo que se construyera una cantina especial para su gozo y el de sus amigos.
El actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha remodelado ya diversas partes de la residencia oficial para su familia y su equipo, y además ha gastado millones de pesos en la compra de casas para su esposa Angélica Rivera y familia en una de las zonas residenciales más caras de México, a través de la empresa de su mejor amigo, Juan Armando Hinojosa.
Peña Nieto y su prole, como todas las familias presidenciales que ha habido en México, ha tomado el ejercicio público como un negocio patrimonialista, como un gozo personal y como un vicio privado convertido en virtud pública.
Los escándalos de la familia Peña crecen conforme asumen su papel como si fueran parte de una “realeza política”. La compra de la famosa “casita blanca” de Angélica Rivera; el gasto en ropa para la visita oficial a la reina de Inglaterra en el palacio de Buckingham, a la que llevó a toda su prole; los viajes de su hija Paulina y todas sus amigas a Europa, en las aeronaves oficiales, y las compras de ropa en las tiendas más exclusivas de Miami, son apenas algunas muestras del abuso de poder, los excesos y la actitud prepotente con la que viven bajo el dinero público.
Quizás se pueda alegar que hay una ignorancia y una falta de conciencia política por parte de la familia, pero eso no explica la actitud del jefe del Ejecutivo de permitir y participar en estos excesos de sus hijos y los hijos de Angélica Rivera, que sólo alimenta la cultura de la impunidad, la corrupción y la injusticia.
La imagen de la familia presidencial está corroída por la actitud de prepotencia con la que actúa, pues cada vez que aparecen con nuevos escándalos parecen mandar el mensaje de que no les importa la crítica social.
En términos populares es el valemadrismo del poder, ya que el exorbitante gasto de la presidencia, que sobrepasa el de los últimos seis presidentes, es un insulto a un país en crisis económica, con millones de desempleados y jóvenes sin oportunidad de educación, y miles de familias que carecen de salud, vivienda, seguridad y justicia.
Twitter: @GilOlmos
Aclaración de la oficina del expresidente Felipe Calderón
Señor director:
Me dirijo a usted con respecto a la nota publicada el día de hoy en la página proceso.com.mx y que se titula Los escándalos de la familia presidencial, en la que el autor refiere: “Felipe Calderón hizo que se construyera una cantina especial para su gozo y el de sus amigos.”
Al respecto quiero aclarar que esto es total y absolutamente falso, nunca existió tal construcción.
Por otro lado, consideramos vergonzosa la falta de seriedad periodística de este medio al publicar este tipo de “pseudoinformación”.
Mucho agradeceré la publicación de esta carta para que sus lectores cuenten con información veraz.
Izamal Brena Robles
Oficina del expresidente Felipe Calderón
Respuesta del reportero
Señor director:
La información referente a la construcción de una cantina en las instalaciones de Los Pinos durante la gestión de Felipe Calderón provino de un excolaborador de la residencia presidencial. Lamentablemente no se pudo acceder a las instalaciones resguardadas por el Estado Mayor Presidencial para corroborar el dato que se me ofreció como complemento de la información que se publicó en algunos medios sobre el gasto de bebidas alcohólicas en las oficinas de la Presidencia de la República en el 2007. Por ejemplo, la revista Contralínea publicó, con copias de facturas, un reportaje el 18 de abril del 2010 en el que informó: “De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.”

