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viernes, 29 de agosto de 2014

Declaran a Gómez Urrutia completa y legalmente exonerado


Foto 
El fallo, definitivo y de fondo; sin efecto, las órdenes de aprehensión
Los magistrados del cuarto tribunal consideran legal la extinción del fideicomiso minero de 55 millones de dólares
Carlos Fernández-Vega / Periódico La Jornada / Viernes 29 de agosto de 2014, p. 16
Napoleón Gómez Urrutia fue declarado plena y absolutamente inocente de todos los falsos delitos por los que fue acusado, de tal suerte que queda sin efecto la última de las 11 órdenes de aprehensión que fueron presentadas en su contra.

Por lo mismo, las solicitudes de la Procuraduría General de la República (PGR) deficha roja a la Interpol y la de extradición al gobierno de Canadá se caen por sí solas.

Con lo anterior, el dirigente minero queda completa y legalmente exonerado, limpio, libre y absuelto en su totalidad de todas las falsas acusaciones, dijo a La Jornadasu abogado Marco del Toro, quien subrayó que concluye así una larga batalla de ocho años, en la que enfrentamos al poder económico y al poder político, que trabajaron conjuntamente en contra del dirigente y del sindicato; fue una pelea entre David y Goliat.

Por unanimidad, ayer los magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito (José Luis Villa González, Héctor Lara Jiménez y Elvia Díaz de León D’Heres) emitieron la sentencia referida, definitiva y de fondo, al tiempo que declararon inconstitucional la orden de aprehensión dictada por el magistrado Miguel Ángel Aguilar, así como la negativa de amparo del magistrado Luis Núñez Sandoval, ambas abiertamente violatorias del derecho.

De igual forma, los magistrados del cuarto tribunal (expediente 121/2014) sentenciaron que fue totalmente legal la extinción del fideicomiso minero de 55 millones de dólares, acción que fue tomada, vilmente, como mero pretexto por ese poder económico y político para iniciar la persecución contra el dirigente minero. Pero el expediente quedó cerrado definitivamente, apuntó Del Toro.

Diputado: fallo contra la CFE no es solución


Bertha Teresa Ramírez / Periódico La Jornada / Viernes 29 de agosto de 2014, p. 39
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que de manera arbitraria aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es una solución a los miles de afectados en el Distrito Federal, aseguró el diputado local perredista Alejandro Ojeda.

La Corte mandó a los ciudadanos a iniciar juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que sólo conoce de asuntos fiscales, los cuales pueden tardar hasta tres años, explicó el legislador.

Las confusiones no son sanas, dijo, porque la Suprema Corte nunca se pronunció en favor de que los abonados de la CFE se amparen, sino que únicamente determinó que contra los avisos-recibo procede el juicio de nulidad ante el TFJFA. Pero este procedimiento no es un amparo, es un juicio de legalidad.

Según el perredista, la Corte determinó que contra los actos de la CFE procede el recurso de revisión o el juicio de nulidad previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del TFJFA.

Respecto de los juicios de nulidad, indicó, una vez que se dé sentencia existe la posibilidad de apelar y, en su caso, procede el juicio de amparo, pero hasta el final. Estamos en un escenario de, en promedio, hasta tres años para que el usuario obtenga justicia.

El asambleísta añadió que la Suprema Corte resolvió que el aviso-recibo es un acto de naturaleza administrativa, lo que quiere decir que se le considera un acto similar a los créditos fiscales o multas.

Recordó que él ha defendido la postura de que la energía eléctrica es un derecho humano, “en consecuencia, el recibo de la CFE es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; esto es, acudir directamente ante un juez de amparo para que proteja al usuario.

El criterio emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la Comisión Federal de Electricidad es reduccionista, desprotege los derechos humanos y envía a los ciudadanos a un largo camino legal que deberán llevar antes de obtener justicia.

Añadió que en breve buscará el procedimiento de sustitución de jurisprudencia para que el aviso-recibo de la CFE sea verdaderamente impugnable mediante un juicio de amparo.

Fuente: La Jornada - Capital 

Protestan contra cobros excesivos de CFE en Tlalnepantla

Juan Manuel Barrera/corresponsalEl Universal 19:57

Tlalnepantla, Méx. | Jueves 28 de agosto de 2014 

Vecinos e integrantes del SME entregaron alrededor de tres mil quejas en la delegación de Profeco en el municipio.

 En rechazo a los "recibos locos" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), unos 100pobladores de este municipio se manifestaron frente a la sede local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde dejaron alrededor de tres mil quejas por presuntos cobros abusivos de la dependencia.
Hugo Ortega Comesaña, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y representante en Tlalnepantla de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee), aseguró quecontinúan los cobros estratosféricos de la CFE por consumo de energía eléctrica, algunos de ellos de hasta 90 mil pesos.

"Hemos venido sufriendo el acoso de parte de la CFE, ante lo que ya es un problema nacional, los altos cobros, lo que les llaman los recibos locos, los adeudos que nos están achacando, que no reconocemos los usuarios que veníamos pagando 200, 300 pesos bimestrales. Hoy en día los recibos nos llegan de 800, 900 pesos o nos crean adeudos que no reconocemos", afirmó. 

Añadió que su organización entregó en la delegación Tlalnepantla de la Profeco alrededor de tres mil quejas de habitantes de la entidad inconformes con los cobros que exige la CFE, por lo que personal de la dependencia se comprometió a reunirse con los inconformes en los próximos días, para abordar el asunto. 

Unos 100 integrantes de la Anuee se manifestaron frente a la sede de la Profeco en Tlalnepantla, ubicada en avenida Mario Colín, y posteriormente efectuaron un mitin en la explanada municipal. 

Ortega Comesaña pidió a autoridades municipales que giren instrucciones a policías de la localidad para apoyar a ciudadanos que pidan la intervención de los mismos en caso de que personal de la CFE pretenda cortar el suministro de energía eléctrica en sus domicilios, pues existe una queja y en tanto no concluya no se puede suspender el servicio.

