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viernes, 29 de noviembre de 2013

Marcha el SME a Gobernación junto con miembros de la CNTE



Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcharon ayer a la Secretaría de Gobernación (SG) para demandar que se cumpla con el acuerdo de otorgar las jubilaciones a mil 400 trabajadores del gremio que tienen este derecho, así como para exigir que el gobierno les entregue de manera oficial la propuesta que ya tiene elaborada de reinserción laboral para más de 15 mil trabajadores en resistencia.

En la movilización de ayer confluyeron los gremios de electricistas y de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente de las secciones de Veracruz, que también marcharon al Palacio de Covián con su agenda propia.

En las inmediaciones de Gobernación tuvo lugar un mitin en el que el secretario general del SME, Martín Esparza, aseguró que en la reunión que sostuvieron la semana pasada con funcionarios de la dependencia, les informaron que ya se tenía la propuesta de reinserción laboral para este gremio. Por ello, ahora demandan que ésta se entregue de manera oficial y por escrito a la dirección del sindicato, para llevarla a discusión a las bases.

En lo que respecta a las jubilaciones acordadas para los smeítas que ya cumplieron con los años laborados, Esparza señaló que si no les han concretado sus pensiones a estos trabajadores no es porque no haya recursos, sino por una cuestión política.

El dirigente, junto con parte del comité ejecutivo, acudió ayer mismo a una sede alterna a la SG a una mesa de negociación en la que estuvo el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Antes, en el mitin que aglutinó a cientos de trabajadores, expuso que se ha emprendido una campaña criminal de linchamiento contra diversos gremios, a quienes culpan de todos los problemas que hay en el país, y los llaman privilegiados, pero cuando nos enteramos de que un ministro va a recibir 989 mil pesos de aguilando, decimos: entonces, ¿quiénes son los privilegiados? Llamó a una movilización mayor para la próxima semana.

Patricia Muñoz Ríos

 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de noviembre de 2013, p. 15 

El SME entre los ganadores del premio social “Carlos Montemayor 2013″

Y los ganadores premio social “Carlos Montemayor 2013″ son… 


28 noviembre 2013 | Niza Rivera | Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- El comité organizador del Premio Nacional “Carlos Montemayor” anunció a los ganadores de la edición 2013: el cantante Gabino Palomares, el luchador social Ignacio del Valle, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Canal 6 de Julio, quienes recibirán un reconocimiento el 6 de diciembre en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El reconocimiento, a diferencia del Premio Interamericano de Literatura “Carlos Montemayor” (del gobierno de Chihuahua) y del Premio Bellas Artes de Testimonio “Carlos Montemayor” (del Instituto Nacional de Bellas Artes), fue instaurado en 2010 después de la muerte del escritor y se otorga a los individuos, grupos o artistas que participan de manera destacada en la lucha por un cambio social, y por la justicia y dignidad en México.

El comité organizador está constituido por miembros de asociaciones e integrantes de organizaciones civiles y luchas sociales en nuestro país, así como por familiares del prolífico escritor.

La decisión de reconocer a los premiados fue la siguiente:

“Al cantante y compositor Gabino Palomares, en reconocimiento a la aportación de la música popular y de protesta, y su apoyo decidido a los movimientos sociales por varias décadas; a Ignacio del Valle Medina –del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)– por su larga trayectoria de lucha y ejemplo de combatividad y congruencia en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

“Al Sindicato Mexicano de Electricistas por sus 99 años de vida, y por su dignidad y resistencia frente a la ofensiva gubernamental en contra de los derechos laborales, y al Canal 6 de Julio por su incansable e indoblegable labor de documentación y denuncia de la situación política que se vive en México.”

Este último fue fundado por Carlos Mendoza.

Durante el evento también se entregará una mención honorífica a Malú García Andrade, directora general de asuntos jurídicos de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa; a los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, productores del documental Presunto culpable (2011); a Rodolfo Chávez Galindo por su participación en la defensa de La Parota y por “su congruencia y solidaridad”; a Manuel Álvarez Garín, miembro de la Coalición de Maestros Universitarios en apoyo al movimiento estudiantil de 1968, y María del Consuelo Tejeda, integrante del Comité Nacional de Lucha en 1968, como “ejemplos de honestidad y congruencia”.

Durante el acto se contará con la participación musical del grupo Chilaquiles Verdes y la lectura de poesía de Carlos Montemayor a cargo de Ana Kerigma y Adolfo Palma.

Los ganadores del Premio Nacional “Carlos Montemayor” han sido, en 2010, la periodista Verónica Villalvazo; 2011, Concepción Calvillo, viuda del dirigente socialdemócrata Salvador Nava: el militante ferrocarrilero Luis Sosa Pérez y la revista Contralínea y, en 2012, a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como al luchador por los derechos de los migrantes, el sacerdote Alejandro Solalinde, y la periodista Carmen Aristegui.

Montemayor (Chihuahua, 13 de junio de 1947-DF, 28 de febrero de 2010), poeta, narrador y traductor, dirigió la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables del país. Sus investigaciones fueron determinantes en el rescate histórico del 2 de octubre de 1968, y tuvo un trabajo infatigable en la recuperación y redignificación de eventos sociales, como el de los combatientes del asalto al cuartel de Ciudad Madero, Chihuahua, del 23 de septiembre de 1965.