Fuente: Proceso

martes, 7 de abril de 2015

CFE da a Centro de Control de Energía equipo obsoleto


Lunes 6 de abril de 2015 | Noe Cruz Serrano | El Universal
Pidió a Hacienda recursos para sustituir equipo, pero le rechazan solicitud
El Cenace es el organismo encargado de operar y controlar el sistema eléctrico nacional que incluye la participación de empresas privadas
El máximo organismo encargado de controlar el nuevo sistema eléctrico nacional, que surgió a partir de la Reforma Energética, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) nació con el pie izquierdo.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) le entregó infraestructura operativa de equipo de computo obsoleta “que ha presentado fallas y que ponen en riesgo la operación del sistema y por ende la Seguridad Nacional”.
Así lo revela información oficial enviada por el propio Cenace a la Secretaría de Hacienda en noviembre de 2014 para que le aprobaran 92.1 millones de pesos para actualizar los equipos en este año, recursos que, sin embargo, no le fueron concedidos por limitaciones presupuestales, aun cuando advirtió la necesidad de disminur “el riesgo de apagones de grandes dimensiones o un colapso del suministro de energía eléctrica a nivel nacional”.
En la documentación con los números 1418TOQ0065 y 1418TOQ0067, clasificada como reservada y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, aparece como administrador del proyecto el Gerente de Información y Administración del organismo, Ignacio Estrada Fonseca.
En ella se destaca que poco más de 65% de los equipos de cómputo que recibió tanto el centro como sus subáreas no responden a las necesidades de un mercado abierto.
El Cenace es, a partir de la reforma energética, el organismo encargado de operar y controlar el sistema eléctrico nacional (SEN) que incluye la participación de empresas privadas.
En el decreto de creación del organismo se establece que “se proveerá lo necesario para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades” y que, por tanto, los bienes destinados al funcionamiento, y mantenimiento de la planeación del sistema son consideradas “infraestructura estratégica en términos de la Ley de Seguridad Nacional”.
En el Cenace se identificaron los equipos viejos que le entregó CFE y que han presentando fallas y ponen en riesgo la operación del SEN: 314 PC administrativas; 246 PC técnicas; 157 estaciones de trabajo; 132 PC portátiles ejecutivas; 222 PC portátiles técnicas; 88 pantallas; y, 88 multifuncionales.
El pasado 3 y 12 noviembre del 2014, el CENACE envío dos solicitudes a la Unidad de Inversión para que le fueran autorizados 77.8 y 14.3 millones de pesos, para actualizar los equipos obsoletos que le fueron entregados.
No obstante, el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda registraron ambas solicitudes, pero las etiquetaron como “sin asignacion de recursos en 2015”.

Fuente: El Universal

GDF entrega paraderos del transporte público a la iniciativa privada


El Gobierno del Distrito Federal abre a la iniciativa privada la “modernización” de los 48 paraderos que existen en la Ciudad. Los denominados Centros de Transferencia Modal serán concesionados a cambio de una contraprestación. A la fecha, Grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, ha sido el mayor beneficiario
Elva Mendoza - Contralinea
Por medio de asociaciones público privadas o proyectos de prestación de servicios (PPS), el Gobierno del Distrito Federal emprende la “modernización” integral de los 48 paraderos terminales que existen en la Ciudad de México.
A cambio de una contraprestación, los denominados Centros de Transferencia Modal serán concesionados a particulares para su uso, aprovechamiento, explotación y administración, según lo planeado por las autoridades capitalinas.
Se trata de alrededor de 707 mil metros cuadrados de superficie donde confluyen líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estaciones de autobuses, Metrobús, sitios de taxis y otros sistemas de transporte.
En febrero de 2014, la administración capitalina publicó en la Gaceta Oficial la Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de Concesiones para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de los Inmuebles en los que se Ubican los Centros de Transferencia Modal, para el Desarrollo de la Infraestructura Urbana que Tienda a Elevar el Bienestar y Acceso de los Habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Públicos de Transporte.

De acuerdo con el documento, los Centros de Transferencia Modal susceptibles de ser modernizados son Constitución de 1917, Indios Verdes, Martín Carrera, Politécnico y Santa Martha.
No obstante que sólo se señala a cinco, la Declaratoria posibilita la incorporación de más paraderos al esquema: “Los bienes en los que se ubiquen los Centros de Transferencia Modal que no se encuentren expresamente incluidos en el párrafo anterior, pero que sean susceptibles de ser modernizados integralmente, podrán ser aprovechados directamente por el Gobierno del Distrito Federal; o bien, ser explotados y desarrollados por particulares mediante el otorgamiento de concesiones en los términos de la presente Declaratoria”.
Según se lee en el impreso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, de manera conjunta serán responsables de redactar, evaluar y revisar la documentación y realizar los actos que sean necesarios.