Una omisión de la reforma energética



Simpatizantes de AMLO protestan en San Lázaro en contra de la reforma energética. Foto: Benjamin FloresOlga Pellicer - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Terminó el proceso de aprobación de leyes secundarias para la reforma energética. Frente a una intensa propaganda gubernamental sobre los beneficios que tal reforma proporcionará a la nación, se alza el escepticismo comprensible de la ciudadanía. Por una parte, hay en ella omisiones e interrogantes que no encuentran respuesta; por la otra, se da un apresuramiento notable para ponerla en práctica, lo cual no deja tiempo para fortalecer, con conocimientos y capacidad de ejecución, las múltiples agencias reguladoras que se están creando.

Dentro de las interrogantes que no tienen respuesta se encuentra cuál es la vinculación entre el mayor peso que México busca en el panorama mundial de energía y la política exterior. Mucho se han mencionado “las mejores prácticas a nivel internacional” como un referente que ha inspirado la reforma energética y asegura sus beneficios. Pero nadie, al parecer, se ha preguntado sobre el papel de las cancillerías, u otras agencias del gobierno, en regular, orientar o determinar la relación con el exterior en materia de energía.

En Estados Unidos esa regulación es estricta. Ninguna compañía petrolera puede decidir libremente a quién exporta petróleo. Por su importancia estratégica, los hidrocarburos no son asuntos que se dejen totalmente en manos de las empresas privadas. El gobierno tiene sus objetivos prioritarios, relativos, entre otros aspectos, a la seguridad nacional.

En el Departamento de Estado existe una Subsecretaría para Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente, de la cual forma parte la Oficina de Asuntos Energéticos, uno de cuyos propósitos es manejar la geopolítica de la energía en los tiempos recientes mediante una diplomacia fortalecida con los principales importadores y consumidores.

En el caso de Brasil, durante la época del presidente Lula se estableció al interior del poderoso ministerio de relaciones exteriores conocido como Itamaraty una dirección especial para asuntos de energía, que ha cumplido su responsabilidad de lograr una buena coordinación con Petrobras. La posición de la cancillería y la empresa estatal no siempre marchaban por los mismos canales. Por lo tanto, era urgente coordinar los puntos de vista de ambas dependencias. Desde entonces, Petrobras participa activamente en diversas actividades de Itamaraty, incluyendo visitas de Estado al exterior y participación en delegaciones para asuntos multilaterales.

Más allá de la relación institucional entre la cancillería y las empresas petroleras, la importancia de los hidrocarburos en la economía obliga a pensar en la conveniencia de participar en instituciones significativas para la marcha de los mercados petroleros, como es la Agencia Internacional de Energía. Uno de sus propósitos es implementar medidas coordinadas de respuesta a emergencias, como la racionalización del uso de combustibles o limitación de la producción.

Sería un error valorar a esta institución únicamente como un freno eventual a la libertad para decidir sobre volúmenes de producción. La ventaja es que supone aceptar y desempeñar un papel en la gobernanza internacional en materia de energía. Objetivo que sería necesario para quien, como ocurre con el gobierno de Peña Nieto, se presenta como “actor con responsabilidad global”. Asimismo, permite convivir con el conocimiento y las preocupaciones que tienen otros Estados petroleros.

Desde la perspectiva de la congruencia entre política exterior y política energética, el punto central es el del medio ambiente. El año entrante es altamente probable que se logre un documento jurídicamente vinculante sobre cambio climático. México, líder en la política internacional sobre el tema, seguramente lo firmará. Estas y otras preocupaciones a nivel mundial indican que el avance hacia energías alternativas será prioritario en política internacional, a un ritmo más acelerado de lo que se prevé en la reforma energética mexicana, cuyo centro de gravedad son los hidrocarburos.

Finalmente, no se puede dejar de lado la reflexión sobre los recursos energéticos como instrumento de política exterior. Mucho puede contribuir a determinar el posicionamiento de México en las relaciones de poder internacionales el factor energía. Es una riqueza que puede apoyarnos en la diversificación de las relaciones exteriores del país, o integrarnos, aún con mayor firmeza, a la región de América del Norte. Puede ser un factor que contribuya a la mayor independencia de México en materia de ciencia y tecnología, o que nos someta más al saber de empresas extranjeras que sólo comparten parcialmente sus conocimientos. Puede ser un factor que promueva la formación de capital humano para ser líderes en el mundo del petróleo, o que nos deje como actores de segunda línea en búsqueda de inversiones.

Ahora bien, hasta ahora nadie ha volteado los ojos a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni se ha referido al aspecto político de la relación con el exterior en materia de energía; no se encuentra, en ninguno de los dictámenes que apoyaron las leyes secundarias, reflexión sobre el particular. Posiblemente ello indica que los únicos líderes de la nueva etapa del México petrolero serán “las fuerzas del mercado”. Frente a ellas, no existe proyecto para orientarlas y contrarrestar sus limitaciones. Desde esa perspectiva, las omisiones sobre la política exterior en la reforma energética son un motivo más para verla con escepticismo.

