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martes, 29 de abril de 2014

Jornada de Lucha por la Reivindicación de los Derechos de los Electricistas

Nueva Central de Trabajadores - Manifiesto del 1º de Mayo

Napoleón Gómez Urrutia es víctima de una persecución política: Interpol

Falso que juez haya ordenado detener al líder, dicen abogados de mineros

Para defensores, la histórica afirmación de la policía internacional desnuda el fondo del asunto
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Patricia Muñoz Ríos | Periódico La Jornada | Martes 29 de abril de 2014, p. 15
La comisión de control de los ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Lyon, Francia, rechazó una nueva solicitud formulada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México para que se emitiera una ficha rojaen contra del secretario general del sindicato nacional de mineros, Napoleón Gómez Urrutia, por considerar que se trata de una persecución política gestada en su contra.
En una carta que envió la Interpol al abogado de Gómez Urrutia en Canadá, David Martín –y que fue difundida ayer por el despacho del mismo–, señala que no es posible emitir la ficha roja contra el dirigente minero, conforme a las normas que rigen a dicha oficina, en tanto que se reconfirmó el carácter predominantemente político de las acusaciones formuladas por México en contra del licenciado Napoleón Gómez Urrutia.

Al respecto, los abogados en México del sindicato nacional de mineros señalaron que en primer término es falso que se haya resuelto por parte del magistrado del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, Luis Núñez Sandoval, que se lleve a cabo la inmediata localización y detención del líder minero.

Según indicaron, fue la PGR la que insistió en su solicitud de una ficha roja a la Interpol y para ello pretendió sustentar la misma, precisamente en la orden de aprehensión, por supuesto delito bancario a la que alude la seudorganización Veta de Plata, aun cuando la defensa de Gómez Urrutia ha demostrado el correcto manejo del fideicomiso minero y por tanto se han logrado desactivar de manera firme y definitiva diez acusaciones y órdenes de aprehensión iguales a esta última.
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Reproducción de la misiva que la Interpol envió al abogado de Gómez Urrutia
También consideraron que en un hecho insólito, la comisión de control de ficheros de la Interpol rechazó dicha solicitud de la PGR e incluso es la primera vez que ese grupo policiaco internacional declina una solicitud de México y se niega a emitir una ficha roja. Resolución que se derivó luego de discusiones en sus 84, 85 y 88 sesiones de la referida comisión.

Los abogados del sindicato minero comentaron que es una situación histórica el que “una entidad de la seriedad de Interpol califique de persecución política una solicitud –después de estudiar ampliamente el asunto e incluso recibir de PGR innumerables escritos y documentos–, es un hecho que pone de manifiesto el verdadero fondo de lo que ha venido sucediendo a lo largo de siete años de un mal uso de los aparatos del Estado mexicano, puestos al servicio de un empresario (Germán Larrea) a cambio seguramente de corruptelas que saldrán a la luz próximamente”.

Marco del Toro, abogado de este gremio, indicó que el proceso legal en México de Gómez Urrutia está en su fase final. El último asunto penal pendiente está en proceso de resolverse, ante la evidente violación a una sentencia de amparo dictada en favor del líder sindical, y serán los magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito quienes decidan en definitiva sobre el particular,muy a pesar de sus ilegales persecutores.

Fuente: La Jornada

lunes, 28 de abril de 2014

SME INFORME EN LA SHCP: Fernando Amezcua 28 Abril 2014



Video streaming by Ustream

SME CONCLUYE MITIN EN LA SHCP

Mensaje a la Resistencia del C. Carlos Magariño Luevano


Gestapo en ciernes

Reforma en telecomunicaciones

Martín Esparza Flores
MArtin-Esparza
El retrato hablado de lo que se prometió sería una reforma a favor de la sociedad y sus libertades democráticas, acotando el desmedido poder adquirido en décadas por los monopolios de las telecomunicaciones en el país, se transfiguró en la fase de parto de las leyes secundarias en una amenazante mutación con injertos nazistas,tendiente a conculcar no sólo el derecho a la libre expresión y la privacidad de millones de mexicanos, a través de la regulación y censura de los contenidos de Internet, dotando al gobierno, por añadidura, de facultades para la cancelación de cualquier medio que emita informaciones que a su juicio no deban ser difundidas.

Y pese a que antes de entrar a la etapa final de alumbramiento se anunció que la “deforme criatura” había sufrido una anticipada cirugía reconstructiva para limarle, en lo posible, sus aterradoras uñas y dientes con las que haría añicos los derechos humanos de los casi 40 millones de internautas del país, el trasfondo para poner a salvo los intereses de los poderos fácticos, se mantuvo intocable.

Al reverso de la moneda acuñada por la intolerancia, hay otra cara muy distinta y que sonriente otorga toda clase de prebendas a empresas como Televisa que a pesar de haber sido dictaminada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como agente económico preponderante en el área de la radiodifusión, se le exime de tal categoría en la rama de la televisión restringida o de paga, pese a controlar ya más del 51 por ciento del mercado de los usuarios a nivel nacional, gracias a los cabildeos realizados por los altos directivos del monopolio televisivo con la ayuda de su incondicional amanuense en el Senado, Javier Lozano Alarcón, actual presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo, quien a través de la adecuación a los artículos 264 y 276 de la iniciativa, abrió las puertas para que el poderoso consorcio prácticamente se apropie del sector, acrecentando así su presencia y naturaleza monopólica. Todo lo contrario a lo prometido durante el anuncio de la reforma, en 2013.