En octubre de 2014, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, nombró al extitular de la Seduvi, Simón Neumann Ladenzon, asesor especial encargado de dar seguimiento al desarrollo de los Centros de Transferencia Modal (Cetram).
Como dependencias coadyuvantes, se nombró a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Transportes y Vialidad, esta última, con el objeto de intervenir en la aprobación de los estudios, proyectos y, en general, de la documentación que sea sometida a su consideración por parte de la dependencia auxiliar.
Toda vez que se prevé que se requerirán estudios y asesoría especializada para el análisis y las evaluaciones financiera, técnica y legal de los proyectos, el decreto faculta a la Seduvi y a la Secretaría de Finanzas para contratar dichos estudios y asesorías con particulares.
 “En virtud de que dichos estudios y asesorías incluirán información, opiniones, recomendaciones, puntos de vista y datos que serán tomados en cuenta para el otorgamiento de las concesiones y su divulgación podría generar ventajas indebidas, toda la información generada, ya sea por el Gobierno del Distrito Federal o los particulares contratados, será considerada como información reservada.”
Dado el carácter de la información, se le permite a las secretarías contratar los servicios de asesoría “mediante un proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a los supuestos y procedimientos establecidos en el Capítulo V (De las excepciones a la licitación pública) de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y demás aplicables de su Reglamento”.
Derivado de ello, en junio de 2014, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda firmó convenio con Woodhouse Lorente Ludlow, despacho de abogados, por un monto de 3 millones 828 mil pesos, y con la empresa OTC Limited por 11 millones 135 mil 161.62 pesos.

Grupo Carso, el mayor beneficiario

Ubicada en la delegación Azcapotzalco, la terminal El Rosario es el primer Centro de Transferencia que logra concretarse bajo el esquema de asociación público privada en el Distrito Federal.
El trámite fue tutelado por la empresa de participación estatal Calidad de Vida Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, recientemente nombrada Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México.
El Cetram El Rosario inició operaciones en 2013 y, de acuerdo con Grupo Carso, para su modernización se requirió de una inversión de 525 millones de pesos: “126 mil metros cuadrados de construcción en un terreno de 62 mil metros cuadrados”. Así lo manifiesta la compañía propiedad de Carlos Slim en el número 90 de la revista inmobiliaria Real estate. Market and lifestyle.
A través del contrato de fideicomiso irrevocable en el que participan Calidad de Vida, el Gobierno del Distrito Federal y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social (DMI), se otorgó por 30 años a DMI, de Grupo Carso, la concesión para construir, operar, explotar, mantener y conservar todos los bienes que integran el área potencial comercial y adicionalmente a llevar a cabo la construcción, mantenimiento y conservación del área de transferencia modal.
Además de El Rosario, Grupo Carso consiguió la “rehabilitación” del primer Centro de Transferencia Modal construido en México: la Terminal Multimodal Mexipuerto Ciudad Azteca.
En operación desde noviembre de 2009, la terminal se ubica en la estación Ciudad Azteca, Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Ecatepec, Estado de México;ésta requirió de una inversión de 800 mil millones de pesos.
Con 70 mil metros cuadrados de construcción, el Centro cuenta con 25 líneas de transporte público concesionado y dos de Mexibús (servicio ordinario y exprés), un hospital, un Sanborn’s, y espacios comerciales.
Para 2015 se alista la edificación del Mexipuerto Cuatro Caminos en Naucalpan, Estado de México. El proyecto del Mexipuerto Cuatro Caminos está a cargo de la empresa DMI, que explotará comercialmente el sitio por 30 años. Para su desarrollo, se contempla una inversión de 41 millones de pesos para la renovación del espacio, donde se construirán locales comerciales y un complejo de cines.
También supervisado por Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, la modernización del Cetram Chapultepec estará a cargo del Grupo Desarrollo Urbanístico Chapultepec (integrado por el corporativo Inveravante y, como socio minoritario, por BBVA Bancomer), a quien se le otorgó una concesión por 44 años, informó Simón Neumann, en septiembre de 2014, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Neumann añadió que la modernización, proyectada para iniciar en este 2015, requeriría una inversión de 300 millones de dólares.
Según anunció el funcionario en conferencia de prensa, el proyecto involucra la construcción de una torre de oficinas de 70 niveles, un centro comercial con hotel incluido, área para una terraza, restaurantes y negocios, un estacionamiento subterráneo con capacidad para 2 mil 120 cajones, un área de transferencia modal con 130 metros lineales de andenes con capacidad para más de 1 mil 600 vehículos del transporte público, equipo tecnológico y espacio para el comercio informal, de acuerdo con la cartera de proyectos de coinversión en infraestructura de la paraestatal Calidad de Vida, entregada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Cetram para mejorar movilidad; no para consumir