Jubilados temen saqueo en la MRO

César Arellano

Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2014, p. 25

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la de Comunicaciones y Transportes llevan a cabo una auditoría en la Base de Mantenimiento de Mexicana MRO ante un eventual saqueo durante los cuatro años que estuvo a cargo de Tenedora K, aseguraron en conferencia de prensa sobrecargos jubilados de la aerolínea.
Ayer nos reunimos con el presidente del comité técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento MRO, Gilberto López Meyer, quien nos informó que hay un sin fin de faltantes en refacciones y materias primas, entre otros bienes de dicha base, y que además hay total opacidad en la administración durante los cuatro años que estuvo en manos de Tenedora K, señaló Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam).
Asimismo, dijo que tampoco se conoce el destino de los recursos de las utilidades obtenidas por esta filial de Mexicana de Aviación. “Nosotros queremos saber a dónde han ido a parar los recursos que se han generado durante este lapso.
Entendemos que una vez que entró en concurso mercantil, la base de mantenimiento redujo sus operaciones en 70 por ciento, pero evidentemente hubo recursos. A dónde se han ido, por qué hay un sin fin de faltantes y quienes son los responsables, exigió.
Exigen pago de pensiones
Guerrero Díaz, quien estuvo acompañado del dirigente de El Barzón Popular, Crescencio Morales, añadió que desde hace dos meses se lleva a cabo la auditoría la cual está a cargo del síndico de la compañía (Alfonso Triujeque, ex director jurídico de Volaris) y aunque no hay una fecha para su conclusión, esperamos que sea lo más pronto posible.
Este jueves, los sobrecargos jubilados de Mexicana realizaron una conferencia de prensa en el plantón indefinido que mantienen desde hace un año y dos meses los trabajadores en retiro Cecilia Bertrand de la Torre y Rogelio Martínez frente a los mostradores de la línea aérea en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la que hablaron sobra las acciones que han realizado en este periodo, entre ellas, marchas, mitines y huelgas de hambre para exigir el pago de sus pensiones.
Agregaron que será el próximo 26 de septiembre cuando las autoridades les informen si ocuparán un espacio en el comité técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento MRO. Los fideicomitentes no tiene inconveniente, pero falta preguntarles a los sindicatos y al personal de confianza de Mexicana.

SME Afiliación de Raúl Álvarez Garín Conferencia de Prensa 28-agos-14


jueves, 28 de agosto de 2014

Reunión con maestros democráticos del SETE (Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de B. C. N.) y de la Resistencia-CNTE para promover la Nueva Central de Trabajadores.


INAUGURA MARTÍN ESPARZA FORO SINDICAL NACIONAL EN COLIMA

foro sindical colima
PUBLICADO: 23/8/2014 SECCIÓN: COLIMAAUTOR: OSCAR ADRIÁN LUNA
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, inauguró ayer por la mañana el primer Foro Sindical Nacional que tuvo como sede el estado de Colima donde habló sobre la importancia de la autonomía sindical.
“Luchamos por defender por nuestra autonomía, que no nos impongan a un dirigente sindical, y con esa autonomía lucha por la contratación colectiva, no es fácil porque es enfrentar a un gobierno”, indicó el líder electricista.
Por su parte, Leonardo César Gutiérrez Chávez, secretario general destituido de Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), criticó a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) porque “agachó la cabeza” ante las autoridades universitarias en medio del conflicto por la transparencia del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap). .
Cabe señalar que la Contu reconoció a Luis Enrique Zamorano Manriquez como nuevo líder del SUTUC, luego de la presunta intromisión de la Rectoría. En ese sentido, Gutiérrez Chávez reconoció el respaldo que recibió del SME, de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y de la Nueva Central de Trabajadores.
En el primer día de actividades, Luis Bueno Rodríguez, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dijo que la nueva reforma a la Ley Federal de Trabajo legaliza la subcontratación o el llamado “outsourcing”, además de permitir el trabajo infantil.
Con la “triangulación” de los trabajadores, la responsabilidad laboral de una empresa se traslada a otra, lo que crea un “patrón bicéfalo”. Esto abre la puerta a que la clase trabajadora tengan menores ingresos laborales porque pueden ser contratados solo por temporadas, al igual que se encamina a la desprotección social y las prestaciones de ley.
Ayer también participó el General Francisco Gallardo, el sacerdote Gregorio López -mejor conocido como “Padre Goyo”-, Gustavo Ortega Bravo de la ATM, el asesor legal del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU) Víctor Calleja Ramírez.
Las actividades continúan este sábado en el Hotel Los Candiles con dos mesas de trabajo, la primera que abordará la temática de los sindicatos universitarios y la segunda sobre la Nueva Central de Trabajadores.


Consumidores se podrán amparar contra cobros excesivos de la CFE: Corte


Recibos de luz con cobros exagerados. Foto: David Deolarte
MÉXICO, D.F. (apro).- En un hecho sin precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los consumidores pueden interponer amparos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en aquellos casos en que consideren excesivo el cobro del servicio de energía eléctrica o incluso si éste se suspende.
De esta forma, la Segunda Sala de la SCJN dejó atrás tesis y criterios que mantuvo durante años, en los que negó la posibilidad de los usuarios de ampararse en contra de excesos cometidos por la aún paraestatal.
A partir de ahora, los consumidores podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a inconformarse cuando consideren que sus derechos fueron afectados, y también podrán ampararse cuando se presuma que la CFE incurre en actos inconstitucionales.
El proyecto elaborado por Sergio Valls establece que el hecho de que la CFE tenga el monopolio en la prestación del servicio público de electricidad, se traduce en que cuando firma un contrato con los usuarios, se pacta un contrato “administrativo”, y no como antes consideraba la Corte, un contrato “entre iguales”.
También plantea que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica, el usuario se somete a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, sin posibilidad de negociación, lo que vulnera el principio de igualdad entre las partes.
Además, los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como contratos entre particulares, sino como verdaderos “contratos administrativos”, de manera que, al prestar el servicio en exclusiva, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad establecido en el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin prejuicio de que pueda presentarse un amparo ante la justicia federal.
FUENTE: PROCESO

27 DE AGOSTO DE 2014 
DESTACADO

La reforma energética, como si hubiera sido dictada por la OCDE y el FMI: Bartlett

Se prostituyó el estado de derecho constitucional mexicano, subraya el legislador

Considera que la voracidad de las trasnacionales consumirá gran parte de la riqueza nacional

Alfredo Méndez / Periódico La Jornada / Jueves 28 de agosto de 2014, p. 17
Las leyes secundarias en materia energética recientemente aprobadas por el Congreso responden directamente a los intereses dictados por organismos económicos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett.