La distinción será entregada este 6 de diciembre a partir de las 16 horas, en el auditorio “Digna Ochoa” 2 de la CDHDF, ubicado en Universidad 1449, colonia Florida.

Marcha del SME en protesta por tarifas eléctricas. Foto: Eduardo Miranda

COMUNICADO A TODA LA RESISTENCIA.

Compañer@s.

De última hora y en forma irresponsable, el gobierno de EPN canceló la reunión citada para el día de hoy con la SEGOB. Éste hecho constituye una nueva maniobra del Gobierno para intentar desgastar a nuestro movimiento, cosa que no ocurrirá, menos ahora que tenemos el apoyo decidido del magisterio democrático.

Pesé a todo, la MESA de NEGOCIACIÓN CONTINÚA, NO ESTA ROTA Y SE REANUDA CON LA SEGOB el próximo lunes, por lo que nuestro Plan de Acción continúa:

1.-El domingo primero de diciembre marchamos del Ángel de la Independencia al Zócalo en contra de la Reforma Energética, la cita es a las 10 am.
2.- El próximo lunes (2 de diciembre) nos reuniremos en el SME, a las 1 pm, para evaluar la situación y tomar las acciones correspondientes.


¡La lucha sigue!
¡Ni un paso atrás!
¡Unidos venceremos!


Martín Esparza Flores.
Secretario General.



Eduardo Bobadilla Zarza.
Secretario del Interior.



José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Marchan maestros y electricistas hacia Gobernación para exigir mesa de diálogo


Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan hacia la Secretaría de Gobernación para exigir una mesa de negociación.

El contingente, en su mayoría integrado por miembros del SME, partió del edificio del gremio electricistas hacia Paseo de la Reforma para continuar por la calle de Bucareli.

Integrantes de la instancia de coordinación del magisterio señalaron que mantendrán su exigencia de que el gobierno federal y estatal atiendan su pliego de peticiones, porque "no es aceptable que pretendan regresarnos a dialogar con las autoridades locales, que son quienes se niegan a tender nuestras peticiones".

Se prevé que los manifestantes realicen un mitin en las inmediaciones del Palacio de Covián.

Marcha SME a Gobernación

Alrededor de mil 500 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) partieron en marcha de su sede, en Avenida Insurgentes y Antonio Caso, hacia la Secretaría de Gobernación, en Bucareli.

Hacia las 13:00 horas los electricistas arribaron al sitio.

Marchan SME y CNTE hacia Segob

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcharon este medio día rumbo a la Secretaría de Gobernación para exigir la instalación de una mesa de negociación con el magisterio de Veracruz.

Un nutrido contingente partió a las 11:00 horas de las sede del SME ubicada en Insurgentes Norte y continuó por Reforma. Frente al Senado de la República se detuvo unos minutos para gritar consignas en contra de legisladores en demanda de que se logre un acuerdo que permita a los profesores veracruzanos estabilidad en sus empleos.

Con pancartas en repudio a la represión que, dicen, han enfrentado algunos maestros que se oponen a la Reforma Educativa en aquella entidad, los miembros de la CNTE harán un mitin en las inmediaciones del Palacio de Covián en donde solicitarán se permita el ingreso de una comisión única de negociación con las autoridades.

En este contexto, los profesores provenientes de Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Estado de México informaron que durante la madrugada salió en libertad la profesora Rocío Guadalupe Domínguez, detenida en días pasados por agredir con un arma punzocortante a elementos de la policía capitalina durante un mitin.

Su paso por avenida Insurgentes en su cruce con Reforma se llevaron a cabo cierres viales, lo que provoco largas filas de automóviles e incluso la interrupción del servicio de Metrobús de la Línea 1 que corre de Indios Verdes al Monumento al Caminero.

SME Martín Esparza Flores en Foro Análisis sobre la Reforma Energética 28 Noviembre 2013


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Cuahutémoc Cárdenas en Foro Análisis sobre la Reforma Energética 28 Noviembre 2013

             
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Reclaman a diputados en el primer foro sobre marchas

Pretenden hacer una simulación de debate, cuando ya modificaron el Código Penal


Ángel Bolaños | Periódico La Jornada | Jueves 28 de noviembre de 2013,

FotoEstudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reclamaron a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que pretendan hacer unasimulación de debate sobre el tema de la regulación de marchas cuando ya aprobaron reformas al Código Penal elevando las penas a los delitos de robo, daño en propiedad ajena, lesiones y homicidio contra agentes de los cuerpos de seguridad durante el desarrollo de manifestaciones públicas.

