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miércoles, 31 de julio de 2013

SME Martín Esparza Flores en el Foro en Defensa de la Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones 31 Julio 2013


Intervención de Martín Esparza Flores en 5:56

 

Sindicatos trabajan en nueva central obrera

30 julio 2013 | Notimex | El Economista
Tan sólo nueve por ciento de la Población Económicamente Activa del país conserva derechos laborales fundamentales, afirmaron líderes gremiales que impulsan la creación una nueva central obrera.
En entrevistas por separado, líderes obreros afirmaron que derechos como el empleo de base, seguridad social, pensión por vejez o por enfermedad o accidente de trabajo, a una vivienda digna, reparto de utilidades, pago de día de descanso y vacaciones, entre otros, son cada vez menos frecuente que los tengan trabajadores mexicanos.

“En México es urgente construir una nueva central de trabajadores, grande en número y fuerte en sus principios y organización, que no solamente represente a los trabajadores sino los conduzca a rescatar sus derechos humanos laborales perdidos en los últimos 30 años”, indicó Gerardo Cruz, miembro de la junta organizadora.

El también secretario de Relaciones Exteriores de la Sección nueve del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) destacó que las centrales obreras que existen prácticamente están anuladas como defensoras de los derechos de los trabajadores, debido a que sus líderes han preferido aliarse con los gobiernos en turno.

Gerardo Cruz recordó que la semana pasada los promotores de la nueva central obrera informaron a la opinión pública sobre la intención de construir una nueva organización y confió que para diciembre de 2013 ya esté lista.

A su vez, Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), comentó que los días 19 y 20 de julio se llevó a cabo un seminario fundacional en Oaxtepec, Morelos, al cual acudieron todos los promotores.

Refirió que asistieron representantes del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, de la Alianza de Tranviarios de México, del Sindicato de Honda de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo las secciones nueve del Distrito Federal, 14 de Guerrero, 22 de Oaxaca y 18 de Michoacán.

Asimismo de la Central Unitaria de Trabajadores, del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de México, la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y del Sindicato Mexicano de Electricistas.

A su vez, Benito Bahena Lome, líder de los Tranviarios, consideró que es necesario un organismo que aglutine a los trabajadores paracontrarrestar las políticas antilaborales de los últimos gobiernos.

Citó como ejemplo, “la implementación de las reformas laboral, educativa, hacendaria y energética, con las que se perjudicará directa e indirectamente a los asalariados de México, con la eliminación de empleos de base, de fuentes de trabajo con prestaciones y se cobrarán más impuestos”.

En tanto, José Luis Contreras, de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que la tarea es organizar a los trabajadores que tuvieron que emigrar al extranjero o a otras entidades como agricultores o que se convirtieron en subempleados en el comercio ambulante.

Asimismo se debe abarcar a quienes se ocuparon en las empresas contratistas, en donde son subcontratados sin ningún derecho laboral, concluyó.

Presiona subsidio cuentas de CFE

En el primer semestre, la paraestatal destinó de sus propios ingresos 34 mil 476 millones de pesos para cubrir parte de los subsidios eléctricos que concede el Gobierno

En los últimos 10 años, lo que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la venta de energía no ha cubierto sus costos de operación por los altos subsidios de las tarifas, según un reporte elaborado por su director general, Francisco Rojas.
En el primer semestre, la paraestatal destinó de sus propios ingresos 34 mil 476 millones de pesos para cubrir parte de los subsidios eléctricos que concede el Gobierno. 

La empresa recibe de la autoridad federal un monto anual que pretende liquidar esas subvenciones, llamado aprovechamiento, que lo estima en una fórmula que se basa en los ingresos, desempeño y activos de la empresa. 

Sin embargo, este aprovechamiento del primer semestre fue únicamente por 22 mil 540 millones de pesos, cuando los subsidios que se otorgan a través de la paraestatal sumaron 57 mil 16 millones de pesos.

"La insuficiencia tarifaria del Gobierno federal ascendió a 57 mil 16 millones de pesos, superior al aprovechamiento a cargo de CFE por 22 mil 540 millones que es el monto que cubre el Gobierno federal de subsidio", refirió el reporte.

El mayor monto del subsidio se destina a los consumidores domésticos en sus 7 tarifas más bajas (la única no subsidiada es la Doméstica de Alto Consumo).

También están subsidiados los servicios públicos y el sector agrícola.

"Los mecanismos para cubrir los subsidios tarifarios ejercen una fuerte presión sobre las finanzas y el patrimonio del organismo", refirió el documento.

De acuerdo con un estudio de la empresa Inteligencia Pública, 46 por ciento del subsidio a la electricidad lo recibieron los hogares con mayores ingresos en México y sólo 17.7 por ciento benefició a las clases más bajas.

Liliana Estrada, especialista de la empresa, explicó que el subsidio, aunque tiene mecanismos para ir a las clases sociales donde más se requiere (entre más se consume menos subsidio para el sector residencial) éstos no son siempre efectivos.