Al participar en el foro La reforma constitucional y las leyes secundarias en el sector energético, organizado por la Casa Lamm y La Jornada el pasado lunes, el legislador destacó que existe la posibilidad de recurrir a la vía del juicio de amparo para impugnar la inconstitucionalidad de dichas normas secundarias, aunque para ello sólo están legitimados (tienen derecho al recurso) los ejidatarios y los propietarios de terrenos privados en donde puedan realizarse exploraciones al subsuelo para extraer petróleo y gas.
Explicó que en caso de que algún ejidatario se inconforme mediante el juicio de garantías existen altas probabilidades de que el amparo prospere e incluso llegue a ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al analizar los alcances de esta reforma, el legislador refirió que el objetivo oculto de la misma es que empresas extranjeras avaladas por la OCDE y el FMI puedan beneficiarse de la riqueza de todos los mexicanos.
De acuerdo con su visión, al haberse promulgado la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y al haberse aprobado la legislación secundaria que modifica sustancialmente el régimen jurídico de Petróleos Mexicanos (Pemex) se prostituyó el estado de derecho constitucional mexicano y se violó la soberanía nacional, pues ahora los recursos energéticos serán gozados por las trasnacionales y de paso se desmantelará la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El legislador resaltó que el discurso del gobierno federal es posicionar en el imaginario colectivo que tanto Pemex como la CFE pasarán a ser empresas productivas del Estado mexicano, a lo que cuestionó: ¿Qué significa ese término de empresa productiva? Es nada más y nada menos que los diseños de la OCDE y del FMI.
Bartlett dijo que Pemex y CFE ya están privatizadas, pues con esta reforma van a cortar los hilos que mantenían al Estado como rector de la energía.
El senador estuvo acompañado en la mesa por Francisco Pérez Vega, José Antonio Almazán, Javier Jiménez Espriú (colaborador de La Jornada) y la ingeniera química Silvia Ramos, en la que todos coincidieron en que la reforma energética es el mayor atracó a la nación, comparado incluso con el episodio de la pérdida de Nuevo México en 1848.
Llamen como le llamen esto es un modelo privatizador que deja sin la posibilidad de que el Estado pueda seguir controlando su sector energético, destacó Manuel Bartlett, quien añadió que a partir de ahora estaremos en manos de empresas cuya voracidad puede terminar con gran parte de la riqueza nacional.

Consecuencias de las reformas energéticas

Octavio Rodríguez Araujo - Opinión

Si quisiéramos imaginar el significado de las reformas energéticas, no tenemos que esforzarnos. Bastaría ver lo que está sucediendo en la minería. Todo se reduce a una expresión que ni siquiera requiere demostración: la ganancia de las empresas. Para éstas el país no importa, sus habitantes menos, salvo como asalariados... asalariados, por cierto, de muy bajos ingresos, de los más bajos de América Latina.

México está entre los primeros 20 países con mayores reservas probadas de petróleo, pero por encima de nosotros están Estados Unidos y Canadá, entre las otras naciones que encabezan la lista. Las dos potencias americanas del norte procuran no explotar demasiado sus reservas y han optado por hacerlo en aquellos países que pueden dominar por las buenas o por las malas. El razonamiento es sencillo: quitémosles el petróleo hasta donde sea posible, y conservemos el nuestro. Estados Unidos consume la cuarta parte del petróleo mundial, la Unión Europea, China y Japón otro tanto, casi 30 por ciento en conjunto. Esto es, la potencia del norte, la Unión Europea y los gigantes económicos asiáticos consumen más de la mitad del petróleo mundial. ¿Y de dónde son las empresas que quieren explotar o comercializar nuestro petróleo? De esos países, por si había alguna duda.
Esas empresas se llevarán las ganancias, dejarán algunos impuestos en México y, desde luego, como la minería, se llevarán el jugo pero no el bagazo después de extraerlo. La metáfora del jugo es válida, con una importante excepción: si lo extraemos de la naranja o de la caña el bagazo se puede usar de varias maneras, incluso como composta, pero el del gas y el petróleo sólo deja devastación, contaminación de ríos y mares, deforestación y hasta desequilibrios y deformaciones sociales mayúsculos en los territorios en donde operen. Son productos no renovables y este dato no es secundario.
Arghiri Emmanuel publicó un artículo en los años 70 del cual vale la pena citar lo que decía en relación con el consumo de acero, otro producto no renovable. Señalaba que 6 por ciento de la población mundial, en referencia a la población de Estados Unidos hace 40 años, consumía más de 40 por ciento de las materias primas disponibles y citaba el caso del acero: “Los habitantes de Estados Unidos consumen casi 700 gramos de acero anualmente per cápita. Si todo el mundo –añadía– siguiera su ejemplo, todas las reservas conocidas del mineral de hierro en el planeta se agotarían en 40 años, suponiendo que la población mundial dejara de crecer; de otra forma, el agotamiento tendría lugar en un periodo… más corto”. Citaba también el caso del petróleo –donde el callejón sin salida del desarrollo era (y sigue siendo) más obvio–. “A los actuales niveles estadunidenses de consumo [1972-1973], el mundo necesitaría unos 14-15 billones de toneladas métricas cada año. Pero las reservas mundiales ascienden únicamente [en esos años] a 80 billones aproximadamente, lo que corresponde –dado un estado estacionario de la población y del crecimiento económico– a 5.5 años de consumo”. Con los desarrollos tecnológicos y con los hallazgos en los lechos marinos, añadía, el periodo de agotamiento de las reservas se alargaría todavía más, como ha ocurrido en las últimas cuatro décadas. Pero, al igual que el acero, el petróleo es un bien finito, es decir, no renovable.
De lo citado de Emmanuel se desprende una conclusión fácilmente asimilable, incluso para el gobierno de Peña Nieto: si los países desarrollados consumen la mayor parte de los productos no renovables, su mejor opción, para no verse obligados a abandonar sus estándares de vida, es evitar que los países subdesarrollados se desarrollen. Así de simple, pues si el tercer mundo se desarrolla demandará más petróleo, más acero, etcétera, y como son bienes finitos, llegará el momento en que los estadunidenses, por ejemplo, no tendrán las comodidades con las que actualmente cuentan, comenzando con la calefacción para sus crudos inviernos. Así, mejor quitarles a otras naciones sus materias primas y luego vendérselas con valor agregado, como ya ocurre con gasolinas e incluso con cereales. Y, de paso, dañan menos su ambiente y ensucian el nuestro.
La fórmula que con frecuencia se olvida es que el subdesarrollo es complemento necesario para el desarrollo, es decir, que los países desarrollados se desarrollen más a costa de los llamados pobres (que no necesariamente lo son, sino más bien empobrecidos a fuerza de explotarlos). Multiplique el lector lo ocurrido en Pasta de Conchos o en Sonora y eso tendremos con la explotación desmedida de nuestros recursos para beneficio de los socios privados (nacionales o extranjeros, da igual) de Pemex o de la CFE. Y al final, seremos igual de pobres pero con ricos más ricos, y sin nuestras reservas de productos no renovables. Mal negocio.