Para el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por su sigla en inglés), el esquema ideado por la administración local que involucra a la iniciativa privada a través de un modelo de gestión público-privada que capitaliza la fusión de transporte y comercio tiene limitaciones.
En el estudio Megacentralidades. Propuesta de integración de los Cetram al desarrollo urbano de la Ciudad de México, refiere que “si bien este esquema mejora las condiciones de los pasajeros y la seguridad de los usuarios, al final deja un proyecto que no varía mucho de un modelo obsoleto de centro comercial, por ejemplo El Rosario o Ciudad Azteca. Este tipo de proyectos son oportunidades perdidas al ignorar los usos de alrededor y no garantizar la integración del Cetram con la trama urbana”.
ITDP propone partir de los Cetram como receptores o distribuidores de flujos en la zona metropolitana del Valle de México, comprender que muchos se agrupan en cúmulos en diversas zonas de la Ciudad y que no pueden ser pensados aisladamente del entorno que les rodea.
A partir de ello, plantear estrategias adecuadas para cada escala, de tal forma que estos transformen a los Cetram en megacentralidades, que permitan desconcentrar las actividades económicas y fomentar un desarrollo urbano compacto, denso y mixto, situaciones que se deben de derivar en una mejora considerable de la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México.
 “Sin tener una estrategia clara del desarrollo, éstos pueden quedar muy limitados en las intervenciones que se hagan en estos espacios, tanto para la Ciudad y sus habitantes, como para los inversionistas que trabajen con el gobierno mediante asociaciones púbico privadas”, indica el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

En entrevista, Daniel Zamudio de El Poder del Consumidor, AC, asegura que en los casos de El Rosario y el Mexipuerto Ciudad Azteca, los complejos no han mejorado la movilidad: “el transbordo dura entre 15 y 20 minutos, cuando debería ser de 5, pero se obliga al usuario a recorrer todo el centro comercial. No hay movilidad ni desplazamiento rápido”.
El coordinador de Transporte Eficiente de la organización alerta, en entrevista conContralínea, que pese a que los Centros de Transferencia Modal se encuentran colapsados y requieren con urgencia de una renovación, se debe privilegiar la movilidad por encima del comercio. “La prioridad del usuario no es ir de compras”, critica el especialista en el tema.
Destaca que según el estudio Diagnóstico de los Centros de Transferencia Modal en principales ciudades del país, elaborado por la asociación civil y dado a conocer los primeros días de marzo de este año, los Cetram del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey salieron reprobados. De una escala de 0 a 100, los Centros del Distrito Federal obtuvieron 30 por ciento debido principalmente a deficiencias en infraestructura y operación.

Cuestionados al respecto, los diputados de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Carlos Hernández Mirón, presidente, Diego Raúl Martínez, secretario, y Miriam Saldaña, vicepresidenta, señalan que dada la magnitud de los proyectos es indispensable la participación de la iniciativa privada; no obstante, las concesiones deben revisarse para que cumplan con su cometido.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo, SA de CV, y con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
[Sección: DISTRITO FEDERAL]

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lunes, 6 de abril de 2015

Con Peña, ni salarios dignos ni empleos de calidad

Mentiras y omisiones para disfrazar el fracaso inevitable

De plano, lo prometido por Enrique Peña Nieto no se cumplirá. Las reformas estructurales que supuestamente llevarían a México a un crecimiento económico elevado, con empleos de calidad y salarios dignos, se quedarán en el puro discurso. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda, el PIB subirá este año sólo 3.2%. Y al sexenio no le queda tiempo para repuntar. Especialistas en economía hacen notar las mentiras con las que el gobierno quiere envolver a la ciudadanía, y advierten: pese al estancamiento hay una expansión del gasto público, presumiblemente con fines electorales.
5 abril 2015 | Carlos Acosta Córdova | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- En todo su sexenio no podrá el presidente Enrique Peña Nieto cumplir la promesa hecha mucho antes de asumir el poder y aun estando en él: hacer que las reformas estructurales lleven al país a "un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable", con el que se generarían "más empleos de calidad" y permitirían "a todos los mexicanos" tener "salarios dignos".