Lo anterior, en el primer foro La protesta social y las marchas en la ciudad de México, que realiza el órgano legislativo sobre el tema en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.
Universitarios de diferentes colectivos, como El Tribuno Popular, pegaron junto al acceso al recinto un cartel para pronunciarse en contra de la iniciativa que presentó el PAN en el Senado para regular las manifestaciones, a la que compararon con elDecreto Supremo 1086 instalado en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile para disolver las protestas.
En dicho cartel advierten que como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México expresamos nuestra irrevocable disposición a defender el derecho a la manifestación pública y la protesta social, legado del movimiento estudiantil y social de 1968 por la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal federal que contenía el tipo penal de disolución social, fue leído a los legisladores por un estudiante, con el compromiso del diputado del PRD Alejandro Robles Gómez, de considerarlo en las propuestas que se recaben en los cinco foros que se realizarán.
En este primero participó el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, en representación del Partido del Trabajo, quien lamentó la ausencia del senador del PAN Javier Lozano Alarcón –que estaba programado para presentar la postura de su partido–, a quien estaba dirigida parte de su exposición, al considerar el colmo del cinismo de dicho instituto político, pretender restringir el derecho a la libre manifestación cuando sus acciones en 12 años gobernando el país, como la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, generaron un clima de malestar social tal que era imposible no salir a manifestarse.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, reiteró que el órgano legislativo carece de facultades para emitir normas en esa materia y que su ámbito de su competencia se limita a algunos ordenamientos locales como la Ley de Transporte y Vialidad y la ley que regula el uso de la fuerza pública.

Fuente: La Jornada - Capital

Trabajadores mexicanos, entre los más baratos del mundo: UNT

Políticas de castigo salarial a obreros, profesionistas y burócratas


Los trabajadores mexicanos ya se encuentran entre los más baratos del mundo, pues los gobiernos recientes han aplicado deliberadas políticas de castigo salarial contra obreros, profesionales y servidores públicos, al grado de que el promedio de las remuneraciones a nivel nacional es de dos veces el minisalario, lo que significa que los trabajadores perciben cerca de 2 mil pesos a la quincena, manifestaron dirigentes sindicales. Medido a nivel internacional, los mexicanos ganan un promedio de 10 dólares al día.

Además, consideraron que la revisión anual de los salarios mínimos, cuya mesa de negociación se instalará este jueves en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), es una farsa, una mera cuestión de trámite, en la que los empresarios imponen el porcentaje que más les acomoda, con la anuencia de la representación gubernamental y del Congreso del Trabajo.

En vísperas de que se instale hoy en sesión permanente esta comisión a fin de definir el aumento a los mínimos para 2014, los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Agustín Rodríguez Fuentes y Francisco Hernández Juárez, estimaron que en esta ocasión se va a querer imponer un incremento por debajo de 4 por ciento para estos salarios.

Coincidieron en que México ya se convirtió en uno de los países con los trabajadores más baratos del orbe, acercándose peligrosamente a los de China.

Rodríguez Fuentes, también dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), planteó que incluso ya se propuso al presidente Enrique Peña un programa permanente de recuperación salarial, que sería a través de capacitación laboral y académica, así como revisión de puestos y tabuladores.

En tanto, el secretario general de Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, apuntó que los recientes gobiernos han mantenido políticas deliberadas de castigo salarial contra los trabajadores, con la justificación de que esto sirve para incentivar inversiones. Pero la verdad es que ni crecemos ni se generan empleos ni hay inversiones, el mercado interno no se fortalece y se insiste en medidas que van en dirección de seguir teniendo trabajadores pobres, destacó.

Hernández Juárez expuso que en la CNSM se mayoritea a los trabajadores, y adelantó que en las negaciones de este año se va querer presionar más a la baja el incremento salarial para que sea menor a 4 por ciento, y con ello fijar un tope para todas las revisiones del próximo año.
También destacó que el planteamiento de las representaciones sindicales respecto de que sólo haya una zona económica en todo el país sería difícil de concretar, pueslos empresarios no conciben que puedan incrementar un peso más a los mínimos para unificar estos salarios.

Por su parte, el dirigente del STUNAM expuso que los sindicatos democráticos han insistido en que la CNSM se convierta en un instituto del salario, y que los mínimos no sean más que una referencia. En este sentido comentó que los gremios independientes proponen que los minisalarios sean complementados con bonos de despensa semanal.

Patricia Muñoz Ríos 
Periódico La Jornada 
Jueves 28 de noviembre de 2013, p. 43

Toma de Protesta de Comité Seccional de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores


      

Martín Esparza: ¿Cómo no protestar contra esta caterva de… panistas?

27 noviembre 2013 

Alina Rosas Duarte 

Como parte de la discusión sobre la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de regulación de marchas en la capital, se realizó esta mañana el primer foro de discusión en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el foro participaron representantes de diversas fuerzas políticas, entre ellos Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien catalogó la iniciativa panista como un atentado a la democracia.

Desde 1917 se buscó el respeto irrestricto a la libertad de expresión, declaró Esparza, “hoy no podría explicarse un México sin las libertades que se conquistaron y de las que hoy se goza”.

El secretario general del SME hizo referencia a las huelgas de Cananea y Río Blanco como ejemplos de luchas de la clase obrera por la libre manifestación.
“Bajo ningún argumento debe aceptarse un atentado retrógrada contra los derechos sociales”, declaró Esparza, quien advirtió que los panistas son quienes buscan limitar y criminalizar la libre manifestación “en aras de un supuesto bien común”.

El líder sindical instó a castigar a los funcionarios públicos que buscan restringir derechos esenciales de la sociedad: “¿No resulta más válido imponer penas de 20 años a los funcionarios panistas que durante dos sexenios años dejaron una estela de sangre?”.