"Una persona que gana mucho y está poco tiempo en su casa, recibe mucho subsidio en contraparte con otra persona que trabaja en casa, como una ama de casa", dijo.




Fuente: El Golfo | Alejandra López | Agencia Reforma

Hostigamiento y Cortes de Luz de CFE a Integrantes del Consejo Autónomo

A los medios de Comunicación
A los Medios Alternativos
A l@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Al EZLN
A los Centro de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
 Compañeros y Compañeras:
ImageLes escribimos desde estas tierras calurosas de lucha y resistencia  para denunciar de nueva cuenta los actos de hostigamiento y provocación que CFE ha realizado a  nuestro espacio de encuentro, el día de ayer 29 de Julio del año en curso siendo aproximadamente las 13 Hrs,  personal de la Comisión Federal de Electricidad a bordo de unacamioneta tipo Ford Color Blanca con número de Placas DA96088, número económico 63595 de esta ciudad, se presentaron en las oficinas del Frente Cívico  Tonalteco y CARZCCH ubicado en la Calle 20 de Marzo entre Avenidas Joaquín Miguel Gutiérrez y Zaragoza realizando cortes de luz.

 Encontrándose dentro de las instalaciones Dos compañeras y tres menores de edad, las cuales refiriéndose al personal de CFE les hicieron saber que el lugar era la Oficina del Frente Cívico y del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, a lo que ellos respondieron con insultos “No nos importa quienes sean, nosotros no respetamos ninguna minuta de acuerdo”, una de las compañeras comenzó a fotografiarlos en el momento en que estaban realizando el corte de luz y en repetidas ocasiones hicieron intentos de golpearla con la escalera y con un lazo que ellos  utilizan.
Así mismo tenemos información que en los diversos barrios y colonias de la Ciudad de Tonalá, cuadrillas de CFE han hostigado y amenazado a los usuarios  en resistencia  exigiendo el pago del servicio eléctrico. De igual forma nuestros compañer@s del Ejido Subteniente Pedro Sánchez, municipio de Jiquipilas han sufrido actos de hostigamiento por parte de la CFE y Autoridades del Ejido quienes los han amenazado con expulsarlos de la comunidad  por pertenecer a nuestra organización.
Es por eso que hoy les decimos a la CFE,  Gobierno Estatal y Federal que este acto lo consideramos como una provocación clara hacia nuestra organización que hasta hoy se ha mantenido en la reserva, pero si estos actos continúan nosotr@s también responderemos porque no permitiremos que continúen amenazándonos hostigandonos,  cometiendo abusos  e injusticias en contra de quienes luchamos de forma digna y legitima, por eso les exigimos:
  • Se ponga fin a los actos de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en contra de integrantes del FCT (Frente Cívico Tonalteco).
  • Se respete nuestro espacio de Reunión y encuentro como Resistencia Civil y  Pacífica.
  •  Cese a los cortes de Luz en contra de integrantes del FCT y del Ejido Subteniente Pedro Sánchez, municipio de Jiquipilas hasta en tanto no se resuelva la problemática de la Energía Eléctrica.

Desde la Costa de Chiapas a 30 de Julio del 2013

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

EN DEFENSA DE NUESTRA CL.64 Y NUESTRAS JUBILACIONES

Exigen cobro justo en el servicio de electricidad

Jorge Martínez Palafox

México, D.F.- Se debe investigar la responsabilidad civil o administrativa de Francisco Rojas Gutiérrez, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues no ha dado respuesta a los diferentes cuestionamientos públicos que se han hecho sobre la para estatal, acusaron diputados locales y federales del PRD.

electricidad
Los representantes del sol azteca Aleida Alavez, Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como el secretario general del PRD-DF, Enrique Vargas, anunciaron que se interpondrá una acción colectiva en contra de la CFE por la presunta violación de los derechos de los usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica y conformarán comités de defensa de los usuarios en cada colonia.

Los legisladores anunciaron que ya cuentan con 500 firmas para una demanda colectiva contra la paraestatal, pero esperan que más ciudadanos se acerquen a sus módulos para sumarse y exigir que exista una lectura estricta del medidor para una tarifa justa.

“A partir de esta acción colectiva, queremos hacer valer el derecho de los usuarios contra los abusos de CFE que año con año acumula miles de denuncias de familias mexicanas”, acusó Alavez.

De igual forma, aseguraron que alrededor de 40 por ciento de los usuarios de luz en el Distrito Federal se les ha cobrado por estimación el servicio, lo que tacharon de injusto.

Piden en la ALDF informe a CFE sobre atenciones y quejas relacionadas con cobros excesivos

Demandan información a CFE sobre resultados de atención a usuarios

30 julio 2013 | ALDF

La diputada Dione Anguiano Flores solicitará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un informe pormenorizado sobre los resultados de la atención de usuarios de energía eléctrica que son presentados a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Con base en un punto de acuerdo que presentará mañana ante la diputación permanente, la legisladora del PRD consideró que es necesario conocer el avance y resultado de los convenios que la ALDF ha establecido con la CFE para revisar y valorar adecuadamente la atención a la gente.