Las leyes secundarias, donde el PRI y PAN y sus partidos alfiles irán de la mano y en complicidad como en 2006 en que se dio luz verde a la llamada Ley Televisa, servirán para poner un dique a otro poderoso grupo, América Móvil de Carlos Slim, dictaminado también como agente preponderante en el área de las telecomunicaciones por el IFT, al que se le aplaza por dos años su participación en el mercado audiovisual.

Y a pesar del anuncio hecho a los medios por el nada fiable Javier Lozano de que se cancelaron las restricciones pretendidas al uso de Internet, el manejo de información y contenidos a través de diversos blogs, páginas y las redes sociales, que representan una clara violación a los derechos humanos de toda la sociedad, habrá que estar alertar, pues no hay que olvidar que de “buenas intenciones” está empedrado el camino al infierno y los expertos dictaminaron en la iniciativa por lo menos 12 flagrantes violaciones constitucionales.

Una Gestapo en ciernes que eche por tierra las contradicciones y falacias gubernamentales de que con las reformas nos va a ir mejor.

Las “guarimbas” de Venezuela: derecha embozada... Martin Esparza


Desde hace más de 1 década, el gobierno de Estados Unidos ha buscado por todos los medios arrebatar de forma ilegítima la Presidencia de Venezuela a quienes encabezan un proyecto político y social que se opone a entregar el petróleo y los recursos estratégicos de aquella nación a las multinacionales, sobre todo estadunidenses.
27 abril 2014 | Martin Esparza* | Contralínea
Los argumentos de “promoción y defensa de la democracia” que viene esgrimiendo la derecha venezolana para financiar por diversos puntos de aquel país la instalación de las llamadas guarimbas (cierre arbitrario de calles), como forma de presión al régimen de Nicolás Maduro, desde hace 2 meses, buscan obtener precisamente lo que las mayorías les negaron en las urnas: un reconocimiento y legalidad por la vía democrática.

En las elecciones presidenciales de abril de 2013, los votantes dieron la espaldaa los que ahora, apoyados por una campaña mediática orquestada desde Washington, intentan hacer creer al mundo que en la nación centroamericana hay un gobierno dictatorial y represivo, cuando el trasfondo del conflicto es de índole meramente imperialista y expansionista, ajeno a los intereses del pueblo venezolano.

La estrategia, puesta en marcha desde el pasado 12 de febrero, ha buscadocolgarle al proyecto desestabilizador el sello de un inexistente movimiento estudiantil, puesto en evidencia en reiteradas ocasiones al descubrirse el verdadero origen de quienes operan las guarimbas y otras acciones de provocación, como la quema de hospitales y edificios públicos; de las “protestas estudiantiles”, sólo el 30 por ciento de los detenidos por las autoridades son estudiantes, el resto aparecen como agitadores a sueldo.

Pero por si hubiera alguna duda sobre la mano de la derecha en la intención por cercar al gobierno de Maduro, estos estudiantes son miembros de escuelas privadas y conservadoras, que asisten a sus colegios en automóviles del año y tienen las posibilidades económicas para sufragar millonarias colegiaturas. Los estudiantes de las escuelas públicas, a los que la Revolución Bolivariana les ha permitido tener acceso a una educación gratuita, no se cuentan entre el reducido y bien focalizado “descontento social” que los corresponsales de la prensa extranjera buscan inventar por órdenes expresas del gobierno estadunidense, para confundir a la opinión pública internacional.

Es el momento para que, desde todos los foros posibles, voces libertarias y con legítima vocación democrática exijan a los medios de comunicación venezolanos y extranjeros –serviles a los intereses estadunidenses– una explicación al pueblo de Venezuela y al mundo sobre el papel que han venido jugando desde hace años, en la instrumentación del manipulado conflicto social, organizaciones como la FTI Consulting (supuesta “empresa global de gestión de riesgos”, con sede en Washington, Distrito de Columbia), de cuyas operaciones han salido los recursos para el patrocinio de organizaciones colombianas como la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la Fundación Internacionalismo Democrático, ambas ligadas al expresidente Álvaro Uribe, colaboracionista de Estados Unidos durante su gestión como mandatario colombiano de 2002 a 2010.

Los periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros sumados a la estrategia contra el legítimo gobierno de Venezuela han tratado de minimizar, por todos los medios, el documento obtenido y publicado por la abogada Eva Golinger, donde se detalla paso a paso la estrategia puesta en marcha en el presente año parar derrocar a Nicolás Maduro. Algunos de los “golpistas” que se reunieron en Colombia en junio de 2013 para afinar los detalles del proyecto de desestabilización son personajes que ahora tratan de ganar posiciones, “vía el diálogo”, para desde ahí iniciar su plan de minar por dentro al proyecto bolivariano. Entre ellos se cuenta a la diputada María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Aveledo; este último, actual secretario ejecutivo del bloque opositor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

A través de su organización Súmate, Corina Machado ha recibido financiamiento de Estados Unidos por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), ambas organizaciones son utilizadas por el gobierno estadunidense para hacer las labores de desestabilización que antes desempeñaba de manera encubierta su Agencia Central de Inteligencia, como el golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile, en 1973.