Ante un auditorio lleno de estudiantes y trabajadores, declaró que los panistas buscan imponer camisas de fuerza y diques contra la libre expresión, además de señalar múltiples ocasiones en que los blanquiazules han intentado terminar con la protesta social.

“¿Cómo no protestar contra esta caterva de funcionarios que tanto daño hacen? ¿Cómo no protestar contra esta caterva de panistas?”, cuestionó Esparza generando risas en la diputada panista Laura Ballesteros.

Ante las declaraciones, la diputada Laura Ballesteros buscó abandonar el recinto antes que los ponentes, sin embargo, estudiantes de las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras la increparon por su intento de salir del lugar sin un previo debate, razón por la cual tuvo que regresar a su lugar en la mesa para después dar explicación sobre la postura panista en torno a la regulación de las marchas y sobre su “desinterés en el foro” al estar jugando con su celular.

La diputada panista declaró estar en la disposición de dialogar con los estudiantes el tiempo que fuera necesario, sin embargo, de nueva cuenta, fue la primera en abandonar el recinto en la primera oportunidad que tuvo entre las protestas que surgieron de los estudiantes.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

SME Convocatoria para Marchar Mañana a SEGOB

Convocatoria para MARCHAR mañana a SEGOB.

A toda la resistencia:

Se les informa que el día de ayer se realizó la reunion con el Sub. Srio de Gobernacion Lic. Luis Enrique. Miranda. Nava y el director del SAE. CP. Héctor Orozco. No hubo acuerdo.

Entre otras cosas, salió a relucir el conflicto interno derivado de la difusión en las redes sociales de una campaña de desprestigio en contra del SME y nuestro Secretario General. Por lo que hacemos un llamado a guardar y fortalecer la UNIDAD en torno a nuestro compañero Martín Esparza: llamamos a no ventilar los asunto internos de la organización en las redes sociales y a no caer en la provocación de quienes, desde afuera, quieren desestabilizar a nuestro movimiento.

La cita para marchar a la SEGOB es a las 11 mañana en el SME.

¡¡SOLUCIÓN YA!!

UNIDOS VENCEREMOS.

EDUARDO BOBADILLA ZARZA. SECRETARIO DEL INTERIOR
JOSÉ HUMBERTO MONTES DE OCA LUNA. SECRETARIO DEL EXTERIOR.

CFE protege empresa de Slim contra indígenas otomíes

La paraestatal instaló en sus predios postes de alta tensión.

por: Juan Ricardo Montoya/HIDALGO
26 de noviembre de 2013
Indígenas otomíes de Santiago de Anaya, Hidalgo, se manifestaron con el fin de exigir que las denuncias interpuestas contra Comisión Federal de Electricidad (CFE) por invasión de sus predios sean atendidas con celeridad. 
    

   Las denuncias fueron realizadas luego de que varias casas resultaron dañadas debido a los postes de alta tensión que la CFE colocó postes dentro de sus predios para surtir de electricidad a una cementera propiedad del empresario Carlos Slim. 
    
   Integrantes del Movimiento Indígena Santiago de Anaya se manifestaron pacíficamente en las inmediaciones del Ministerio Público de Actopan para exigir una solución. 
    

 Los inconformes señalaron que durante la última audiencia de conciliación entre los afectados y Aldo Jaen Pérez representante de la Procesadora y Trituradora de Materiales Santa Anita, de la cual es accionista mayoritario Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Los inconformes fueron notificados de que la empresa “no tiene la capacidad de solución”. 
    
   Molestos por el anuncio, los pobladores dieron un plazo de 20 días a Cementos Fortaleza para dar una respuesta favorable, de lo contrario advirtieron que buscarán por su cuenta resolver el problema.
    
   A pesar de que los manifestantes esperaron por más de dos horas una respuesta, la empresa de Carlos Slim se deslindó de los daños provocados y su representante legal adelantó que “no habrá indemnización para las casas afectadas” por los postes que fueron colocados indebidamente en los predios y que surten el servicio de energía eléctrica a la cementera. 
    
   Ante la falta de acuerdos, los pobladores anunciaron que recurrirán a los tribunales federales, ya que “el hombre más rico del mundo, se quiere hacer más rico a costa de los más pobres, y es protegido por las autoridades”, denunciaron. 

La miseria de la pensión universal neoliberal

27 noviembre 2013 | Marcos Chávez | Contralínea

La primera mentira de la llamada pensión universal se encuentra en su nombre: la mayoría de los viejos del país quedarán excluidos de ella. Con verdades a medias o abiertas mentiras, avanza la política económica que expolia a las clases populares. Sus mensajes publicitarios sólo posponen posibles explosiones sociales, pero no las detienen.
Como alma gemela del seguro de desempleo, la pensión universal fue malparida entre las brumas del atroz engaño a la población. La postrera hediondez de la miseria a perpetuidad convertida con esa medida en ley de rango constitucional, la cual envuelve a la mayoría de las personas taxonómicamente catalogadas con el inodoro eufemismo de “adultos mayores”. Y con el voluptuoso cuerpo de la fácil manipulación corporativa-electoral de quienes serán agraciados con ese mezquino subsidio, calificado con irritante humor negro como parte del “piso de protección social” peñista y de sus partidos cómplices del Congreso de la Unión, que económicamente, en su versión, representan “el derecho a la seguridad social como un derecho humano y una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso, una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”, según se puede leer en Los criterios de política económica de 2014.