En entrevista, la integrante de la Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el Distrito Federal de la ALDF consideró que es necesario saber el estado en que se encuentran las quejas que se están recibiendo a través de los diputados locales y que porcentaje corresponde a sobros excesivos o a mala calidad del servicio.

“Queremos saber cuál es el estado en que se encuentran las tres mil 500 quejas que se recibieron en la V legislatura y las mil 400 que se han recibido en lo que va de esta legislatura, es decir cuántas siguen vigentes, cuántas se han resuelto, a cuántas se les dio seguimiento y la situación que en general existe respecto a la mesa de atención que se instaló con diputados locales”, dijo la diputada local por Iztapalapa.

Recordó que desde el año pasado se firmaron acuerdos de colaboración entre el gobierno del Distrito Federal, la ALDF y la CFE con el propósito de dar atención y resolver gestiones relacionadas con el servicio y cobro de energía eléctrica, que se presentan a través del órgano legislativo local.

Anguiano Flores comentó que dado que uno de los compromisos de la CFE es informar sobre el avance del cumplimiento de atenciones, es que se pedirá el reporte detallado, lo anterior a fin de transparentar la información relacionada con el tema.

“Es importante conocer la dimensión del problema, pero sobre todo la atención que se está dando a los ciudadanos. Esa es una responsabilidad que tenemos los diputados y que vamos a ejercer vigilando que el convenio se cumpla.

Fuente: ALDF

Piden elevar a rango constitucional derecho a abasto de electricidad


El grupo de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta de reforma para elevar a rango constitucional el derecho humano de suministro de energía eléctrica.

Los diputados Ricardo Mejía y Gerardo Villanueva informaron en rueda de prensa que en la iniciativa, cuya presentación está prevista para este miércoles, se propone adicionar un párrafo al Artículo 4 de la Constitución mexicana y que se establezca una tarifa social justa.

Además se pide que se respete el derecho humano a una vivienda digna que, entre otras condiciones, implica tener una casa habitación con acceso a todos los servicios como agua, drenaje y luz.

"Es una reforma al Artículo 4 Constitucional para adicionar un último párrafo que establecerá, de prosperar, que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad".

Asimismo, señaló Mejía Berdeja, que el Estado promueva, respete, proteja y garantizce el suministro de energía eléctrica a través de una tarifa social justa.

El también vicecoordinador de la bancada de MC en San Lázaro expuso que esa iniciativa se fundamenta en tratados internacionales que establecen que para ser efectivos el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda tiene que haber electricidad.

"No puede haber ninguno de estos satisfactores si no hay electricidad y por eso diversos tratados de carácter internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención para Eliminar todo tipo de Discriminación contra las Mujeres y documentos de las Naciones Unidas hablan del fundamento para pelear que esto sea un derecho humano", explicó.

En tanto el diputado Gerardo Villanueva Albarrán abundó que esa propuesta surgió del trabajo con organizaciones sociales y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la exigencia de los consumidores de luz que se cobren tarifas justas.

Detalló que con la anexión de un párrafo 13 al Artículo 4 Constitucional se garantizaría también la cobertura al ciento por ciento del suministro de luz.

Villanueva expuso que la CFE debe tener claro dos cosas: que el cobro no pueda seguir siendo por estimación, porque es lesivo para la economía de la población, y que debe extender el servicio a toda la población de la República Mexicana.

Comentó que de acuerdo con datos de la propia paraestatal se tiene sólo una cobertura de 89 por ciento, lo que representa que de una población de 112 millones sólo reciben el servicio 99 millones y 13 millones carecen de acceso a luz eléctrica, lo que es un derecho fundamental.

Presenta Movimiento Ciudadano iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica

Palacio Legislativo 30-07-2013 (Notilegis).- Diputados de Movimiento Ciudadano presentarán ante la Comisión Permanente, mañana miércoles, una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución, para elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica.

“Se adiciona un último párrafo que establecerá que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica a través de una tarifa social justa”, señala la propuesta.

El vicecoordinador de esa bancada, Ricardo Mejía Berdeja, y el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, señalaron en rueda de prensa que es urgente terminar con el cobro excesivo por el servicio de tarifas eléctricas.

Con la propuesta de Movimiento Ciudadano, el gobierno deberá tener el 100 por ciento de la cobertura de energía eléctrica en el país, por ser un derecho humano, indicó Villanueva Albarrán.

Dijo que con una “tarifa social justa”, eliminando la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y aplicando el costo kilowatt/hora como lo genera la industria termoeléctrica e hidroeléctrica, se garantizaría un decremento en el recibo de luz hasta en un 80 por ciento.

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, sólo el 89 por ciento de la población cuenta con electricidad, es decir, de una población de 112 millones de habitantes, sólo reciben servicio 99 millones y quedan fuera 13 millones de personas.