El revelador documento es la papa caliente que quema a todos los integrantes de la derecha y a los medios cómplices, ya que en el mismo se da cuenta de las acciones de sabotaje que se han echado a andar –como es la afectación a los servicios públicos como la electricidad– y cuyo objetivo es culpar al gobierno por su “ineficiencia”, lo mismo que “aumentar los problemas de escasez de alimentos básicos”, achacando a la administración de Maduro la instauración de un modelo económico equivocado. La producción de alimentos en Venezuela se encuentra en manos de empresarios de la derecha que están precisamente fomentando una escasez ficticia para poner al pueblo en contra de Maduro, como parte de la estrategia antes detallada.

Otros ingredientes ayudan a explicar que los hechos sucedidos en Venezuela no son obra de la casualidad y, menos, producto de un generalizado descontento social, sino elementos del plan instrumentado por la derecha que busca “crear una crisis en las calles para facilitar la intervención de la fuerzas estadunidenses y de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], con el apoyo del gobierno de Colombia”. Y para cerrar la pinza, fabricar una imagen represiva a Maduro y aislarlo de los apoyos internacionales, para lo cual se prevé “la contratación de periodistas y reporteros venezolanos e internacionales” de cadenas y medios tales como CNN, The New York Times, Reuters, AP, BBC, El País, Miami Herald y El Clarín, por citar algunos.

El proyecto golpista guarda silencio cuando de citar el contenido de los reveladores cables de Wikileaks se trata, como el que mostró la función de la Oficina de Iniciativas de Transición, que operaba para la embajada de Estados Unidos en Venezuela y que diseñó un proyecto de cinco puntos a ser ejecutados, en el periodo 2004-2006, contra el gobierno de Hugo Chávez, entre los que se buscaba aislar a su gobierno del resto del mundo, cooptar a sus cercanos colaboradores y fortalecer con recursos, vía organismos como la NED, a organizaciones contrarias al régimen chavista, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que tuviera una destacada participación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y que hubo de ser revertido por el apoyo masivo que obligó al ejército a dar marcha atrás. Ese apoyo que, luego de 18 procesos electorales, ha dicho no a una derecha obstinada en servir de tapete al gobierno estadunidense para cancelar un proyecto social y político que ha favorecido al pueblo venezolano.

Hay que decirlo a voz en cuello: en estos momentos es todo un proceso revolucionario lo que está en juego en Venezuela; es el derecho de las naciones pequeñas a defender sus valiosos recursos naturales, como el petróleo, para ser empleados en beneficio de las mayorías. Por eso debemos denunciar, por todas las redes sociales y los medios posibles, que las guarimbas de Venezuela no son más que la expresión de una embozada derecha, ansiosa de traicionar a su pueblo y a su patria.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

La derrota obrera


Más desempleo, empleo precario y caída de salarios es lo que espera a los trabajadores mexicanos. El panorama laboral no podría ser peor: la economía apenas crece 1.1 por ciento, muy lejos del 3.9 por ciento que se requiere para generar los empleos que hacen falta. En el primer año del regreso del PRI, el IMSS sólo contabiliza 378 mil nuevos afiliados de los 1.7 millones requeridos. Más de 2.3 millones de mexicanos sobreviven en la informalidad

Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza!
¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria.
Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo.
Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!
¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!
¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!
Adolph Fischer, redactor del periódico anarquista Arbeiter Zeitung, Chicago, Illinois, 3 de mayo de 1886

Es probable que el 1 de mayo sea uno de los días más tristes de Enrique Peña Nieto desde que inició su gestión como presidente de México, al margen de las artes que empleó para convertirse en el jefe del Ejecutivo. Acaso en ese día Enrique Peña se considere aún más agraviado y dolido que como dijo se sentía el 1 de diciembre de 2012. Quizá hasta se encuentre al borde de las lágrimas debido a su incapacidad para honrar sus palabras vertidas en su discurso de toma de posesión, porque los resultados arrojados por su gestión en materia de crecimiento, empleo y bienestar social son exactamente los contrarios a sus compromisos asumidos retóricamente.
Lo que sí es una certeza es que los trabajadores mexicanos llegan una vez más derrotados a la conmemoración de los mártires de Chicago, sus compañeros de clase que participaron en la llamada revuelta de Haymarket Square (Chicago, Estados Unidos) en mayo de 1886, los cuales fueron sangrientamente reprimidos, varios de ellos asesinados y algunos dirigentes encarcelados y condenados a la horca por suinsolente exigencia de 8 horas de trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa, entre otras reivindicaciones básicas. Concurren al Día Internacional del Trabajo con una batalla más perdida en la lucha económica de clases. Con sus intereses y derechos laborales conculcados, flexibilizados y sometidos como fardos al capital por obra y gracia de la contrarreforma laboral neoliberal calderonista-peñista. Vendidos por los dirigentes sindicales integrados a la estructura corporativa del Estado y las empresas. Víctimas de la estanflación registrada durante el año y medio transcurrido del peñismo. Agobiados por los escasos empleos formales creados en las peores condiciones laborales, el desempleo, el subempleo o la informalidad, que les ha obligado a emigrar o desertar del mercado de trabajo, a vegetar, a incorporarse en las robustas filas de la delincuencia ante la imposibilidad de encontrar un empleo digno o indigno. Desesperados por la pérdida sistemática en el poder de compra de los salarios reales que los condena a la pobreza y la miseria, situación convertida en una deliberada estrategia de Estado para controlar la inflación, reducir los costos de las empresas y elevar la competitividad del capital, por la política tributaria y de precios del gobierno. Abatidos y paralizados por el presente y el futuro sombrío al que han sido condenados.