Los beneficios de las variantes asistencialistas predecesoras de esa clase de “piso de protección social” fueron pírricos. Solidaridad, de Carlos Salinas; Progresa, de Ernesto Zedillo; u Oportunidades, de Felipe Calderón, de nada sirvieron para evitar el derrumbe de la presidencia de sus respectivos partidos.

Serán pensiones de la miseria que reproducirán las degradantes formas de vida en que sobrevive el 66.3 por ciento de la población mayor de 65 años y que carece de una pensión, alrededor de 5.7 millones de 8.6 millones, de los cuales 4.5 millones se encuentran hundidos en la pobreza y la indigencia.


Puede decirse que es mejor “algo” a nada. Alguna dosis de verdad tienen quienes razonan de esa manera, entre ellos los propios peñistas y sus socios del Legislativo. La minuta, enviada por los diputados a los senadores, dice que, por ley, los adultos mayores tendrán el derecho a una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez; y no será cualquier norma. Al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se le añadirán las siguientes palabras: “el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad”.

Ello explica, por ejemplo, la arrebatada euforia del locuaz Manlio Fabio Beltrones, quien gozoso afirmó que se ha dado un gran paso en la garantía y el ejercicio de los derechos sociales porque atiende, en especial, a los más necesitados y a la población vulnerable; porque “el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad”. Porque “los diputados del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y Enrique Peña avanzamos en la construcción del sistema de seguridad social universal, en la ruta de la transformación del país y la consolidación de nuestra democracia como forma de vida”. En su desaforado delirio escasamente creativo, el sonorense –que rivaliza con Luis Videgaray en la vicepresidencia– no dudó de calificar “democráticamente” de “fascistas” a los grupos opositores a la reforma hacendaria. Digo de menesterosa inventiva porque, en junio de 2009, el entonces senador priísta, acusó a Calderón de llevar a la nación hacia el “fascismo”. El ilustrado Manlio, quien debe conocer el sentido de la expresión, se extravió en sus pasiones.

¿Cuánta justicia representa el “piso de protección social” de la “pensión universal” para los “adultos mayores”?

Un moco de pavo, como veremos.

Por principio, la pensión no será tan “universal”.

Se otorgará a quienes cumplan 65 años de edad a partir de 2014, no dispongan de una pensión y demuestren que su ingreso mensual es igual o inferior a 15 salarios mínimos. El apoyo económico y la protección social no se limitará a quienes hayan cotizado o coticen en la seguridad social, “dada [la] alta intermitencia laboral en el sector formal”, también se otorgará a aquellos que “difícilmente alcanzarán el derecho a la pensión contributiva”. El requisito de la edad será ajustado cada 5 años, de acuerdo con la última proyección de la esperanza de vida general al nacer, publicada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la pensión será cubierta con el presupuesto público. Asimismo, en prevención de la transición demográfica, el gobierno iniciará la creación de un fondo para quienes cumplan 18 años de edad a partir de 2014 y al término de su vida activa (hacia el 2044) no alcancen una pensión contributiva.


¿Qué parte de la población es potencialmente candidata a dicha pensión no contributiva?

De acuerdo con las proyecciones del Conapo, a principios de 2014, la población total será del orden de 118.4 millones de personas, de las cuales 8 millones tendrán 65 años o más. Al cierre del sexenio serán de poco más de 124 millones, y 9 millones en cada caso. El censo de población de 2010 registra la transición demográfica que vive el país hacia el envejecimiento. La pirámide de población se ensancha en el centro y se reduce en la base: disminuye la proporción de niños y se incrementa la de adultos. La población menor de 15 años representa 29.3 por ciento del total; la que se encuentra en edad laboral (15 a 64 años), el 64.4, la población en edad superior a los 64 años el 6.3 por ciento. En 2000, la relación era de 34.1, 60.9 y 5 por ciento, respectivamente. La tasa de crecimiento de la población disminuye (1.3 por ciento en la primera década de este siglo y 1.1 en la segunda; después de 2050 será negativa) y la de los “adultos mayores” aumenta (3.1, 3.4 y 3.7 por ciento en los tres primeros decenios). Ello exige cambios en la política socioeconómica para atender a los tres bloques de la población citada.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012 la población era de 117.3 millones, de los cuales 8.6 millones tenían 65 años o más. De éstos últimos, 4.5 millones, el 54 por ciento, tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar, que mide el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, carecía de servicios de salud y de acceso a la seguridad social. Sólo 1.6 millones, el 18.6 por ciento, no era pobre ni vulnerable.


La Secertaría de Hacienda calcula a la población mayor de 65 años en 8.6 millones, de los cuales 5.7 millones carecen de una pensión; 4.5 millones son pobres y miserables. El anexo del Primer informe de gobierno de Peña Nieto indica que, en 2013, 3 millones 480 mil personas reciben una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 3 millones 121 mil personas, y otras 792 mil un pago por jubilación, 556 mil del ISSSTE y 236 mil del IMSS. En total son 4.272 millones.