El diputado federal dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene más de 200 mil quejas por las irregularidades en los recibos de luz, las cuales no han sido desahogadas.

El diputado Mejía Berdeja dijo que siguen a la espera de reunirse con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Francios Rojas Gutiérrez, para que aclare cómo se hace el cobro de tarifas eléctricas para los usuarios.

Fuente: La Crónica de Hoy | Notimex | Cámara de Diputados

SME Aviso Urgente: Afiliación al IMSS

martes, 30 de julio de 2013

Aumento salarial de 3.99% para trabajadores de Pemex

Acepta el sindicato elevar productividad.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de julio de 2013, p. 14
Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron ayer un incremento de 3.99 por ciento al salario y de 1.98 en prestaciones para los trabajadores de la paraestatal, y firmaron un pacto para elevar la productividad laboral.
A dos días de que venciera el emplazamiento a huelga, el director de paraestatal, Emilio Lozoya, y el dirigente del sindicato, Carlos Romero Deschamps, signaron el acuerdo contractual 2013-2015 que incluye el aumento y la revisión de diversas cláusulas.
El nuevo convenio contractual busca elevar la competitividad de la empresa, aprovechar su fuerza laboral y fortalecer la capacidad técnica del personal, así como el desempeño operativo, según informaron anoche Pemex y el sindicato.
En esta revisión se pusieron a discusión 67 cláusulas, 14 acuerdos y 11 anexos. De manera adicional la comisión mixta de contratación negoció cinco cláusulas más.
En la firma del acuerdo, que tuvo lugar en la sala de consejo de Pemex, estuvo presente, además del comité ejecutivo general del STPRM y los 36 secretarios generales y directivos de empresa, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien aseguró que el contrato colectivo de trabajo de Pemex por su naturaleza, garantiza la paz laboral.
Incluso afirmó que este acuer-do, incorpora las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas el 30 de noviembre de 2012, y que refieren al compromiso de las empresas de capacitar a sus empleados, inclusive los de nuevo ingreso.

SME inicia acciones por la reinserción laboral

SME fortalece plan de acción. 
Entregarán carta a primera dama sobre los estragos a la familia por el despido masivo de trabajadores.
Impulsa la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad.
29 julio 2012 
Martín Esparza Flores 
Conductor de Frecuencia Laboral y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fortaleció su plan de acción hasta lograr la reinserción laboral de sus miembros en resistencia. 
El programa incluye impulsar una iniciativa de ley para que la electricidad no sea una mercancía sino que sea un derecho humano constitucional, pues demostramos con un estudio técnico-científico que con las plantas hidroeléctricas y geotérmicas que hay en el país es suficiente para abastecer a los 36 millones de usuarios domésticos a un costo de 54 centavos por kilowatt-hora.

Las altas tarifas que está cobrando Comisión Federal de Electricidad no se justifican bajo ningún argumento y tampoco se explica por qué reportó una pérdida de 35 mil millones de pesos, en el primer semestre del año. La pregunta obligada es a dónde fueron a parar los recursos de sus cobros excesivos, que provocaron que haya más de un millón de demandas de usuarios interpuestas en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. 

Por lo pronto en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, el viernes 26 de julio del 2013, se tomaron acuerdos importantes para encontrar una alternativa de reinserción laboral de los electricistas en resistencia. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y el Director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes reconocieron como tema prioritario en la agenda de discusión el regreso al trabajo. El gobierno habla de crear empresas filiales.

En tanto que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el miércoles 24 de julio del 2013, se tomo un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a crear un organismo público descentralizado que atienda la zona centro con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

El principal argumento de los asambleístas es que a casi 4 años del ilegal decreto de extinsión de Luz y Fuerza del Centro, que emitió el ex presidente panista Felipe Calderón, que dejó en el desempleo a 44 mil 100 trabajadores afiliados al SME, ni bajaron las tarifas eléctricas, ni mejoró la calidad del servicio. Y, en cambio, lo que sí se ha observado es el desmantelamiento de la red de baja y mediana tensión que era de cobre y lo cambiaron por aluminio.

Por tanto se multiplicaron las fallas eléctricas en el centro del país y en la ciudad más grande del mundo que es el Distrito Federal. Y ponen énfasis en el tema de que los electricistas en resistencia habíamos ganado un amparo en el Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral para nuestra reinstalación en Comisión Federal de Electricidad, como patrón sustituto, el cual fue revocado por la Suprema Corte, en una acción política, que violó todo precepto legal y los derechos humanos laborales. 

En lo que respecta a la jubilación de los electricistas que ya cumplieron los requisitos para su retiro laboral, ya entregamos los listados y luego de revisarse por los responsables del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se convocará a los trabajadores para firmar su convenio de liquidación por compensación de antigüedad y su jubilación de por vida.

También avanzamos en la reapertura de la clínica 26 -que corresponde a los electricistas del SME- que fue cerrada, supuestamente por daños al edificio por un sismo. Sin embargo, el peritaje no arroja daños y por tanto la Secretaría de Gobernación intervino ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para reabrirla.