SME Reanudará Pláticas con el SAE el Próximo Lunes

miércoles, 27 de agosto de 2014

Explosión en registro de CFE en Monterrey causa apagón

Monterrey– El flamazo y explosión en un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad causó la movilización de los diferentes cuerpos de auxilio en el centro de Monterrey.


El incidente ocurrió sobre la calle Ocampo, a la altura de Zaragoza, en el exterior del edificio Kalos, donde el servicio de luz fue suspendido.

No se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el área fue resguardada por personal de Protección Civil y elementos del Patronato Bomberos, mientras que trabajadores de la CFE realizaron las labores para restablecer el suministro de energía electrica.

Debido a la explosión, la zona hotelera del centro de Monterrey, así como negocios aledaños resultaron afectados.

Milenio/ Martes 26 Agosto 2014 | 08:09 hrs  diario.mx

LEÓN. Protestan contra CFE por altas tarifas

Campesinos del Municipio de Cacahoatán protestaron contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir cese a los cortes masivos del suministro y demandar tarifas justas para población de escasos recursos.


Los integrantes de la organización 26 de Agosto marcharon de la comunidad Rosario Ixtal hacia las oficinas de la paraestatal en esa localidad, donde entregaron un pliego de demandas.

Ciro Pérez Verdugo, dirigente de la organización, explicó que el propósito de la protesta es exigir a la CFE tarifas acorde a la realidad social y económica de la población.

Y es que, refirió, los ingresos de las familias campesinas son insuficientes para cubrir los gastos energéticos del hogar debido a los altos costos.

Demandaron además que la paraestatal frene los cortes masivos de electricidad pues ello ha dejado sin luz comunidades enteras, lo que implica que permanezcan a oscuras elevando el riesgo de robos y asaltos.

Los manifestantes aprovecharon para deslindarse de la organización 9 de Agosto cuyo dirigente, Delfino Roldán, trabaja ahora para la CFE.

Los inconformes continuaron la movilización hacia el parque central donde concluyeron con un mitin en el que expresaron su rechazo a la reforma energética, pues acusaron que traerá alza en costos de electricidad, combustible y gas.

ÉDGAR HERNÁNDEZ 
CORRESPONSAL 
Publicada el 26/08/2014

La aplicación de la reforma energética vulnerará derechos, advierten ONG

Exigen que la CNDH interponga un recurso de inconstitucionalidad


Emir Olivares Alonso / Periódico La Jornada / Miércoles 27 de agosto de 2014, p. 16

Cuando empiece la aplicación de la reforma energética y sus leyes reglamentarias los ciudadanos verán vulnerados varios de sus derechos, entre ellos a la tierra, el territorio y los recursos naturales; a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios; a la no discriminación; a la propiedad; el trabajo; acceso a la justicia; al medio ambiente sano; a la salud, al agua y a la alimentación.

Así lo señalaron en conferencia de prensa representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Fundar, quienes aseguraron que los impactos de las nuevas disposiciones en materia energética provocarán daños y menoscabos a las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Por ello, insistieron en la exigencia de 40 organizaciones de la sociedad civil –la semana pasada– a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interponga una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de esa ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De no hacerlo, aseveró Araceli Olivos, del Prodh, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, estaría incumpliendo una vez más su papel de órgano garante de los derechos fundamentales y respondería más a intereses políticos y no a la agenda de los derechos humanos.

Al detallar por qué la reforma energética violentaría garantías fundamentales, Andrea Cerami, coordinador de derechos humanos del Cemda, indicó que al dar carácter preferencial a la actividad energética (hidrocarburos y electricidad) sobre cualquier otra, se corre el riesgo de que se arrebate a decenas de poblaciones sus territorios y los habitantes sean expulsados de sus lugares de origen, pues en caso de que sus terrenos sean de interés para las empresas no tienen más opción que venderlas y dejarlas.

En este sentido, Manuel Llano, de Conservación Humana, detalló que las llamadas rondas Cero (es para Petróleos Mexicanos) y Uno (para las empresas privadas), fijadas en las leyes energéticas, abarcarán una superficie total de casi 6 millones de hectáreas, donde habitantes de 11 estados, sobre todo ejidatarios e indígenas, podrían resultar perjudicados, ya que se coloca la actividad energética sobre cualquier otra.

De acuerdo con los datos presentados, la Ronda Cero abarca 3 mil 496 núcleos agrarios, sobre todo de Veracruz y Tabasco, así como el territorio donde se asientan 13 pueblos indígenas, en particular el pueblo chontal, de Tabasco. En tanto, la Ronda Uno podría afectar mil 335 ejidos, principalmente en Veracruz y Coahuila, y cinco comunidades originarias, entre ellas huasteca, náhuatl y totonaca.

Francisco Cravioto, de Fundar, reiteró los perjuicios de la técnica de extracción conocida como fracking (fractura hidráulica), para la que se deben usar entre nueve y 29 millones de litros de agua limpia por cada pozo perforado, impidiendo que ese recurso llegue para consumo humano.