No obstante, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) opera el Programa Pensión para Adultos Mayores (antes se llamaba Programa 70 y Más), que atiende a la población de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social. En 2007 apoyaba a 1 millón de esas personas y en 2013 a 3 millones 857 mil. Si a los 4.5 millones personas que carecen de una pensión se le resta el último número citado, entonces apenas unas 643 mil no reciben ninguna clase de apoyo. De otra manera: 4 millones 272 mil personas tienen una pensión y jubilación, y 3 millones 857 mil obtienen un subsidio asistencialista de la Sedesol. En total, 8.1 millones, de 8.6.

Con el inicio de la Era de la pensión universal en 2014, las personas adicionales de 65 años o más serán del orden 250 mil que, sumadas a los 643 mil que no tienen una cobertura, sumarán unos 900 mil que tendrán que ser subsidiadas, siempre y cuando no se excluya a los que cumplieron esa edad antes de 2014. Además tendrá que erogarse la diferencia existente entre el monto concedido por la Sedesol y lo que fija la ley de la próxima pensión. En 2018 serán 313.6 mil personas adicionales. En promedio anual, en 2014-2018, los candidatos al subsidio serán 281 mil y acumularán 1.4 millones. En total, pasarán de poco más de 8 millones a 9.2 millones, según los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), o 10 millones según la estimación de Hacienda. Desde luego, hay que restar a quienes sí alcancen una pensión contributiva y a los que ya reciben un apoyo estatal, como es el caso de la capital.


¿Cuál es la realidad?

Bajo los supuestos de la pensión universal, ¿qué pasará con los trabajadores o las personas de 65 años y más que no logren cubrir el requisito del ingreso citado? ¿Con los que son víctimas no de la “intermitencia laboral en el sector formal”, sino de la continuidad estructural de la economía que cada vez tiene menos que ofrecer a los trabajadores en el escuálido mercado de trabajo “formal”, al menos desde 1983, que los arroja masivamente hacia la robusta clandestinidad de la llamada “informalidad” como forma de supervivencia involuntaria, o voluntaria, ya que la “formalidad” con frecuencia es igual o peor de miserable en materia de ingresos, prestaciones sociales o condiciones laborales?

¿Qué pasará con los discapacitados que gravitan sobre las familias? ¿Con los que arrastran su exclusión social por las calles y que no son precisamente “esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias, de Pastrana”, como diría el poeta León Felipe? ¿Con los trabajadores migratorios temporales o residentes permanentes que son expulsados de Estados Unidos por su condición de “ilegales”, y que abandonaron el país porque el sistema no les ofrecía nada?

Pueden citarse los casos de los viejos eufemísticamente llamados “empleados domésticos”, término utilizado para encubrir a lo que antes la cruda realidad denominaba como “criados” y tranquilizar las buenas conciencias. Los del transporte. Los vendedores ambulantes. Los esclavos de las tiendas de autoservicio. Los de las zonas rurales. Los indígenas.


¿Cuánto será el monto que pagará la nueva pensión?

La pensión mínima pagada por el IMSS y el ISSSTE equivale a un salario mínimo, 64.76 pesos diarios en 2013, o 1 mil 943 mensuales. La pensión promedio del IMSS es del orden de 3 mil 700 pesos, y la del ISSSTE de 11 mil.


¿Qué pensionado que percibe tales ingresos puede vivir lo que le resta de vida con una mínima dignidad? Son ingresos que garantizan la indigna miseria y pobreza.

La Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2012 registra a 8.5 millones de personas de 65 años o más, de un total de 117.3 millones. De 31.6 millones de hogares censados, 4.7 millones reciben un ingreso por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario. El promedio del ingreso por hogar es de 6 mil 90 pesos mensuales. Sin embargo, éste es desigual como se observa en la gráfica anexa. El de los hogares ubicados en la cúspide de la pirámide social, deciles IX y X, es de 20 mil 754 pesos y 49 mil 379, 3.4 y 8.1 veces más que el promedio, o 12 y 29 veces más que el 30 por ciento de los ubicados en la base y cuyos ingresos son de 1 mil 441, 1 mil 749 y 1 mil 898 pesos, reflejando la inequidad y las desigualdades sociales que caracterizan al capitalismo mexicano. En ese sentido, es razonable que la pensión universal no sea para el 20 por ciento o menos de los hogares de altos ingresos. No los necesita, aunque el gobierno capitalino se los otorgue.

El gobierno capitalino proporciona una pensión por 971.40 pesos que beneficia a alrededor de 520 mil personas. Para 2014 anunció que será de poco más de 1 mil pesos. Ella se otorga a las personas que tengan 68 años cumplidos y al menos 3 años viviendo en el Distrito Federal.

¿Cuál será la generosidad de los promotores neoliberales de la pensión universal?

El monto mensual en 2014 será de 1 mil 92 pesos, 36.40 diarios, casi la mitad del salario mínimo de 2013 (63.12), el cual se actualizará anualmente conforme a la inflación en los años subsecuentes.

Al menos esa la propuesta de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y los diputados. Quizá avergonzados por su ruindad, los senadores dispusieron que la cantidad sea equivalente al salario mínimo pagado en la capital: 64.73 pesos diarios o 1 mil 943 mensuales. Cualitativamente, en nada modifica la miserable situación. Pero la cantidad es menos agraviante. En todo caso, casi 7 millones de ocupados quién sabe cómo sobreviven con un salario mínimo.

La justicia social encarnada en la pensión fue engendrada mezquinamente.

La estimación peñista se basó en los cálculos de los cínicos analistas del Coneval, que estimaron, en julio de 2013, la llamada “línea de bienestar mínimo (el precio de la canasta alimentaria) que fue de 826 pesos mensuales en la zona rural y de 1 mil 168 en la urbana, 27.51 y 38.93 pesos diarios. Un litro de leche cuesta casi la mitad del “mínimo”.

Los próximos agraciados tendrán que reprimir sus ímpetus por recibir su opulenta pensión. Primero, al Ejecutivo se le concedió un plazo máximo de 6 meses para expedir el reglamento de la ley. Puede decirse: ¿qué es ese tiempo luego de generaciones que han muerto sin una pensión contributiva y no contributiva?

Después se desilusionarán o montarán en cólera, si es que la miseria y el asistencialismo no han destruido por completo su capacidad de indignarse, ante la existencia de un capítulo transitorio en la ley aprobada.

En dicho capítulo se dice que “los adultos mayores que, hasta el año 2013, recibieron apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores, continuarán recibiendo los mismos, a través de la pensión niversal, en los siguientes términos: el monto mensual de la Pensión Universal será el equivalente al previsto en las Reglas de Operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el cual deberá ajustarse anualmente hasta igualar en términos reales, conforme a la disponibilidad de recursos y en un plazo no mayor a quince años, el monto mensual establecido en el artículo 9 de la Ley de la Pensión Universal” [sic]. Tal artículo habla de 1 mil 92 pesos, corregido por el senado a 1 mil 943 y “la Pensión Universal, correspondiente a los adultos mayores que a partir del 1 de enero de 2014 cumplan 65 años de edad y los demás requisitos establecidos en la Ley de la Pensión Universal, será cubierta en los términos [citados], por un monto igual al que reciban los beneficiarios señalados”.

¿Cuánto reciben los agraciados por el asistencialismo de la Sedesol?

Los viejos y los nuevos pensionados tendrán como base la jugosa cantidad de 550 pesos mensuales, 18.33 diarios.

Hacia 2028 se recibirá el monto prometido. Unos 93 pesos anuales para ajustar el monto.

Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, había firmado un convenio “básico” de protección social con la Organización Internacional del Trabajo. Pero lo básico se transformó en mínimo.

La Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas y los jefes de Estado y de gobierno reunidos en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010, apoyaron lo que se denominó como el “piso de protección social”, que aspira “garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y empoderando a las personas a lo largo del ciclo de vida”. Esto implica el ofrecimiento de “garantías en la seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (en efectivo o en especie), tales como pensiones para los adultos mayores o para las personas con discapacidades, prestaciones por hijos a cargo, apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas desempleadas y los trabajadores pobres; [el] acceso universal y asequibilidad a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, el agua y el saneamiento, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda y otras esferas definidas en las prioridades nacionales”.

El “piso de protección social” es considerado como un principio fundamental de la justicia social, de los derechos humanos.

Ingeniosos, el Ejecutivo y el Legislativo establecieron el piso en el sótano de la miseria y la pobreza. Y le otorgaron un rango constitucional.

Menos ingenioso, pero más comprometido con el pueblo, el gobierno argentino de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández ha elevado agresivamente los de las nacionalizadas pensiones. Desde marzo de 2009 a septiembre de 2013, los aumentos acumulados alcanzan el 228 por ciento, mientras que la inflación se ha elevado en poco más de 120 por ciento. Esa política de actualización de haberes contrasta con el congelamiento que sufrieron durante 12 años, entre principios de la década de 1990 y principios de la actual. Desde 2003, la jubilación mínima creció 1343 por ciento.

Odiosos contrastes.

*Economista


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Inconformes por altos cobros clausuran oficinas de la CFE

Diputado del PRD anticipa que protestarán contra la Profeco

Ángel Bolaños | Periódico La Jornada | Miércoles 27 de noviembre de 2013, p. 38

Por no cumplir el acuerdo suscrito con el gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para atender los reclamos de los capitalinos por cobros excesivos del servicio, diputados locales e integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee) clausuraron ayer de manera simbólica una veintena de centros de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en varias delegaciones.
El presidente de la comisión especial sobre el suministro y cobro de energía eléctrica del órgano legislativo, Alejandro Ojeda Anguiano, del grupo parlamentario del PRD, adelantó que en los próximos días cerrarán también de manera simbólica oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “por causas de inutilidad pública”, ya que si bien ha reconocido que la empresa tiene el primer lugar en quejas y se le han aplicado varias multas, en los hechos, fuera de resolver los reclamos por cobros excesivos e injustificados, “no es más que una tapadera de los abusos que se cometen con acuerdos lesivos”, para obligar a los usuarios a pagar.

El diputado Gabriel Antonio Godínez, también del PRD, refirió el caso de una persona de la tercera edad en la colonia Carlos Hank González, de la delegación Iztapalapa, que tiene una papelería y la CFE le reclama el pago de 30 millones de pesos.

Comentó otro caso en la colonia La Hera, de la misma demarcación, en el que un usuario al que le cortaron el suministro de electricidad por un adeudo de 18 mil pesos, al acudir a pedir la rectificación del cobro la empresa únicamente le ofreció como condición para reconectar el servicio si pagaba 40 por ciento del cargo y el resto en varias parcialidades.

Ojeda señaló que en días pasados se reunieron con el coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la CFE, Carlos Flores Rico, para pedir que realmente se atiendan las quejas que canaliza el Legislativo, más de mil 500 que han acumulado, pero con ese tipo de respuestas a los ciudadanos el convenio que se firmó en junio pasado sólo es “una burla” a la ALDF.

Alfonso Mancilla Reyes, de la Anuee, adelantó que el próximo domingo realizarán una movilización de la glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo, para reclamar a la CFE que “cese el hostigamiento” a los usuarios que no pueden pagar los altos cobros, así como los “cortes ilegales” del servicio.

Fuente: La Jornada

martes, 26 de noviembre de 2013

SME Presenta su caso en el tribunal permanente de los pueblos 22 de noviembre 2013

Primer año: Peña reprobado

25 noviembre 2013 | Álvaro Delgado | Proceso

MEXICO, D.F. (apro).- Pese a partidos de oposición comparsas, a medios de comunicación cortesanos, a periodistas zalameros e intelectuales mudos, Enrique Peña Nieto se derrumba. Y con él, por supuesto, México también se cae.  A un año de su toma de posesión, que con el Pacto por México inauguró el ficticio “mexican moment”, Peña empeoró a México.

Las cifras oficiales así lo acreditan: Del 3.5 de crecimiento que prometió, si acaso se llegará a un punto que, en los hechos, es nada. 

El desempleo alcanzó cifras récord: Aumentó a 5.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) entre julio y septiembre frente al 5.1% registrado en mismo periodo de 2012, por lo que 2.7 millones de personas no tienen trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo en las localidades grandes, donde está más organizado el mercado de trabajo, llegó hasta 5.9%, mientras que en las que tienen de 15,000 a menos de 100 mil habitantes llegó a 6%, y sólo en las que tiene menos de 15 mil fue de 4.6%.

La violencia y la inseguridad siguen imbatibles: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reconoce que, entre el 1 de diciembre de 2012 y 31 de octubre de este año, se iniciaron 17 mil 68 averiguaciones previas por homicidio doloso, lo que implica que esa es, por lo menos, la cifra de muertos relacionada con el crimen organizado.

Este cómputo de homicidios es mañoso, porque una averiguación previa suele involucrar a más de uno de éstos, por lo que la cifra de muertos relacionados con el crimen organizado es mucho mayor a los 17 mil 68 reconocidos por el gobierno de Peña.

Cifras del INEGI, que es formalmente un organismo autónomo, indican que en 2006, el primer año del sexenio de Felipe Calderón, se cometieron en México 10 mil 452 asesinatos, menos de la mitad de la cifra anual con la que se estrena Peña.

La Cruzada contra el hambre, el programa emblema del gobierno de Peña y que se propuso erradicar el hambre de 7 millones de mexicanos, es sólo una entelequia.

Y el combate a la corrupción, la principal enfermedad nacional, es otra simulación.

Con las reservas que implican los resultados de estas encuestas, que pueden tener el mismo sesgo favorable observado durante la campaña presidencial –de hasta 10 puntos porcentuales–, concluyen que Peña registra una caída en el apoyo de los mexicanos, aumenta el rechazo a su gestión, es aprobado sólo por la mitad de éstos y se estima que los problemas se le están saliendo de control.

Hace una semana, el martes 19, “El Universal” difundió una encuesta de Buendía & Laredo, levantada a principios de noviembre, en la que sólo 50% de los entrevistados aprueba la gestión del priista.

Esta aprobación de Peña Nieto representa un descenso de cinco puntos porcentuales con relación al mes de agosto, mientras que la desaprobación aumento ocho puntos: Pasó de 29% en febrero a 37% este mes.

Una caída más importante se ve en las perspectivas de los mexicanos. Cuando a comienzos de 2013 44% del país consideraba que se iba por buen camino, la cifra actual cayó a 33%, mientras que quienes consideran que se va por mal camino son 40% de la población.

Finalmente, 63% de los encuestados consideró que los problemas están rebasando a Peña, por apenas 31% que opinó que tiene los problemas bajo control. 

Una encuesta con la tendencia a la baja de Peña la difundió Mitofsky en vísperas del 1 de septiembre, primer informe de gobierno, cuando la aprobación era de 56%, la peor en el mismo periodo ante Carlos Salinas (70%), Calderón (66%), y Vicente Fox (62%), Peña Nieto (56%) y sólo arriba de Ernesto Zedillo (44%).

Mitofsky decía que, después de cuatro trimestres consecutivos en los que mejoró la percepción sobre la situación económica, en agosto de 2013 dejó de hacerlo. En esas fechas, 31% decía que hoy estamos mejor y 66% que estamos peor…

Esta empresa, dirigida por Roy Campos, deberá dar a conocer su más reciente evaluación a principios de diciembre y seguramente será, como la de “El Universal”, reprobatoria para Peña. 

¿Qué Peña sí cumple? Qué tontería.

Fuente: Proceso