El miércoles 31 de julio del 2013 inicia la jornada nacional por la recuperación del empleo con un foro sobre las pensiones y jubilaciones, como un derecho humano adquirido, el jueves las esposas e hijos de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro harán una marcha para visitar a la primera dama, Angélica Rivera, con el propósito de entregarle una relatoría sobre la disolución de matrimonios, abandono de estudios, enfermedades y suicidios por el desempleo que generó la extinción de su fuente de empleo.

Programa: Frecuencia Laboral del sábado 27 julio 13

Pide averiguar cobros de CFE

El Correo Ilustrado-La Jornada
El 18 de septiembre del 2010 la Suprema Corte de Justicia quitó los amparos contra la CFE. Durante el mandato de Felipe Calderón se cerró Luz y Fuerza por los motivos que ellos consideraron. El problema es que los usuarios sufrimos de irregularidades y malos manejos y cobros excesivos; nos colocaron tarifas altas que jamás autorizamos y ahora que esa empresa pasa a ser CFE, estamos desprotegidos, puesto que está cobrando una cartera anterior y se basa en consumos erróneos y nuestros recibos llegan altos (deuda de 27 mil pesos). Acudimos a la Profeco. Queremos pagar, ¡pero lo justo! La CFE llega con su equipo de abogados, nosotros estamos solos.
Entendemos su trabajo, pero ¿quién nos ampara a los usuarios?

Nos quieren condicionar, no cumplen con los requerimientos de revisión de sus medidores y hasta son multados con 6 mil pesos por la Profeco por no acudir al domicilio a hacer inspección; no quieren que tengamos parte que dé fe de nuestro consumo real.

Dicen que no procede en sus fundamentos legales si no se cuenta con una carta que permita que haya un defensor, lo cual es ilógico; es alevosía y ventaja de ellos.

Todo este proceder con la Profeco no dio solución alguna al problema.

Tampoco hay abogados de oficio para estas demandas y hay que esperar el resultado de un juez.

La CFE impone la cantidad a pagar y el tiempo, y nosotros los usuarios no podemos demostrar nuestros consumos reales ni elegir el tiempo para pagar; todo lo imponen ellos, y la Profeco no ayuda.

Solicito a los gobiernos federal y del DF, a La Suprema Corte de Justicia y a los medios de comunicación que se averigüe a la CFE y se haga justicia debida. (Carta resumida.)

Daniela Martínez

Exige AMLO se auditen las pérdidas por 35 mil mdp que ha reportado la CFE
Empresas españolas que proveen 50% de electricidad ganan 20 mil mdd al año
También pidió que se investigue de dónde procede la riqueza de Alfredo Elías y de Francisco Rojas
Matilde Pérez U. | Periódico La Jornada | Martes 30 de julio de 2013, p. 15
Andrés Manuel López Obrador demandó que se audite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues es inaudito que en el primer trimestre del año reporte pérdidas por 35 mil millones de pesos, en tanto que las empresas españolas a las que se les compra 50 por ciento del consumo nacional de energía eléctrica tienen ganancias de 20 mil millones de dólares anuales.

El ex candidato presidencial también exigió investigar de dónde proviene la riqueza de Alfredo Elías Ayub, ex titular de la CFE, y de Francisco Rojas, su actual director, dado que –dijo en su mensaje semanal vía YouTube– han ocupado otros cargos públicos.

Asimismo, reiteró su petición de que se indague el contrato que durante su administración realizó Felipe Calderón Hinojosa con la empresa española Repsol, que costó al gobierno federal 25 mil millones de dólares. “Tengo pruebas de ello”, aseveró.

Contextualizó sus exigencias en el rechazo a la reforma energética. “La privatización es sinónimo de corrupción: allí están las pérdidas que reporta la CFE, en tanto las tarifas se han elevado sustancialmente”, dijo, y convocó a los consumidores a comparar los pagos que realizaron en el bimestre de marzo-abril con el de mayo y junio. “Vean sus recibos y encontrarán que los pagos aumentaron mucho”, dijo.

Agregó que la privatización de la generación de electricidad se inició con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien violó el artículo 27 constitucional para empezar a entregar contratos a compañías privadas, la mayoría de ellas españolas. “Actualmente, 50 por ciento de la energía que consumimos se compra a esas empresas extranjeras a precios muy elevados, las cuales han hecho su agosto a costa del consumidor, en tanto que los funcionarios públicos se han hecho millonarios”.

lunes, 29 de julio de 2013

Reforma energética debe atacar corrupción en Pemex: #MesaPolítica en MVS

Los integrantes de la mesa de análisis comentaron la antes de pensar en la inversión privada en Petróleos Mexicanos se debe tener un Estado fuerte.
Los analistas políticos Denise Dresser y Sergio Aguayo hablaron de las reformas energética y fiscal que están próximas a discutirse y aseguraron que uno de los temas clave en la reforma de energía es atacar la corrupción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante la mesa política en Noticias MVS, Dresser comentó que en una reunión donde estuvo presente con inversionistas privados se dijo que la única forma para que se muevan los mercados era la aprobación de la reforma energética, la cual se ha convertido en la reforma del sexenio para Enrique Peña Nieto.