Alertó que después de que se aplica ese método se corren riesgos de que el suelo, los mantos acuíferos cercanos y las aguas superficiales queden contaminados por el uso de los químicos usados para la extracción. Incluso, dijo, hay dos casos de poblaciones de Texas y Pennsylvania que fueron abandonadas por las implicaciones que dejó el uso de ese método.

martes, 26 de agosto de 2014

LAS TRAMPAS DE LA REFORMA

Convocatoria a la 1er Conferencia Nacional de Trabajadores

Con reformas, “vienen días muy difíciles para los trabajadores”: SME

Martín Esparza, dirigente del SME, durante su participación en el Foro Nacional Sindical, en Colima. Foto: Jonathan Núñez.
Martín Esparza, dirigente del SME, durante su participación en el Foro Nacional Sindical, en Colima.
Foto: Jonathan Núñez.
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Frente al proyecto económico impuesto por los grupos que manejan al país, “se vienen días muy difíciles para los trabajadores”, por lo que es necesario luchar para echar abajo las reformas estructurales aprobadas recientemente por el Poder Legislativo, advirtió Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Durante su participación en el Foro Sindical Nacional Colima 2014, el dirigente obrero planteó: “Tenemos que hacer una nueva revolución, una revolución social, no con las armas, porque ante ese escenario estamos perdidos, hoy tienen militarizado al país, tienen el control de los medios de comunicación y todo el dinero, pero no tienen lo que nosotros tenemos, una visión de proyecto político, que es lo que debemos impulsar con nuestros compañeros de base”.

Ante representantes de decenas de organizaciones sindicales del país, Esparza Flores se mostró convencido de que sí es posible avanzar en un proyecto político nacional que permita a los sindicatos independientes revertir las reformas constitucionales que se han realizado, siempre y cuando se trabaje en la organización y se envíen mensajes muy claros de unidad entre los trabajadores.

Advirtió sin embargo que los sindicatos independientes que tienen trayectoria de lucha en México se encuentran en la mira de los neoliberales. “Si no aceptas sus condiciones te tratan a golpes y te echan a la calle, como ocurrió con los 44 mil trabajadores electricistas que de un día para otro fuimos despedidos con la fuerza armada y militar. Luchar por la autonomía y la contratación colectiva no es fácil, es enfrentar no sólo a un gobierno, sino a una clase política y a todas las corporaciones financieras internacionales”.

Por ahora, estableció, “debemos definir los sindicatos qué nos conviene, porque hasta este momento han avanzado muy bien los neoliberales en dividir a la clase obrera, ellos no van a cambiar su proyecto: quieren una democracia nada más representativa, no participativa”.

Martín Esparza criticó el hecho de que en estos momentos los partidos políticos proponen consultas a la población. “Los sinvergüenzas del PAN nos van a preguntar sobre el salario mínimo, que se aumente en la elección del año que viene; otros nos van a preguntar sobre la reforma constitucional, cuando ya se hizo, y otros plantean que se disminuya el número de diputados y senadores plurinominales, cuando ya hicieron una reforma para reelegirse, nos preguntan cuando ya impusieron sus reformas”.

En el foro sindical, denominado “Problemática actual de los sindicatos en México y del sindicalismo universitario independiente”, participan representantes del SME, Nueva Central de Trabajadores (NCT), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), el ala independiente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), Frente Cívico Colimense (FCC), Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), así como entre otros.

En su participación, el catedrático universitario Manuel Salvador González Villa señaló que se requiere reconstruir a la clase trabajadora para que tenga conciencia de sus posibilidades en caso de que decida no tolerar más salarios mínimos, contratos temporales, disminución de los salarios vencidos en un juicio y tribunales que no la apoyan.

“Si no se reestructura todo el sindicalismo mexicano, si no se hace un análisis y una auténtica autocrítica interna, los patrones y el gobierno irán por todo: acabarán con la Ley Federal del Trabajo, impondrán la reforma laboral definitivamente, recrudecerán el castigo a los salarios y, al paso actual, los grandes contratos colectivos serán cosa del pasado, las conquistas de décadas se eliminarán y los contratos ley se verán reducidos a su mínima expresión”, advirtió.

De acuerdo con González Villa, está probado que casi siempre que surge un movimiento sindical en el seno de la sociedad, existe un mínimo pero importante valor e interés de identidad. “Esto es lo que debemos valorar y analizarlo para construir un frente sindical local y nacional que actúen en forma coordinada y solidaria”.

Estimó que la situación que se vive actualmente en el SUTUC es inadmisible, porque la primera vez que un líder sindical le exigió a la autoridad universitaria que aclare las cuentas del fondo de pensiones, la rectoría de la institución mostró su intolerancia y maniobró para destituir en marzo pasado al secretario general, Leonardo Gutiérrez Chávez, valiéndose de la complicidad con el gobernador y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El historiador Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, a su vez, hizo un recuento del sindicalismo en Colima desde el siglo XIX hasta la actualidad y calificó el movimiento del SUTUC por la transparencia del fondo de pensiones como un hito en las luchas de los trabajadores de la entidad, pues “marca una diferencia ante el aletargamiento del sindicalismo en la actualidad”.

Ochoa Rodríguez comparó la destitución de Gutiérrez Chávez de la dirigencia del SUTUC con el golpe asestado por el presidente Miguel Alemán Valdés contra el sindicato ferrocarrilero en los años 40, cuando actuó contra el movimiento de Valentín Campa e instaló como dirigente a su incondicional Jesús Díaz de León, conocido como El Charro, lo que dio origen al término conocido como “charrismo” en el ámbito sindical.

Por su parte, Leonardo Gutiérrez Chávez, el depuesto dirigente del SUTUC, denunció que las irregularidades en los fondos de pensiones constituyen un problema que afecta no sólo a la Universidad de Colima, sino a instituciones educativas de prácticamente todo el país.

En el caso de la institución educativa colimense, expuso que en violación al reglamento durante el periodo de 2005 a 2013 la rectoría dejó de depositar 474 millones 581 mil pesos al Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap), en donde se incluyen aportaciones realizadas por los trabajadores y los montos correspondientes a la propia institución.

Consideró asimismo que el propósito de las reformas estructurales realizadas en el país es “agredirnos con pensiones humillantes, vergonzosas para cualquier trabajador, pero esto no puede ser, no podemos regresarnos a tener condiciones que afectan a la clase trabajadora e impactan en las familias y en la sociedad”.

A juicio de Gutiérrez Chávez, la reforma laboral se realizó prácticamente para que los empresarios y las instituciones “expriman” al trabajador aumentando a 35 los años de servicio y a 65 los años de edad para poder tener una pensión.

Dijo que en la Universidad de Colima se pretende aplicar esta medida, igual que en otras del país, pero “es una indicación del gobierno federal, no es propuesta de los trabajadores ni de las universidades, es una violación a la autonomía universitaria por parte de autoridades federales”.

lunes, 25 de agosto de 2014

La CNDH, obligada a presentar acción de inconstitucionalidad contra leyes energéticas

Violan garantías de millones de mexicanos, señala Greenpeace

Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2014, p. 10
Greenpeace México informó que se suma a la exigencia para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promueva una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la reforma energética, porque violan garantías individuales de millones de mexicanos.
María Colín, asesora legal del organismo en nuestro país, precisó que la aprobación y publicación de la legislación reglamentaria de la reforma energética, el pasado 11 de agosto, abre la puerta a violaciones a garantías fundamentales, como al medio ambiente sano y acceso al agua, y la encargada de evitarlo es la CNDH, utilizando todos los recursos a su alcance para lograrlo; la acción de inconstitucionalidad es uno de dichos recursos, por lo que es su responsabilidad presentarla con base en el artículo 105, fracción II.g de la Constitución.
Greenpeace México ha criticado el hecho de que se dejaran fuera de la reforma las energías renovables, como la solar y la eólica, y que se haya apostado por la destrucción de los ecosistemas nacionales, proponiendo la explotación desmedida de recursos naturales sin importar las consecuencias ni los derechos de las personas. En rechazo a esta reforma, el pasado 30 de julio activistas de Greenpeace desplegaron una manta de 15 metros cuadrados con el mensaje: EPN: tu reforma energética destruye México.
En una carta entregada a la CNDH, el organismo internacional y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, pidieron que el próximo proceso de renovación de la presidencia de la comisión no interfiera con las obligaciones y atribuciones constitucionales en materia de protección y defensa de los derechos humanos contra el proceso de iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación y vigencia de dicha reforma.
En el escrito alertan que “la reforma energética violenta el principio pro personae definido en el artículo primero de la Carta Magna; el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, establecidos en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas o Tribales”.
Asimismo, refieren que las leyes secundarias atentan contra “el derecho a la propiedad, contenido en el artículo 14 constitucional y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el derecho a la participación y a la información, consignados en el artículo 6 constitucional y los apartados 13 y 23 de dicha convención.
Apuntan que también los cambios legales vulneran el derecho humano al agua y al medio ambiente sano contenidos en los artículos cuarto constitucional y 11 del Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Sin fondos, dos fideicomisos de ex trabajadores ferrocarrileros


Foto 
El sindicato que encabeza Víctor Flores Morales acabó con ellos, acusan jubilados
El primero, por $14 mil 500 millones, para pensiones; el otro, de $345 millones, para seguro de vida
Patricia Muñoz Ríos / Periódico La Jornada / Lunes 25 de agosto de 2014, p. 2
El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros, que dirige Víctor Flores Morales, acabó con dos fideicomisos de los ex trabajadores: el primero, por 14 mil 500 millones de pesos para el pago de sus pensiones, y el segundo, por 345 millones para un seguro de vida. Ambos se quedaron ‘‘sin fondos’’, por lo que desde hace dos años las jubilaciones del gremio se pagan con presupuesto federal.

En cuanto al fideicomiso del seguro de vida, están suspendidos desde 2012 los pagos a los beneficiarios. El comité ejecutivo del sindicato argumenta que los estudios actuariales de este último fideicomiso no estuvieron correctos y demanda que los fondos los reponga Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y le otorgue al gremio, otros 457.9 millones de pesos para poder regularizar los pagos a las viudas y familiares de los ex trabajadores.

También respecto de este seguro, una carta de la Dirección General Adjunta de Operación de Ferronalesjub a la Secretaría de Hacienda y al encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, fechada el 12 de marzo del presente año, da cuenta de que fideicomiso quedó sin recursos.

El documento señala que ‘‘dado el déficit financiero del fideicomiso y su reducido patrimonio, a partir del mes de agosto de 2012 se suspendió el trámite de pagos a los beneficiarios, hasta en tanto sean atendidas las reiteradas gestiones que el Sindicato Ferrocarrilero ha realizado ante las dependencias gubernamentales competentes y sean aportados al patrimonio los recursos actuarialmente necesarios para que el mismo esté en condiciones de continuar en el cumplimiento de su objetivo’’. Es decir, que se otorguen más fondos al gremio.

Cabe referir que al constituirse este fideicomiso se determinó que los recursos se destinarían a entregar un seguro de vida por 27 mil pesos (cantidad que fue creciendo y que ahora ronda los 50 mil) a los beneficiarios de los ex trabajadores que fallecieran. A los jubilados, por su parte, les siguen descontando cada catorcena un promedio de 62 pesos por este concepto (son casi 35 mil pensionados), lo que hace un total de 2 millones 170 mil pesos mensuales.

No obstante, en el documento referido se establece que desde el mes de diciembre de 2011 ‘‘fue necesario disminuir el número de pagos a beneficiarios de los fideicomisarios fallecidos, en virtud del déficit financiero originado por el incumplimiento de las hipótesis actuariales, financieras y demográficas, conforme a las que se determinó la cantidad que aportó Ferronales...’’