Prometer no cuesta nada

En su primer discurso como Ejecutivo, Peña Nieto dijo: “hay un México de progreso y desarrollo, y otro que vive en el atraso y la pobreza. Hay un gran número de mexicanos que viven al día, preocupados por la falta de empleo y oportunidades, porque el país no ha crecido lo suficiente”. Y, rasgándose teatralmente las vestiduras, añadió: “Es inaceptable que millones de mexicanos padezcan aún de hambre. En el México de hoy no puede ni debe permanecer la situación de pobreza y hambre en que se encuentra un amplio sector de nuestra población y que, lamentablemente, divide a los mexicanos”. Cariacontecido, agregó: “Estas condiciones nos agravian, nos duelen [y] dañan la imagen de México en el exterior”. Por esas y otras razones, adicionó en unataque de lirismo: “Éste es el México que hay que transformar. Mi compromiso es […] acelerar el crecimiento, promover la economía formal. Mi prioridad, el principio elemental de mi política social, [es] elevar la calidad de vida de las familias mexicanas, lograr que tengan un piso básico de bienestar, cerrar la brecha de la desigualdad”; alcanzar “un México incluyente, una sociedad de clase media, con equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades. Debemos entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia”. Ya encarrilado, como un iluminado circunstancial, remató: “En el México que vislumbro hay justicia e inclusión, que serán las bases del pacto social. Es tiempo de romper, juntos, los mitos y paradigmas, y todo aquello que ha limitado nuestro desarrollo”.
Año y medio después, el único avance perceptible es el relativo a la demolición de mitos y paradigmas. Pero no a los “que han limitado nuestro desarrollo”, lo que hubiera implicado dar un viraje estratégico, abandonar el modelo neoliberal, responsable del estancamiento económico padecido entre 1983 y 2014, de la creciente exclusión social, la pobreza y la miseria generalizada. Los mitos y paradigmas en contra de los cuales ha arremetido Enrique Peña Nieto son los del antiguo régimen estatista-nacionalista que obstaculizan la radicalización y el redespliegue neoliberal. Entre ellos destacan los que frenaban la reprivatización y trasnacionalización energética, que llevará al desmantelamiento de las organizaciones corporativas de los empleados petroleros y electricistas, o que protegían constitucionalmente los derechos laborales –prestaciones, servicios de salud, seguridad e higiene en las empresas, permanencia, horarios–, al menos en la ficción jurídica, y restringían la sobreexplotación del trabajo asalariado, tarea facilitada por el control corporativo de los capos sindicales que prefirieron inmolar a los trabajadores para salvaguardar sus privilegios.
En cambio, la situación del mercado laboral y las condiciones de vida de los trabajadores, por las cuales Enrique Peña dijo sentirse profundamente agraviado y dolido, son peores a las registradas al inicio del gobierno priísta. La información oficial no deja lugar a equívocos.
Nadie puede dudar que a la población le angustie la falta de empleos formales, los diversos grados de hambre que padecen y la pauperización que sufren las mayorías.
A todos les preocupa. Menos a la minoría oligárquica. Porque su fortuna se ha logrado a costa de la pobreza y la miseria de las mayorías.
Tampoco a los neoliberales como Peña o Luis Videgaray, porque ellos han sido los gerentes responsables de instrumentar las políticas causantes de la polarización social, del genocidio económico.
Sólo les inquieta la inseguridad que ellos mismos han generado y han buscado resolverla con el exterminio de la escoria delincuencial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en lo que va de la presente década, la población económicamente activa (PEA) –es decir, quienes están en edad de trabajar– aumenta anualmente en 1 millón 325 mil personas en promedio. Ese mismo número de plazas se requerirán cada año para ocupar a quienes buscan por primera vez una plaza en el mercado laboral formal. Durante el sexenio de Peña Nieto se necesitarán 7 millones 950 nuevos empleos acumulados. Si se desea reducir el desempleo, el subempleo, la informalidad, la emigración y la inseguridad, la cantidad debe ser sustancialmente mayor.
Entre 2011 y 2012, los nuevos empleos demandados sumaron 2.7 millones, y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reflejan la oferta formal, ascendieron a 1.3 millones. La mitad fue ocupada. La otra mitad tuvo que buscar otras formas de supervivencia. En ese bienio la economía creció 3.9 por ciento en promedio anual.
Para enmendar los agravios, atemperar el dolor ajeno, reducir la preocupación social por la falta de empleos, y hasta para enjugar las lágrimas de las mayorías, la economía debió crecer “suficientemente”, según el razonamiento de Peña, aun cuando nunca especificó cuánto es “suficiente”…

¿Cuánto es “suficiente”?

Por lógica, el ritmo de expansión en el primer año peñista debió superar la tasa de 3.9 por ciento, si se aspiraba a generar los empleos requeridos por primera vez y avanzar en la reabsorción de los excluidos del pasado reciente. Pero apenas fue de 1.1 por ciento, la peor desde 2009, cuando la economía se derrumbaba en 4.7 por ciento. Los peñistas no sólo no hicieron nada para contrarrestar la atonía económica: con su indiferencia y retraso en el gasto público, la convirtieron en una breve recesión y en el estancamiento que ya se extiende hacia la primera mitad de 2014.
Por la misma lógica, era natural que la creación de empleos se desplomara.
El IMSS sólo contabiliza 378 mil nuevos afiliados de los 1.7 millones requeridos, entre la toma de posesión peñista y el cierre de febrero de 2014. Es decir, 2.3 millones, el 77 por ciento, no encontraron nada en la formalidad.
El problema adicional es que, sin reformas estructurales, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray proponen para el sexenio una tasa de crecimiento media anual de 3.1 por ciento. Con ellas, de 3.9 por ciento. Ninguna de las dos opciones será “suficiente” para generar los empleos formales necesitados.
¿Cómo se empezarán a mitigar las cuitas de los trabajadores mexicanos?
No con Peña Nieto, desde luego.
Las estadísticas, sin embargo, evidencian que los empleos creados son mayores a los reconocidos por el IMSS. Pero la diferencia se ubica allende del mercado formal, mostrando las llagas perniciosas del drama laboral. Veamos los detalles.

La atrofia del mercado laboral

Según el Inegi, entre 2012 y 2013, el total de ocupados pasó de 49.1 millones de personas a 50.2 millones. Aumentó en 1.2 millones, equivalente al 88 por ciento de los 1.3 millones requeridos. De la primera cantidad, 463 mil se ubican en los registros del IMSS y representan el 40 por ciento de los nuevos empleos.
Por otro lado, los trabajadores subordinados con percepciones salariales y no salariales disminuyeron de 34 millones a 33.7 millones. Se reducen en 328 mil personas, en 1 por ciento. Su participación en la ocupación total bajó de 69.7 por ciento a 67.2 por ciento.
¿Si el mercado laboral formal se contrae, dónde se ubica el resto de los ocupados?
En los intersticios fantasmales y precarios de la economía llamada “informal”.
Entre las personas que laboran por su cuenta –porque de alguna manera tienen subsistir– aumentaron de 10 millones a 11.1 millones, 1.1 millones más, 11 por ciento más. Su peso relativo en el empleo total se elevó de 20.3 por ciento a 22.1 por ciento. Los asalariados perdieron 2.3 puntos porcentuales. Los que trabajan por cuenta propia ganaron 1.8 puntos.
De las 1.2 millones de nuevas plazas, 722 mil, el 62 por ciento del total, se generan en el sector terciario; 381 mil, el 33 por ciento, son aportadas por el comercio; 587 mil de las nuevas ocupadas, la mitad del total, carecen de un establecimiento para realizar sus actividades. Son los “emprendedores” de la informalidad. En 2013 el sector agropecuario no proporcionó nuevos empleos.
Enrique Peña Nieto dijo que era “inaceptable que millones de mexicanos padezcan hambre” y sobrevivan en la pobreza.
Pero en su primer año de gobierno la mayoría de los nuevos empleos se ubicaron en el rango de los salarios de hambre que perpetuán la pobreza y la miseria.
Los empleos que pagan más de 5 veces el salario mínimo (VSM) retrocedieron en 296 mil. Su total se redujo de 3.9 millones en 2012 a 3.6 millones en 2013, y su participación en el total de los ocupados cayó de 8 por ciento a 7.3 por ciento. El 78 por ciento de los nuevos puestos pagan salarios de uno a dos VSM. Los que se ubican en la mínima percepción aumentaron en 443 mil, por lo que su total se elevó de 6.4 millones a 6.9 millones, y su participación en el total pasó de 6.4 a 6.9 por ciento. Los que pagan 1.1-2 VSM se elevaron en 467 mil, de 11.3 millones a 11.7 millones y, su proporción en el total subió de 23 por ciento a 23.4 por ciento.
De los 1.2 millones de empleos creados, 805 mil, el 69 por ciento del total, carecen de la cobertura de salud. Así, el número de ocupados sin ese servicio aumentó de 31.1 millones a 31.9 millones en la corta vida del peñismo. Los trabajadores asalariados subordinados sin prestaciones sociales se incrementaron en 323 mil; de 12.6 millones a 12.9 millones, equivalentes al 38.1 y 38.2 por ciento de esta clase de ocupados.
Lo que no ha sido inaceptable para Peña Nieto es el mantener la ley de hierro sobre los salarios, la imposición de sus aumentos en línea con la inflación esperada y no con la alcanzada. No se le ha ocurrido fijar sus alzas por encima de la inflación para impulsar la recuperación de su poder de compra, lo que sería un acto de justicia para los trabajadores, luego de 38 años de deterioro sistemático de los salarios reales. Tampoco le parece inaceptable que, mientras los salarios son controlados, los precios se mueven libre y alegrementecomo las golondrinas en el verano. Mucho menos le ruboriza que, durante su mandato, Videgaray se haya encaprichado en que los precios administrados por Hacienda dupliquen al aumento salarial.
En 2013, el alza de los salarios mínimos y contractuales fue el mismo: 4.3 por ciento. La inflación media de 4 por ciento. La canasta básica subió en 5.2 por ciento; los energéticos (electricidad, gas, gasolinas), en 8.3; y las tarifas autorizadas por el gobierno, en 9.3 por ciento.
En lo que va de 2014, dichos salarios aumentaron 3.9 y 4.2 por ciento, respectivamente. La tasa anualizada de la inflación para marzo fue de 3.8 por ciento.
En estos primeros meses, el costo de la canasta básica fue de 5.5 por ciento, el precio de los energéticos se incrementó en 9.8 por ciento y las tarifas autorizadas, en 9.6 por ciento.
Si la inflación le restó poder de compra a los salarios, el aumento en los impuestos directos e indirectos decretados para 2013 y la invención de otros por el creativo Videgaray redujeron aún más los ingresos disponibles por la población para su vida diaria. Al menoscabo anterior debe agregarse otro: la graciosa habilidad empresarial por trasladarle a los consumidores su inflación fiscal y de costos de producción por la vía de mayores precios finales.
Con toda justicia, lo anterior puede calificarse como una injusticia. Una deliberada razón de Estado: una política antisocial en toda regla.
Como los neoliberales que lo antecedieron, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray administran la permanencia de la miseria salarial. La pérdida del 77 por ciento en el poder de compra de los mínimos y del 52 por ciento de los contractuales.
Se ve que el agravio y el dolor que dice sentir Peña por el hambre, la pobreza y la miseria son sólo de dientes para afuera. Un gesto histriónico.

El desvarío justiciero e inclusivo de Peña Nieto

Los datos arrojados por el peñismo en materia de desempleo, subempleo e informalidad contradicen el México que vislumbró el presidente de la República, descrito como el de un país con justicia e inclusión social.
Esa visión se convirtió en una especie de delirio sin sustento material, por lo que difícilmente puede ser parte de un pacto social. Es más bien su disolución.
Oficialmente, entre 2012 y principios de 2014, la tasa media de desempleo abierto ha caído de 5 a 4.9 por ciento. Nada significativo. Entre 2012 y 2013, los trabajadores desempleados disminuyeron en 75 mil, al pasar de 2 millones 508 mil a 2 millones 432 mil.
En un país carente de seguro contra el desempleo (pues el aprobado para 2014 es un cruel sarcasmo para los trabajadores que sean arrojados a la calle y puedan disponer del mismo), es irrelevante la baja en los el número de despedidos. Hasta de las estadísticas desaparecen.
La tasa de subocupación, en cambio, subió de 8 a 8.2 por ciento de los ocupados. Los subocupados se incrementaron en 183 mil. Pasaron de 3.9 millones a 4.1 millones.
Lo notable es qué hacen los excluidos del mercado laboral formal.
Algunos simplemente abandonan la búsqueda de empleo. Cuando eso ocurre, la persona es reclasificada de económicamente activa a inactiva disponible para trabajar. De activa se convierte en pasiva vegetativa familiarpara cuadrar las estadísticas laborales. Quienes se encuentran en este caso pasaron de 6 millones 356 mil a 6 millones 339 mil, sin que la diferencia implique el traslado de pasivo a activo. En sentido estricto, ellos deberían sumarse a los desempleados abiertos y (des)esperanzados de encontrar alguna ocupación formal, con el objeto de tener un panorama más amplio y descarnado de la desmovilización laboral.
Sin embargo, el indicador que proporciona una mejor perspectiva del drama laboral en México es la llamada informalidad.
El Inegi ofrece dos opciones estadísticas para que el cliente elija, por si quiere ver el paisaje laboral de manera optimista o pesimista, o según su sesgo ideológico, ya sea neoliberal o antineoliberal.
La opción optimista y neoliberal es la ocupación en el sector informal, la cual considera a “las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan con recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad, sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo, tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación” (Inegi).
Esos informales aumentaron en 350 mil personas en el primer año peñista y equivalen al 30 por ciento del total de nuevas ocupaciones (1.2 millones), al 93 por ciento de los nuevos afiliados al IMSS y casi cinco veces a la reducción de los desempleados abiertos (75 mil).
Parte de estos últimos se agregaron a esos informales.
El total de dichos informales pasó de 13.1 millones a 14 millones y equivalieron, en ambos casos, al 28 por ciento de los ocupados totales.
La opción para los pesimistas y los críticos es la informalidad laboral, que “suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. En esta tasa se incluye –además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal– a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas” (Inegi).
La tasa de esta informalidad cayó de 60 por ciento de los ocupados a 59 por ciento. Si en 2012 el total de ocupados sumó 49 millones, la primera tasa equivale a 29.4 millones de personas. En 2013, los ocupados fueron 50.2 millones y los informales ascendieron a 29.6 millones. Es decir, agregaron 198 mil personas.
Los datos anteriores indican que la normalidad laboral mexicana es la informalidad, y que la anormalidad es la formalidad precaria e inestable que se extingue lastimeramente.
La contrarreforma laboral peñista busca homogeneizar al mercado fragmentado en la precariedad, la pobreza y la miseria.
En este contexto, la destrucción de sindicatos como el Mexicano de Electricistas o el de Mexicana de Aviación, al que seguirán la disolución de las organizaciones de los maestros, los petroleros, los electricistas corporativizados y los telefonistas, entre otras organizaciones de clase, acelerarán la derrota obrera.
Más que como Ejecutivo, Peña Nieto ha resultado un experto en demoliciones.




Fuente: Contralínea| Marcos Chávez

Programa Frecuencia Laboral del sábado 26 abril 2014


Audio directo del portal

Frecuencia Laboral: "El espacio donde los trabajadores son la noticia"
Con Lourdes Martínez y Martín Esparza

Peña, Osorio y Azcárraga, tras la campaña sucia contra Aristegui: AMLO


TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava y al empresario Emilio Azcárraga Jean, de estar tras la campaña sucia contra la periodista Carmen Aristegui.

Recientemente Aristegui denunció que desde noviembre pasado inició una “campaña sucia” en su contra.

En su noticiero matutino en la cadena MVS, la periodista dijo que su equipo no ha podido identificar quién está detrás de los ataques en su contra y que “hay una maquinaria echada a andar y desde algún sitio con propósitos de fastidiar, de hostigar, de inhibir las conductas críticas y periodísticas”.

Al respecto, el excandidato presidencial dijo en entrevista que, tras la embestida contra la conductora de Noticias MVS, es menester “señalar a los autores intelectuales más que a los operadores de la estrategia sucia para contrarrestar la verdad”.

Agregó:

“A mí me gusta señalar a los autores intelectuales, a los verdaderos responsables de esa campaña sucia, no a los operadores, pues lambiscones hay muchos fuera y dentro del propio gobierno”, dijo el tabasqueño.

Indicó que los responsables de esa campaña son Peña Nieto, Osorio Chong, Azcárraga Jean y Luis Miranda desde Gobernación.

Tras una gira de cuatro días en Chiapas que concluye hoy en los municipios de Suchiapa, Soyaló e Ixtapa, López Obrador ofreció esta mañana una conferencia de prensa en el que dijo que si bien no confía en el Instituto Nacional Electoral (INE) por estar al servicio de los intereses de la mafia en el poder, no tiene otra alternativa para la lucha pacífica y electoral por la que siempre ha pugnado.

Sostuvo que el INE está “secuestrado” por mafiosos que lo mueven a su antojo e imponen consejeros, pero que aún con esa desconfianza caminará por la vía electoral y que ahora sólo espera el registro como partido político del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues rebasó con mucho los requisitos legales establecidos.

Indicó que más que la búsqueda de cargos públicos electorales, lo que busca Morena es incidir en la transformación de México; presionar para que en el futuro las cosas puedan cambiar hacia un escenario democrático.

Exhortó a sus seguidores a prepararse para la contienda federal y local en Chiapas del 2015, cuando se elegirán alcaldes, diputados locales y federales.

Aseguró que en Morena la mitad de los candidatos serán hombres y la otra mitad, mujeres.

“Que nadie espere sentado la candidatura y que se esfuercen en caminar y hacer campaña todos los días sin cansancio: lo único que les vamos a dar son los volantes y un par de tenis para que caminen mucho”.

El líder de Morena afirmó que entre muchas personas sigue la inquietud de si será o no otra vez candidato presidencial en el 2018, por lo que aclaró:

“Si la gente lo quiere y estoy vivo, estaré de nuevo en la boleta electoral. No andemos con simulaciones, acá no hay tapados”.

Reiteró que ya no pertenece al PRD porque los dirigentes de dicho partido se fueron del lado de Peña Nieto y apoyaron el Pacto por México que –consideró– en realidad sólo es un pacto contra México al grado que diputados y senadores perredistas votaron por el aumento al precio de las gasolinas que y por ello él “pintó su raya”.

“Ya no estoy en el PRD, ahora estamos construyendo esta nueva organización Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus puertas están abiertas para todos los que quieran apoyarla”, enfatizó.



Fuente: Proceso| ISAÍN MANDUJANO

Rechazan amparo de Gómez Urrutia, ordenan captura


Ordenan la inmediata localización del dirigente minero para ponerlo a disposición de un juez federal, tras comprobarse el desvío de 55 mdd de un fideicomiso 

El Primer Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal rechazó otorgar un amparo a Napoleón Gómez Urrutia, y confirmó la orden de aprehensión en su contra. 

Lo anterior se determinó al comprobarse "la existencia de datos que acreditan suficientemente el cuerpo del delito, así como su probable responsabilidad penal", en relación al desvío de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/9645-4. 

La notificación la hizo el magistrado del circuito, Luis Núñez Sandoval, el 24 de abril, según información del Consejo de la Judicatura Federal. 

Una vez rechazado el amparo que solicitó Gómez Urrutia, se ordena su inmediata localización y captura para ponerlo a disposición del juez federal de la causa, a fin de que rinda su declaración preparatoria y se resuelva su situación jurídica.

 Lo anterior, luego de que se negara un amparo solicitado por el dirigente minero contra las órdenes de aprehensión giradas y confirmadas por al menos tres tribunales penales federales.

 El titular del tribunal penal sobreseyó el juicio de garantías 51/2013, al no encontrar motivos para suplir su deficiencia, ya que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultaron inoperantes e infundados.

 Además de que los representantes legales del dirigente minero no acudieron a la audiencia constitucional celebrada el pasado martes.

 El amparo solicitado por Gómez Urrutia buscaba combatir las órdenes de aprehensión giradas en su contra por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF; así como por el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito; y, por el Juez Decimosegundo de Distrito de procesos Penales Federales en DF.

Fuente: El Universal| Elena Michel

viernes, 25 de abril de 2014

Grupo Dish califica de “traidora” la propuesta de Lozano sobre multiprogramación


Javier Lozano, senador panista. Foto: Benjamin Flores
Javier Lozano, senador panista.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Grupo Dish criticó el anteproyecto de dictamen de la ley de telecomunicaciones presentado por el senador panista Javier Lozano porque, apuntó, incorpora una “innovadora ocurrencia” en el artículo 159, que significará que “el duopolio televisivo decida unilateralmente qué canales de televisión abierta podrán verse y cuáles no en los sistemas de televisión de paga, afectando el derecho a la información de más de 50 millones de mexicanos”.
El documento de Lozano agrega el siguiente párrafo en el artículo 159 sobre multiprogramación: “Los concesionarios de uso comercial y de uso social de televisión radiodifundida que tengan autorizada la multiprogramación de la señal de su concesión, señalarán al concesionario de televisión restringida, incluidos, en su caso, los de televisión vía satélite, cuál de las señales radiodifundidas será objeto de transmisión”.
En un comunicado de prensa, Grupo Dish, competidor del sistema Sky –filial de Grupo Televisa– en los sistemas de televisión de paga vía satelital, recordó que uno de los avances más importantes de la reforma constitucional fue la figura del must carry y del must offer, que incluso provocó un diferendo jurídico sobre las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Ese innegable avance, que fue ratificado por el IFT en los lineamientos que dio a conocer el pasado 21 de febrero y confirmados en la iniciativa” del Ejecutivo federal sobre telecomunicaciones, “son traicionados en el proyecto del senador Lozano”, apuntó.
Hasta el momento, Lozano sólo comentó en su cuenta de Twitter que la reacción de Grupo Dish es porque también afectará “uno que otro monopolio”.


PROCESO  


24 de abril de 2014 

Jóvenes acusan a personal de Seguridad Pública del DF de golpearlos y robarles pertenencias


Los detienen en instalaciones del Metro para quitarles videos sobre agresiones policiacas
Dos integrantes de Brigada Informa Altavoz realizaban su trabajo de documentar la actuación de la fuerza pública en movilizaciones
Se abrió expediente en San Lázaro: diputado del PRD
Josefina Quintero | Periódico La Jornada | Viernes 25 de abril de 2014, p. 36
Durante casi tres horas, sin motivo aparente, tres personas que participaron el martes pasado en la marcha contra la ley de telecomunicaciones fueron retenidas en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fueron aprehendidas en las instalaciones del Metro, golpeadas, sometidas y despojadas del material que habían grabado de las agresiones de granaderos a manifestantes y visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Marisol Hernández y Andrés Landeros son integrantes de Brigada Informa Altavoz, organización creada para documentar y difundir en Internet el proceder de los cuerpos de seguridad en la ciudad.

El martes pasado realizaron su trabajo como medio independiente; grabaron la sesión del Senado donde se discutía la iniciativa de telecomunicaciones.

Más tarde, durante la marcha de protesta, filmaron la confrontación entre granaderos y manifestantes frente al edificio de Televisa Chapultepec. Tras obtener las imágenes y testimonios de los detenidos que fueron golpeados, se retiraron.

A las 22:30 ingresaron a la estación Balderas del Metro con varios compañeros, y al llegar a la estación Pino Suárez se separaron. Marisol y Andrés iban por el andén en dirección a Tasqueña cuando fueron interceptados por un par de mujeres vestidas de negro.

¿Tú tienes las imágenes?, relató Andrés Landeros que le preguntaron, y de inmediato intentaron replegarlos a las escaleras, pero opusieron resistencia y pidieron el apoyo de los usuarios. Marisol intentó grabar con el celular la detención, pero la mujer corpulenta se lo arrebató.

El apoyo de la gente amedrentó a la pareja de negro, que salió corriendo con el celular y otras pertenencias. El policía bancario que cuidaba los torniquetes intercambió un par de palabras con ellos y les abrió paso, aseguraron.

Minutos después, unos 25 policías auxiliares ingresaron al Metro y a golpes los sometieron junto con otro usuario. Antes de subirlos a una patrulla Marisol identificó a una de las mujeres de negro que los interceptaron en el andén. Era la que más la golpeaba. Al verle el rostro le preguntó: ¿Me vas a matar, maldita? Y le respondió:Eso quisiera, perra.

Ya a bordo de la patrulla recorrieron varias calles, estuvieron en dos coordinaciones territoriales de Cuauhtémoc sin que los presentaran ante el Ministerio Público. Cerca de la 1:30 fueron liberados ante la presencia del diputado Roberto López, del PRD.

El legislador federal informó que, ante esos hechos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados abrió un expediente para investigar y exigir que se sancione a los responsables de las agresiones.


Señaló que ya solicitó al director del Metro las grabaciones para documentar la detención arbitraria y que tuvo una reunión en la Secretaría de Gobierno del GDF, donde trató el asunto.


El también diputado federal perredista Carlos Reyes Gámiz manifestó su preocupación porque la SSP-DF no esté bajo un control democrático y cargue con cuestionamientos de violación a los derechos humanos y ataque las libertades ganadas en esta ciudad.

Indicó que el jefe de la policía, Jesús Rodríguez Almeida, tiene la alta responsabilidad de garantizar la libre manifestación y debe saber que esta ciudad logró sus derechos como conquistas, y debe garantizarlos.

Fuente: La Jornada