“Hay un gran mito, que es el de que Pemex es de los mexicanos… pues el petróleo es del gobierno, de los gobernadores y autoridades que usan esos recursos para pagar elecciones”, dijo.

La académica del ITAM señaló que no está a favor de la privatización de Pemex y que la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) no explica con detalle que se busca y eso podría generar un debate tramposo.

“Noruega, Colombia, Cuba, Brasil han hecho cosas interesantes y México tiene la oportunidad de manejar correctamente los recursos que Pemex genera”, aseveró.

Denise Dresser se refirió a la reforma fiscal en relación al incremento al IVA en alimentos y medicinas, donde dijo que si dicha reforma no acaba con los privilegios sobre todo para grandes corporaciones, no va a funcionar.

En su oportunidad, Sergio Aguayo opinó que la discusión de las reformas es un debate apasionante pero en el caso de la energética se debe abordar la corrupción que hay en Pemex, pues en la medida que no se aborde no se podrá tener una buena parte de la solución.

El académico del Colegio de México cuestionó la entrada de la inversión privada en el sector energético, pues podría representar un saqueo de empresarios que se han beneficiado desde hace mucho tiempo.

“Lo que me sorprende es la exaltación por la inversión extranjera privada y creo… la contradicción es el combate a la corrupción y a partir de ahí sentar las bases para que la inversión privada beneficie a las mayorías y no a unos pocos”, dijo.

Ver Video:

FORO: EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ya viene: IVA al vicio de comer / Mayor carga = menor ingreso / Pobres: inventario actualizado

México SA-Carlos Fernández-Vega

Preparaos, mexicanos pagadores y silenciosos, que ya viene, ya está aquí, la nueva acometida en contra de su de por sí escuálido bolsillo. Ya los genios de la tecnocracia nacional encontraron el modo de disminuir, aún más, el ingreso de la mayoría, y la fórmula” no es otra que clavarle el impuesto al valor agregado (IVA) a medicinas y alimentos, renglón el último al que los felices habitantes más pobres de este país ahora destinan casi la mitad de lo que a duras penas llegan a obtener.

De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares –correspondiente a 2012– el 10 por ciento de la población más pobre obtiene un ingreso mensual promedio de 2 mil 332.33 pesos, de los que, hasta ahora, destina mil 82.20 pesos a la compra de alimentos (con el remanente, se supone, cubre sus necesidades de viviendas, transporte, salud, educación, cuidado personal y una larga lista de etcéteras, lo que sin duda motiva su felicidad, según la OCDE).

Pues bien, si los genios tecnócratas logran que el Congreso apruebe el cobro del IVA en medicinas y alimentos (y todo indica que los legisladores lo harán), esa misma población deberá destinar 173.15 pesos mensuales más al mismo fin, pero sin obtener a cambio más alimentos. Así, con 16 por ciento de gravamen (en el supuesto que esa sea la tasa a aplicar, porque ya se habla de 19 por ciento), el gasto anual por el concepto referido sumaría 2 mil 77.80 pesos, o lo que es lo mismo, el equivalente a casi un mes de ingreso, de tal suerte que para atender el capricho de la tecnocracia este segmento poblacional laboraría 12 meses al año, pero obtendría un ingreso equivalente a 11 meses, porque el doceavo se lo quedaría Hacienda.

Así, cualquier “aumento” salarial (que suele ser, si bien, de la proporción en que crezca la inflación oficial) queda totalmente cancelado, y la población sale debiendo. De hecho, con el inenarrable Felipe Calderón en Los Pinos, “el ingreso en los hogares mexicanos se redujo 12.75 por ciento durante el sexenio pasado y el de cada persona disminuyó 7.12 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el Inegi” (La Jornada, Miriam Posada). Entonces, como el ingreso de los jodidos es muy alto, es necesario darle otro pellizco y qué mejor que sea con el IVA a medicinas y alimentos.

De vieja data es la intención gubernamental (aquí léase la dupla PRI-PAN) de pasar a cuchillo fiscal a todo aquel que mantenga el anti modernista vicio de comer y/o de enfermarse, pero hasta ahora sus esfuerzos resultaron vanos, sin demeritar sus logros en la materia (por ejemplo, la tasa de IVA se incrementó “temporalmente” de 10 a 15 por ciento en 1995 –quién no recuerda la Roque señal– y la “temporalidad” sólo concluyó con Felipe Calderón cuando, en 2008, los legisladores aumentaron dicha tasa de 15 a 16 por ciento, también, claro está, de forma “temporal”).