El sindicato ferrocarrilero que encabeza Víctor Flores Morales, en un documento del 24 de abril del presente año puntualiza incluso que en los 13 años de operación del fideicomiso se han recibido aportaciones de los ex trabajadores mediante descuentos que se les realizan por parte de Ferronalesjub 5012-6, por 218 millones 318 mil pesos y, según argumenta, no ha administrado ni manejado los recursos, únicamente la fiduciaria.

Sin embargo, las cuentas no salen. Esta organización indica que en 13 años se ha pagado a 35 mil 753 beneficiarios más de 761 millones de pesos. Indica que los 345 millones iniciales fueron insuficientes y que actualmente sólo tiene 20 millones 157 mil pesos en la cuenta, más las aportaciones mensuales de los ex ferrocarrileros, por lo que la empresa en liquidación tiene que aportar otros 457.9 millones.

Ya han muerto 2 mil 798

Según los documentos, hay 2 mil 798 ferrocarrileros de los cuales se tiene documentado su fallecimiento; sin embargo, a las viudas y familiares beneficiarios no se les ha dado el respectivo pago, ya que se estima un monto de 137 millones 105 mil pesos, lo que ‘‘ha motivado gran inconformidad e inquietud’’ entre los trabajadores.

Pedro Montoro, jubilado que ha interpuesto innumerables recursos contra la dirigencia de Flores demandando el esclarecimiento de los recursos, comentó en entrevista que este sindicato ahora quiere más fondos de Ferronales.

Recordó que también se acabó el fideicomiso para el pago de pensiones por 14 mil 500 millones de pesos –sobre el cual pesan diversas demandas contra el dirigente–, (pues) desde hace dos años estos pagos se realizan con recursos públicos que autoriza anualmente Hacienda, ‘‘la cual destina una partida para este efecto, porque los recursos que aportamos ya no están’’.

Expuso que esta organización sigue cobrando cuotas a los 35 mil ex trabajadores y demandó una auditoría a los dos fondos millonarios en la gestión de Flores y el esclarecimiento del uso de los recursos.

viernes, 22 de agosto de 2014

Protesta SME frente a las oficinas de Profeco



CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto.- Un grupo de manifestantes lleva a cabo un mitin en las inmediaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicada en avenida José Vasconcelos 208 esquina con Benjamín Franklin, en la delegación Miguel Hidalgo, lo que causa tránsito lento en la zona.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la presencia de los inconformes afectan los carriles laterales en Circuito Interior.

A su vez, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM) refirió que los inconformes pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).

FUENTE: Notimex  

miércoles, 20 de agosto de 2014

Transforman 
a CFE en holding eléctrico




La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) que busca transformar a la paraestatal en una empresa productiva del Estado tiene en las prácticas corporativas la construcción de una holding eléctrica donde se participe de manera activa en una serie de negocios, se compita en un mercado abierto y regulado, con los nuevos participantes del mercado.
Con el cambio legal, la compañía mantiene a 100% su actual sistema de operación en todas las áreas, pero modifica sus criterios creando, por ejemplo, la comercialización para el sector doméstico, donde se aplica un subsidio al consumo y área para los grandes consumidores —mayoristas— que podrán adquirir la electricidad de la CFE u otro generador porque, a partir de la reforma, este mercado está abierto a la competencia.
La CFE debe realizar actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización de servicio básico, comercialización distinta a la de servicio básico y las actividades auxiliares o conexas a la industria eléctrica de manera independiente entre ellas.
“Para este efecto establecerá la separación que se requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y filiales para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente de la industria eléctrica y la competencia”, se consigna en el artículo 10.
El nuevo Consejo de Administración (CA) de la entidad, planteado en la Ley CFE, será el responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la empresa, pero además de lo que hagan las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.
El CA de la CFE debe establecer, según el artículo 12 de la Ley CFE: “La conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales de la CFE , sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales”, refiere el proyecto.
Debe “aprobar las directrices, estrategias, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de la CFE , sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales, y con la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales, debiendo indicar en ambos casos aquéllas que por su importancia o trascendencia deban ser autorizadas por el propio Consejo”.
El CA de la Ley CFE estará integrado por tres comités: Auditoría, Remuneraciones y Estrategia e Inversiones y con 10 consejeros, de los cuales cinco serán del gobierno federal, incluyendo al presidente del mismo, que será el secretario de Energía y el titular de Hacienda.
Habrá cuatro consejeros independientes, que no tendrán carácter de servidores públicos, sus funciones son a tiempo parcial y no podrán trabajar en ningún nivel del gobierno y un consejero designado por el sindicato de electricistas.

Controlará red eléctrica

CREARÁN OPERADOR INDEPENDIENTE
Las reformas constitucionales alcanzadas a fines de 2013 en el sector energético buscan desarrollar un nuevo modelo energético mexicano, donde uno de los temas principales es que el sector deberá abrirse a la competencia y las dos empresas del sector -Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad- deberán trabajar bajo un marco de transparencia y mejores prácticas.
El Estado se mantiene como el rector de la política energética a través de la Secretaría de Energía, que entre sus asignaciones posee desde la Ronda Cero hasta las licitaciones de bloques petroleros en la Ronda Uno y también establecerá los términos para fomentar el acceso abierto del sector eléctrico.
En la parte de electricidad se establece que se debe crear el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo descentralizado que va a funcionar como operador del sistema eléctrico nacional.
De acuerdo con las atribuciones del Cenace, deberá operar el mercado eléctrico mayorista, acceso a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución; es decir, asume una operación que en este momento tiene la CFE, quien debe transmitirla.
Este modelo lo que hace es ampliar la apertura del sistema eléctrico iniciado en la reforma de 1992 y queda de la siguiente manera:
Se abre la generación y distribución de electricidad para que los privados puedan participar libremente en el mercado, bajo la tutela de la CRE.
En transmisión y suministro los objetivos de la política es que el Estado mantenga el monopolio sobre la transmisión y el suministro eléctrico. Sin embargo, se permite que los particulares financien, instalen, mantengan, gestionen, operen o amplíen la infraestructura necesaria para ello.

Credito:
Luis Carriles / El Economista