Así lo decía Peña Nieto el pasado 2 de septiembre en su mensaje a la nación con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Unos días antes, el 11 de agosto, cuando promulgó la reforma energética y anunciaba el fin de "la fase legislativa del ciclo reformador iniciado el 2 de diciembre de 2012", afirmaba que había llegado la hora de "poner todas las reformas en acción", para que "se reflejen en beneficios concretos para las familias".

Nada de eso será posible. Ni crecimiento económico elevado ni mayor bienestar para los mexicanos. Por lo menos así lo reconoció implícitamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la semana pasada, en el documento Precriterios de Política Económica 2016 —que por ley debió entregar al Congreso—, donde fija de manera preliminar sus proyecciones sobre las principales variables macroeconómicas, tanto para el cierre del año en curso como en los estimados para el siguiente.

Y según el documento, este año el Producto Interno Bruto crecerá cuando mucho 3.2% y en 2016 lo hará en un promedio de 3.8%.

Lo prometido por Peña Nieto desde la campaña por la Presidencia, y formalizado en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013), era algo distinto.

En el Pronafide se planteaban dos escenarios para el crecimiento económico: uno sin reformas, que es el crecimiento "inercial", y otro con reformas estructurales.

Sin reformas, la economía crecería 3.8% en 2015; 3.7% en 2016; 3.6% en 2017, y 3.5% en 2018, al término de la administración.

Pero con reformas, se señala en el Pronafide, el ritmo de la economía sería acelerado: 4.7% en 2015; 4.9% en 2016; 5.2% en 2017, y 5.3% en 2018.

Según los precriterios de política económica que Hacienda envió a la Cámara de Diputados el pasado 31 de marzo, nada de ello será posible.

Es decir, aun con las espectaculares y ruidosas reformas estructurales, que agitaron como nunca a legisladores, empresarios, trabajadores, académicos y la sociedad, la economía mantendrá su ritmo "inercial", creciendo tan mediocremente como lo ha hecho en las últimas décadas.

Es algo que suele criticar Luis Videgaray, secretario de Hacienda, quien un día sí y otro también jura que se hace todo lo posible para elevar la productividad y hacer crecer la economía, mejorar los salarios, aumentar los empleos e incrementar el capital.

Ese ha sido el discurso de siempre del Secretario. Pero sus cálculos, los números fríos de Hacienda, indican que la economía no saldrá de su ritmo inercial.


MENTIRAS DE HACIENDA

Dos de los más reconocidos expertos del país en análisis macroeconómico —Jonathan Heath Constable y Juan Moreno Pérez, ambos con doctorado en economía— coinciden con lo que implícitamente prevé Hacienda.

"El gobierno está reconociendo que vamos a crecer menos; muy por debajo de lo que se había prometido", señala Heath.

Y Moreno Pérez: "No hay indicio alguno de que en lo que resta de la actual administración pueda recuperarse de manera importante la tasa de crecimiento de la economía. Probablemente sí se logre un 3% este año, que ya se me hace mucho; puede ser un poco menos. Y el otro año igual, por ahí, 2.5% a 3%, y así hasta 2018. Es una tasa muy mediocre".

En el documento de precriterios se mantiene, para 2015, un rango de crecimiento económico de entre 3.2% y 4.2%, que estableció la Secretaría de Hacienda desde noviembre del año pasado.

Pero se señala ahí mismo que "para efectos de las estimaciones de finanzas públicas se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2015 de 3.2%". Es decir, la parte baja del rango establecido. Ni siquiera el promedio de 3.7%.

Heath apunta: "El rango de 3.2% a 4.2% en 2015 es para el público, ‘para que no nos critiquen si nos equivocamos’. Sin embargo, ‘necesitamos (el gobierno) una estimación puntual y ésta, que antes era el punto medio (3.7%), ahora lo estamos volviendo a 3.2%’, con lo cual implícitamente están reconociendo una estimación a la baja".

En la revisión exhaustiva que hizo del documento de precriterios, Heath encontró ausencia de información importante, muchas verdades a medias y aun mentiras de la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, la dependencia asegura que el año pasado se generaron 714 mil nuevos empleos formales, con afiliación al IMSS. Eso, dice, es imposible; además, en muchos casos se trató de la formalización de empleos existentes.

Explica: "Un crecimiento de ese tamaño en el número de empleos formales significaría un aumento de la tasa de empleo formal de 4.3%... en un año en el cual el PIB creció apenas la mitad de eso, 2.1%. Para lograr esa tasa de crecimiento del empleo formal se hubiera necesitado mucho más crecimiento económico y más inversión privada".

Por ello, dice, es falso que en 2014 se haya registrado el segundo mayor aumento de empleo formal en la historia en un sólo año —como festeja el Gobierno—, si el crecimiento de la economía fue mediocre.

El economista —licenciado por la Universidad Anáhuac y maestro y doctor por la de Pennsylvania; consultor y asesor independiente de múltiples instituciones— enfatiza en el tema de las finanzas públicas.

FINANZAS NO SANAS

Los números que vienen en los precriterios apuntan a que cada vez son menos "sanas" las finanzas públicas. Señala que en el documento se anuncia un balance económico primario deficitario tanto para 2015 como para 2016.

Y eso, afirma, está lejos de significar finanzas públicas sanas.

Explica: "El principio rector de unas finanzas públicas sanas siempre ha sido que hay que tener un superávit primario".

Agrega que desde los primeros años de los 90 hasta mediados del gobierno de Felipe Calderón se había registrado un superávit primario. Pero desde entonces, hace casi ocho años, se empezó a tener déficit, por lo que la deuda pública como porcentaje del PIB ha crecido.

—Las cifras oficiales indican que en lo que va del gobierno de Peña Nieto, la deuda ha crecido mucho más rápido que en los seis años anteriores...

—Definitivamente. En estos poco más de dos años la deuda ha dado brincos todavía mayores. Y el riesgo es que las finanzas públicas se vuelven más y más vulnerables.

"Ahorita quizá no estamos tan mal, si nos comparamos con otros países, pero la tendencia va en dirección contraria a lo que querían. Y si no revierten esta tendencia, cada vez vamos a tener finanzas más y más vulnerables hasta que llegue un momento que pudiera representar un riesgo mayor.

"Si así lo aprecian las calificadoras internacionales Moody’s o Standard & Poor’s, podrían bajarnos la calificación de riesgo país… y todo lo que sigue: menos acceso a los capitales internacionales, pagos mayores por la deuda, desconfianza de inversionistas, salida de capitales".

De hecho, en su último informe de finanzas públicas y deuda, correspondiente a febrero de este año —difundido el pasado 30 de marzo—, Hacienda da cuenta de un preocupante ritmo de crecimiento de la deuda pública este sexenio.

De acuerdo con ese informe, la deuda pública en su concepción más amplia, lo que se conoce como Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), ascendió a 7 billones 662 mil 266 millones de pesos.

Respecto de enero-febrero de 2014, el aumento fue de 215 mil 337 millones de pesos. Pero respecto del primer mes de la actual administración, ha crecido casi 1.8 billones de pesos.

En diciembre de 2012, cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, el SHRFSP era de 5 billones 890 mil 846.1 millones de pesos. A febrero de este año, según el informe de Hacienda es ya de 7 billones 662 mil 266 millones de pesos.

"Nada más" 1 billón 771 mil 420 millones más en 26 meses.

En cifras relativas: al cierre de 2012 la deuda total era de 36.8% del PIB; ahora supera 43.7% del PIB.

CON FINES ELECTORALES

Por su parte, Moreno Pérez, doctor en historia económica por la Universidad de California Los Ángeles y asesor parlamentario más de 20 años, dice que en los dos primeros años de Peña Nieto el gobierno se ha endeudado por encima de lo autorizado por el Congreso, en cerca de 200 mil millones de pesos.

Pero Hacienda, afirma, tiene la virtud de manipular las cifras de tal manera que para el gran público eso pasa inadvertido, no así para los especialistas y las áreas de análisis de las instituciones financieras.

En su revisión del documento de precriterios, Moreno Pérez encontró omisiones "sospechosas" o "interesadas" de parte del gobierno para justificar el recorte presupuestal, por poco más de 124 mil millones de pesos para este año, anunciado por el secretario Videgaray en enero último.

No abordan de manera explícita dos fuertes ingresos no recurrentes que obtendrá el gobierno y que en su conjunto sumarían un monto aun superior al recorte presupuestal de este año… y que harían innecesario ese recorte.

Uno es el de las coberturas petroleras, el seguro que se compró para garantizar un precio de 79 dólares por barril y que ampara 228 millones de barriles. Dichas coberturas se recibirán a fin de año.

Moreno, especialista en programación financiera desde que trabajó en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto en los ochenta, estima que por ellas se obtendrán poco más de 60 mil millones de pesos.

El otro tema ausente en los precriterios, según el economista, es el remanente de operación del Banco de México. Este remanente resulta siempre que el Banco de México interviene en el mercado cambiario, como lo ha hecho desde finales del año pasado, cuando empezó a dispararse el dólar, muy por encima de los fundamentales de la economía nacional.

Moreno Pérez calcula que por esa fuente podrían obtenerse entre 70 mil y 80 mil millones de pesos. La suma de las coberturas y el remanente de operación del Banco de México superan, sin duda, los 124 mil millones de pesos del recorte presupuestal.

Agrega: Y si a esas dos fuentes de ingresos no recurrentes —es decir, que son de una sola vez— se suma la recaudación a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina y el diésel, que será de aproximadamente 246 mil millones de pesos, el total de las tres fuentes de ingresos alcanza de sobra para compensar la fuerte disminución en los ingresos petroleros.

CUESTIONA EL RECORTE

Cuestiona por ello la necesidad del recorte al gasto en 2015. Con esa hipótesis se puso a revisar los dos últimos informes de Hacienda sobre las finanzas públicas y la deuda, correspondientes a enero y febrero de este año.

Y encontró que antes que algún recorte al gasto en los dos primeros meses del año, lo que ha habido es una clara expansión del gasto, probablemente con fines electorales.

Con datos y cifras de los propios informes mensuales de Hacienda, Moreno Pérez detectó que en enero, mientras los ingresos presupuestarios cayeron —0.5%, respecto de enero de 2014, pasaron de 367 mil millones de pesos a 365 mil millones—, el gasto neto presupuestal aumentó 21.7%.

Y ya en el conjunto de los dos meses, enero y febrero, los ingresos presupuestarios aumentaron, respecto del mismo periodo de 2014, apenas 1%. En cambio, el gasto neto presupuestal aumentó 15.1%.

Y una de las partidas que más aumentaron, en casi el doble —94.4%—, es el llamado Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, mediante el cual —según la definición oficial— se otorgan "recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos" para lo siguiente:

"Infraestructura pública, apoyo a migrantes y sus comunidades, desarrollo de zonas metropolitanas y fronterizas, accesibilidad para personas con discapacidad, incremento del capital físico y capacidad productiva de las entidades federativas con menor índice de desarrollo humano e impulso a espacios culturales y deportivos".

Es decir, es el gasto más cercano a la gente, el de beneficios más inmediatos y más visibles.

Concluye Juan Moreno: "La política que parece estar implementando la Secretaría de Hacienda para los primeros meses del presente año electoral es expandir fuertemente el gasto público. Aunque la caída en los ingresos petroleros sólo se compensará de manera parcial por los ingresos derivados del IEPS a la gasolina y el diésel, el faltante de recursos para poder expandir el gasto se conseguirá anticipando la contratación de deuda.

"En resumen: no habrá mayor crecimiento económico, pese a las reformas, pero sí una expansión del gasto público con fines electorales".

Fuente: Proceso