Y en cada aumento y/o creación de impuestos, el “compromiso” gubernamental es el mismo: lo que se capte se destinará “a impulsar la economía, a generar empleo, a superar la pobreza, a mejorar el nivel de bienestar de los mexicanos y a defender a los que menos tienen”. Pasan los años, aumenta la carga tributaria a los de siempre, y la economía se mantiene en el suelo, los empleos inexistentes, la pobreza al alza, el nivel de bienestar en declive permanente y los que menos tienen son los que más pagan por los platos rotos. Entonces, con el IVA en medicinas y alimentos –impuesto totalmente regresivo–, ¿quieres que te lo cuente otra vez?

Qué más da, pues, que los adictos a la comida paguen impuestos por mantener su vicio. Entre el gobierno y los partidos políticos (los cuales, por cierto, están exentos de no pocos impuestos) decidieron que la mejor forma de reducir la pobreza es exprimir aún más a los pobres. No muy lejos de la práctica de Antonio López de Santa Anna (su “Alteza Serenísima decidió cobrar impuestos por ventanas y puertas, así como por la tenencia de perros), el partido en el gobierno (el PRI, que debería modernizarse y cambiar sus siglas por PNI, es decir, Partido Neoliberal Institucionalizado) ha decidido que comer es un lujo, y enfermarse también. No pasará mucho tiempo para que se apruebe un gravamen por respirar, por mucho que el aire esté más contaminado que la clase política nacional.

A estas alturas, y de manera oficial, alrededor de 28 millones de mexicanos (el dato es de 2010) no cuentan con suficiente ingreso como para comer tres veces al día y de forma nutritiva. Uno de cada cuatro no tiene con qué, y tendrá menos cuando deba pagar un impuesto adicional. Es previsible, pues, que ese terrorífico inventario se incremente sustancialmente con la decisión gubernamental de aplicar IVA a medicinas y alimentos. Tampoco hay que olvidar que 65 por ciento de la población ocupada obtiene, si bien va, ingresos inferiores a tres salarios mínimos y que, por obvias razones, verán mermado su de por sí escasísimo ingreso.

Al mismo tiempo, dos de cada tres mexicanos no tienen acceso a las instituciones públicas de salud (IMSS, Issste, Secretaría de Salud, etcétera), es decir, no tienen derecho a recibir medicinas gratuitas. En 2012 las ventas totales de medicamentos de uso humano ascendieron a poco más de 143 mil millones de pesos (informe de la Canifarma). Con base en ese monto, el erario captaría alrededor de 23 mil millones de pesos con la aplicación del IVA (con una tasa de 16 por ciento), 40 por ciento de los cuales provendría del sector salud (el mayor comprador de medicinas en el país).

El citado monto anterior ¿es muy elevado o muy bajo? Saquen conclusiones con el dato siguiente: durante su estancia en Los Pinos, Felipe Calderón gastó alrededor de 30 mil millones de pesos en propaganda, y fue uno de los que insistió en aquello de IVA a medicinas y alimentos, pero gastó una carretada de dinero público en su fallida promoción. Lo mismo en el caso de los alimentos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 2012 el erario dejó de captar cerca de 146 mil millones de pesos por no gravar estos productos con IVA, pero como el gobierno no quiere pleito con las trasnacionales de la chatarra (por ejemplo, Bimbo-Marinela-Barcel, Pepsico-Sabritas, Femsa-Coca-Cola), las mantiene como “productoras de alimentos”, es decir, sin IVA.

En fin, no cabe duda que los mexicanos están a punto de ser aún más felices.

Las rebanadas del pastel

Y para documentar nuestro optimismo (Monsiváis dixit), el Coneval actualizará hoy el inventario de pobres en el país, con base en la ENIGH 2012, la cual, de entrada, documenta la fuerte caída del ingreso de los mexicanos.

Fuente: La Jornada

Surge ley mordaza por reforma a telecomunicaciones

28 julio 2013 
Martin Esparza* 
Contralínea

Desde que en el sexenio de José López Portillo el entonces líder parlamentario Luis M Farías hiciera célebre la frase de que los priístas le estaban buscando la cuadratura al círculo, con referencia a legislar sobre el derecho a la información, las subsecuentes administraciones federales, sin dejar de mencionar a las panistas, ponderaron el fortalecimiento del actual monopolio que controla a los medios de comunicación, reduciendo a meros formulismos de su retórica en turno un asunto tan delicado y trascedente para el avance democrático como es el verdadero derecho a la información, que aún sigue esperando la sociedad mexicana. En términos claros y llanos, luego de 30 años, los políticos todavía siguen buscándole la cuadratura al círculo.

Ahora, en la presente administración, la reforma a las telecomunicaciones anunciada como la moderna panacea que permitirá “fortalecer el derecho fundamental a la información y expresión”, de acuerdo con lo oficialmente planteado, se convierte en una más de las trampas y argucias legales tendidas en contra de la libertad de expresión.

Tampoco se vislumbra que en los hechos la iniciativa vaya a minar, o al menos fragmentar, el poder de los monopolios ya existentes; y sí, por el contrario, busca abrir más espacios, pero no para que tengan cabida medios alternativos sino el capital internacional; de tal suerte que también quedarán anuladas las promesas hechas a la población de bajar el costo de los servicios.

Con los pies en la tierra, y por la gravedad que encierra el asunto, especialistas en la materia, analistas y comunicadores, alertan de la encubierta trampa del proyecto de ley al contener una modificación al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece sancionar los ataques a la “vida privada” de los funcionarios públicos.

Lo que acertadamente se califica como una pretendida ley mordaza, prácticamente estaría dotando de un blindaje jurídico a los hombres del poder, en cualesquiera de las tres instancias públicas, para no ser molestados ni por ciudadanos curiosos ni por comunicadores incómodos que traten de explicar a la gente el origen de muchas de las excentricidades, exorbitantes gastos y fortunas de los políticos en turno y sus familias.

Es decir que los Granier, los Reynoso Femat, las Rosario Robles y otra infinidad de casos tendrían que quedarse en el terreno de los conocimientos privados pues, por ejemplo, si alguien osara revelar que tal o cual político compró a su hijo, esposa, amante o familiar cercano un automóvil Jaguar, un Ferrari o un Lamborghini, o que su parentela usa los aviones oficiales para pasearse por México y el mundo, se expondría a ser acusado de atacar, de invadir “la vida privada” de tan finísimas personas, intocables en el terreno de la opinión pública por el sólo hecho de pertenecer al selecto grupo de servidores públicos que viven y –por regla general– se enriquecen con nuestros impuestos.

Valga decir que la torcida pretensión no es nueva; ya hace 2 años, en septiembre de 2011, la pasada legislatura de los priístas en San Lázaro buscó penalizar con cárcel a quien, en pleno ejercicio de su libertad de expresión –fuera ciudadano o periodista–, se atreviera a difamar o injuriar a “partidos políticos y candidatos”; es decir que sólo por expresar su verdad o emitir su punto de vista, si esto no resultaba del agrado de la institución política o el candidato en referencia, el autor podría ser sancionado y hasta detenido.

Antes de 2007, el Código Penal Federal establecía en su artículo 350 con respecto de los asuntos de difamación o daño moral:

“La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desdén de alguien”. Quiere decir que aun cuando se dijera la verdad, si alguien se sentía agraviado, podía alegar daño moral.

Tal ordenamiento, que era una auténtica guillotina usada en incontables ocasiones contra los comunicadores que por decir la verdad incomodaron a los hombres del poder, fue derogado en marzo de 2007 por unanimidad de los senadores, con lo cual quedaron los periodistas (en general, los comunicadores) exentos de ser procesados penalmente por difundir sus informaciones u opiniones.

Sin embargo, 4 años después, la modificación al Código Penal que proponía el Partido Revolucionario Institucional intentaba retornar la persecución a los medios al establecer:

“Artículo 412 Bis. Se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de 1 a 6 años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones; si el responsable fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de 2 a 9 años”.

La autoritaria pretensión no avanzó pues quedó atorada en el seno de la Comisión de Justicia, pero ahora el caso es de dimensiones mayores, pues la modificación planteada en la iniciativa del actual gobierno propone un cambio a la Constitución misma y no al articulado de una ley secundaria.

Tampoco puede pasarse por alto que una vez más, y sin el consenso de los directamente afectados –los periodistas y la sociedad en su conjunto–, se quieran imponer cambios constitucionales que por su trascendencia debieran ser analizados a fondo, como ha acontecido con la reforma laboral y ahora con la reforma energética, entre otras irresponsables decisiones púbicas y legislativas.

Resultará imposible que en nuestro país hablemos de avances democráticos mientras el gobierno busque conculcar un derecho que es pilar de toda sociedad civilizada, como lo es la libertad de expresión. Es lamentable que lejos de proteger a los comunicadores, el ejercicio del periodismo en México siga siendo una de las profesiones de más alto riesgo dentro de los estándares internacionales; más de 80 comunicadores han sido asesinados de 2000 a la fecha, y un número mayor se encuentran en calidad de desaparecidos.

Si nuestro país se dice una nación democrática y respetuosa de los derechos humanos no puede aceptar que sus autoridades consientan el que los comunicadores queden virtualmente atrapados entre dos fuegos: uno, el riesgo que les impone el tratar asuntos relacionados con el crimen organizado; y dos: el riesgo que ahora implicaría a su labor el difundir asuntos de corrupción de los políticos de piel muy sensible pero uñas muy largas, que estarían protegidos por la modificación al Artículo 6 constitucional.

Estamos convencidos de que si las organizaciones sociales, sindicatos independientes, comunicadores y todos los sectores de la sociedad civil conscientes de las graves consecuencias que puede traer para el pleno ejercicio de nuestros derechos se unen, una alteración a la Constitución de tales dimensiones se podrá revertir. Por el bien del país, todos sin excepción, debemos echar abajo este atentado a la libertad de expresión.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas